Buenos Aires: Proponen un impuesto a bancos y agentes financieros en la Ciudad para financiar el sistema de salud y el educativo
El impuesto sería del uno por ciento de lo que hayan pagado de Ingresos Brutos, extraordinario y por única vez, para empresas o personas que hayan pagado más de 30 millones de pesos de impuestos el año pasado.
El impuesto sería del uno por ciento de lo que hayan pagado de Ingresos Brutos, extraordinario y por única vez, para empresas o personas que hayan pagado más de 30 millones de pesos de impuestos el año pasado.
Una de las grandes preguntas en torno a la pandemia es quién financiará el parate económico y social que implica el aislamiento que se implementó en diversas partes del mundo. En la Ciudad de Buenos Aires, esa discusión también se está dando y ya hay una versión del Impuesto Patria para la Legislatura. Desde el bloque del Frente de Todos presentaron un proyecto que propone cobrar un impuesto extraordinario y por única vez a los bancos y operadores financieros de la Ciudad. El dinero serviría para financiar al sistema de salud y al educativo. Desde el mismo bloque también presentaron iniciativas para universalizar las viandas en las escuelas y para que haya una mayor entrega de dispositivos tecnológicos que garanticen la educación a distancia hasta que vuelvan las clases.
Los legisladores del FdT Santiago Roberto, Matías Barroetaveña y Manuel Socías presentaron un proyecto que seguramente generará resistencia del oficialismo porteño y un lobby en contra del sistema financiero. Proponen cobrar un impuesto por única vez del uno por ciento de lo que hayan pagado en 2019 de Ingresos Brutos las empresas o personas que hayan superado los 30 millones de pesos de pago de impuestos el año pasado. El proyecto circunscribe los que tendrán que aportar esa suma a un sector específico de la economía: los bancos y los operadores financieros, a los que suma a las empresas de juegos de azar, las ART y las AFJP. Además, incluiría a «aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de Internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital que permita brindar servicios vinculados con la gestión, administración y transmisión de pagos efectuados por vía electrónica». Es decir: Mercado Libre, Amazon y otras similares.
En los argumentos del proyecto, indican que «durante 2019 el conjunto de los bancos ganó más de 420.000 millones de pesos, mucho más que los 253.789 millones de 2018. Buena parte, por operaciones de tipo especulativo (Leliq y otras), en las que le prestaban al banco central al 80 por ciento dinero que tomaban de los ahorristas al 30 por ciento. Otros sectores económicos altamente concentrados experimentaron en los últimos años rentas extraordinariamente elevadas. Por ejemplo, la AGIP informó que el año pasado el e-commerce generó en la Argentina unos 6.800 millones de pesos».
«Como contrapartida, sectores esenciales para la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, como salud en este caso puntual de emergencia sanitaria, tuvieron los presupuestos más bajos de los últimos 13 años», argumentaron los legisladores. Uno de los autores, Santiago Roberto, indicó que «el 50 por ciento de lo recaudado por este impuesto será destinado al equipamiento del sistema de salud, mientras la otra mitad irá al abastecimiento de los comedores escolares y merenderos de los barrios más humildes y para la asistencia de las pequeñas empresas y comercios perjudicados por la caída de la actividad económica».
Además, Roberto destacó que el proyecto establece que la Auditoría General de la Ciudad controlará que se cobre el impuesto y que el dinero se destine a los fines previstos en el proyecto de ley. Por usar un eufemismo, la iniciativa no tuvo la recepción más entusiasta en la bancada del PRO en la Legislatura, pero desde el bloque del FdT están empujando para dar el debate.
Educación en discusión
Junto con este proyecto, los legisladores opositores vienen planteando propuestas en torno al sistema educativo en la pandemia. La legisladora Lorena Pokoik, por ejemplo, planteó que se debería universalizar «el derecho a la alimentación de todas y todos los estudiantes». Pokoik remarcó que las clases están suspendidas por tiempo indefinido por la pandemia y que la entrega de comida deberá continuar, por lo que -en base a una recorrida por las comunas 4, 5, 9 y 10- planteó que «la canasta alimentaria escolar tiene que llegar a todas y todos los estudiantes. La comida debe ser un derecho universal que el Gobierno de la Ciudad tiene garantizar como parte del derecho social a la educación”. Además, advirtió sobre la situación de los que deben distribuir los alimentos: «Todo elemento sanitario de limpieza de protección de las y los trabajadores voluntarios de los operativos es inexistente. No llegan barbijos, no llega jabón, ni lavandina, ni alcohol en gel, no llega ningún elemento que tenga que ver con la seguridad y la higiene”.
En tanto, el legislador Juan Manuel Valdés contempló otra situación que es la imposibilidad para muchas familias de acceder a la educación a distancia, ya sea por la falta de una computadora como de conexión a Internet. Por eso, presentó otro proyecto de ley en el que plantea que debería ser el Gobierno porteño el que avance en la entrega de dispositivos tecnológicos a aquellos que no lo hayan recibido por el Plan Sarmiento. También planteó que se debería avanzar en acuerdos con las empresas de telefonía movil para liberar datos para que se puedan recibir los contenidos educativos.
La legisladora María Bielli había planteado un proyecto específico para las villas, en donde -según pudo relevar este diario a partir de testimonios de docentes y madres – no está siendo posible continuar con la educación durante el período del aislamiento social obligatorio.
