Buscan que la relocalización no vulnere los derechos de 2.500 familias que viven a orillas del Riachuelo
Sólo 400 de las 2.527 familias que viven a orillas del Riachuelo fueron relocalizadas por el gobierno porteño en el marco de la causa Mendoza y en ese proceso hay un permanente riesgo de que los vecinos vean vulnerados su derechos, en cuyo resguardo firmaron un convenio las Defensorías Públicas de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires.
En total, a lo largo de toda la cuenca Matanza-Riachuelo, son 17.771 las familias que deben ser relocalizadas según el fallo de Corte Suprema de Justicia en la causa Mendoza, de las cuales 2.527 viven en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el resto en 14 municipios del Conurbano bonaerense.
«Las familias saben que tienen que ser relocalizadas porque las condiciones de vida en esos terrenos no son adecuadas; pero eso no quita que puedan defenderse de la vulneración de derechos», dijo la defensora general de la Nación, Estela Maris Martínez.
Según explicó Martínez, «todo esto se rige por estándares de las Naciones Unidas que claramente hablan del derecho a la vivienda y explican cómo tienen que ser las relocalizaciones. Si bien los vecinos deben aceptar esa decisión de la Corte, el lugar donde vayan no puede ser peor del que dejan».
«Entre los escollos que se van a resolver con este convenio están las cuestiones de competencia que planteaban respecto de la actuación de Defensoría Pública de la ciudad de Buenos Aires los juzgados federales, que son los que ejecutan la relocalización» en ese ámbito, señaló Martínez tras la firma del convenio que suscribió junto a Horacio Corti, el defensor público porteño.
Corti destacó el trabajo que vienen realizando los equipos de abogados para reubicar a los grupos que residen a la vera del Riachuelo y señaló que esa Defensoría tiene como objetivo «escuchar a los vecinos, asistirlos y canalizar sus reclamos».
«La verdad que el gobierno de la Ciudad muy poco ha hecho en este camino y es muy dificultoso avanzar. Junto a los vecinos, nosotros estamos en una lucha cotidiana para que la gente que se mude lo haga a un lugar que tenga mejores condiciones, lo que no está sucediendo», añadió Corti antes de ingresar al auditorio de la Defensoría General de la Nación -Callao 970- en el barrio porteño de Recoleta.
Para Corti, «este convenio facilitará la tarea judicial que se pone en marcha en el marco de la relocalización de cientos de familias que viven al borde del Riachuelo».
«Hay familias que van a ser relocalizadas y nadie les dice cuándo, dónde y cómo. Cuando la gente recibe información -añadió el defensor público-, la principal condición que ponen es poder ser escuchadas, poder participar de algunas decisiones en mesas de trabajo y que sus situaciones sean tenidas en cuenta por el juez».
Teresa Guerín, de 57 años, que reside con su familia en e asentamiento Pedro de Mendoza -o Lamadrid- desde que llegó de Paraguay, hace 20, dijo a Télam que «en una primera etapa son 180 familias las que que van a ser relocalizadas» de su barrio.
«Yo creo que nos tienen que ofrecer una verdadera solución pero en el mismo barrio porque tenemos una vida hecha aquí, que no vamos a dejar. Mi nieta va al colegio aquí, tenemos una serie de cosas que es difícil dejar cuando uno tiene casi 60», sostuvo la mujer.
Lo mismo afirmó Margarita Britos, de 36 año y del mismo barrio. «Nosotros nos queremos quedar en La Boca porque nuestros hijos estudian ahí y trabajamos cerca. Si no hay vivienda social en el barrio, de ahí no nos vamos a ir», recalcó.
Britos dijo que los préstamos del Instituto de Vivienda porteño (IVC) no los puede tomar casi nadie por los requisitos que piden y aseguró que un hombre que dijo ser de ese organismo les ofreció «plata y trabajo en Paraguay» si se volvían a ese país, «lo que por suerte nadie aceptó».
Las defensoría pública de la Ciudad de Buenos Aires actúa a través de sus abogados en el asesoramiento de los vecinos, que incluso pueden ser representados por el organismo ante instancias judiciales o ante otras instituciones, a partir de este convenio con la intervención de la Defensoría General de la Nación.
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo histórico en la causa «Mendoza» condenando al Estado recomponer el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo.
La sentencia involucra a tres jurisdicciones estatales: la Nación, la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires a través de los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo y Morón, y Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Las Heras y Marcos Paz.
