Casilda: Polémica por la revisión de nombramientos de municipales
Reparos. En una asamblea en el corralón municipal los trabajadores expresaron su preocupación por lo dispuesto por Sarasola.
La decisión del intendente de suspender lo dispuesto por la gestión anterior respecto a los empleados puso en alerta al gremio. Reclaman que los contratos se mantengan hasta que sean revisados.
La decisión de la Intendencia casildense de revisar y suspender los nombramientos de personal dispuestos por la gestión anterior tras las elecciones del 14 de junio donde resultó ganador el gobierno actual del Frente Progresista generó controversia y puso en alerta al gremio municipal.
Si bien el sindicato no se opone a que la nueva administración revise las cuestionadas recategorizaciones, pases a planta permanente, contratos laborales y otorgamiento de suplementos y adicionales a empleados municipales, reclama que se mantengan en pie hasta tanto sea evaluado cada caso a fin de determinarse si se encuadran o no dentro de la legalidad y actuar en consecuencia.
Así se lo planteó al Ejecutivo a instancias de una nota tras tomar conocimiento de la medida, según reveló a LaCapital el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda y Comunas Adheridas, Walter Britos.
«Compartimos la idea de hacer una revisión pero exigimos mientras tanto que el Ejecutivo se abstenga de suspender lo actuado para no afectar derechos de los trabajadores», dijo el dirigente gremial tras admitir que lo resuelto por el ex intendente Juan Carlos Bacalini fue consensuado con el gremio y, en la mayoría de los casos, homologado por el Ministerio de Trabajo de la provincia.
Para Britos lo avalado por el organismo laboral «no admite revisión alguna a diferencia de los últimos nombramientos a los que, de todos maneras, tampoco nos opusimos». No obstante aclaró que el gremio acepta la supervisión general de tal situación aunque resaltó que «insistirá para que, mientras dure el proceso de evaluación, no se suspenda nada».
Junta independiente. Y en esa línea adelantó que «vamos a agotar todas las instancias legales y estamos evaluando nombrar una junta examinadora independiente para inspeccionar la revisión y de advertirse que se vulneran derechos resolver los pasos a seguir».
El tema ya se planteó en una asamblea desarrollada en el corralón municipal donde los trabajadores expresaron su preocupación y reparos a lo dispuesto por el intendente Juan José Sarasola a instancias de un decreto.
El gremio además salió al cruce de la ordenanza por la que se aprobó la emergencia económica y financiera del municipio al no contemplar, por decisión de los ediles oficialistas, un artículo impulsado por la oposición, en consonancia con el sindicato, para que la medida no afecte derechos laborales adquiridos. «Evidentemente —dijo Britos— detrás de esta medida se esconde un ajuste pero no lo digan abiertamente, razón por la cual estaremos atentos para que los trabajadores no terminen pagando el déficit que el gobierno entrante dice haber heredado».
La decisión del intendente se basa en un pedido que le formuló al iniciarse la transición al por entonces intendente Bacalini de que «se abstenga de hacer nuevos contratos, recategorizaciones, u otros cambios que comprometieran el futuro financiero del municipio, lo que fue desoído por la gestión anterior», según se destacó.
Derecho a defensa. El anuncio de lo resuelto fue realizado por la subsecretaria Legal y Técnica municipal, Patricia Ferraretto, quien aclaró que los trabajados que comprende la medida, unos 80, «tendrán el derecho a defensa».
«Este es el primer paso en el proceso de franca depuración del manejo de la planta municipal», dijo la profesional e indicó que «mientras dure el proceso de revisión por el cual se pretende despejar situaciones que puedan tener algún viso de ilegalidad se suspenden los alcances de las medidas tomadas por la gestión anterior».
Referentes de la oposición no tardaron en cuestionar lo dispuesto. Tal el caso del edil justicialista, Andrés Golosetti, al sostener que «si bien la gestión actual tiene todo el derecho a revisar cualquier relación laboral, lo que no se entiende es que antes de hacerlo suspenda derechos que muchos trabajadores adquirieron, lo que significa que lo consideran culpables antes que se demuestre lo contrario».
«Hay mucha gente —añadió— que trabajó de forma precaria por largo tiempo para hallar determinados niveles de seguridad que se le esfumaron entre las manos con este decreto, sin contar la insensibilidad inexplicable de haberlos notificado de la medida el día previo a la Navidad».
Golosetti además recordó que junto a sus pares Pedro Sanita (Frente Renovador) y Antonia Pierucci (Frente para la Victoria) acompañaron la emergencia económica porque «entendimos que servía para conseguir recursos extraordinarios a fin de afrontar un problema financiero del municipio, pero cuando quisimos incorporar un artículo en el que se fijaba que la emergencia no iba a afectar los derechos laborales no fuimos acompañados por el oficialismo y allí empezamos a sospechar lo que ahora se confirma con este decreto».
Paro en Pujato. Por otra parte los trabajadores comunales de Pujato iniciaron un paro de actividades por tiempo indeterminado con asistencia a los lugares de trabajo para exigir al nuevo mandatario, Daniel Quacquarini, «la reincorporación de cuatro contratados cesanteados e impedir más despidos» de trabajadores que están en igual situación. Así lo dijo Britos, quien además confirmó para hoy una movilización con el acompañamiento de distintas regionales del gremio municipal.
