Cataluña inicia la salida de España con una ley que desacata su jurisdicción
Separatismo catalán. La norma desconoce por anticipado al Tribunal Constitucional, al que ya anunció que recurrirá el gobierno español de Mariano Rajoy.
España afronta el mayor desafío institucional de las últimas décadas: el Parlamento de Cataluña dio luz verde al inicio del proceso de secesión, que el gobierno español de Mariano Rajoy tratará de frenar con «todos los medios» del Estado de Derecho. El texto aprobado aboga por desobedecer a las instituciones españolas, incluido el Tribunal Constitucional, e insta al Ejecutivo catalán a cumplir solo las leyes del Parlamento catalán. El gobierno español inició de inmediato los preparativos para acudir ante el Tribunal Constitucional. La radical medida es impulsada por el gobierno de coalición del presidente catalán Artur Mas. Este, a su vez, exhibió ayer una debilidad inocultable: no puede ser reelegido por ese mismo Parlamento, a más de cinco semanas de las elecciones anticipadas del 27 de septiembre que él mismo convocó. En esa cita electoral, Mas y su coalición nacionalista buscaron en vano un resultado plebiscitario en favor del proyecto independentista que además les diera la mayoría absoluta propia, que no alcanzaron.
La suma de los diputados de los partidos secesionistas —la coalición de Mas, Junts pel Sí, y la formación radical anticapitalista CUP—, permitió aprobar la resolución independentista, pese a la oposición del resto de las fuerzas políticas. Fueron así 72 votos a favor (62 del oficialismo y 10 de la CUP) y 63 en contra. «Este país hace tiempo que dice, alto y claro, que ha llegado la hora de ir por todo», proclamó entusiasmado el diputado de Junts pel Sí Raúl Romeva, número uno de la coalición de Artur Mas.
El documento, pactado de antemano por los grupos políticos secesionistas, propone abrir un proceso constituyente que siente las bases de un «Estado catalán independiente en forma de república». Pero esa decisión desconoce abiertamente el ordenamiento vigente, que no permite que una región declare su independencia de España. La norma aprobada aboga por desobedecer a las instituciones españolas, incluido al Tribunal Constitucional, e insta al Ejecutivo catalán, la «Generalitat», a cumplir solo las leyes emanadas del Parlamento regional.
Sociedad dividida. La pareja votación refleja asimismo la división que vive la sociedad catalana, entre partidarios y adversarios de la independencia. Junts pel Sí y la CUP justificaron la propuesta en «una demanda social mayoritaria», legitimada según ellos, por las elecciones del 27 de septiembre, mientras que los demás partidos niegan ese argumento y recuerdan que en esos comicios «perdieron el plebiscito» al que convocaba el gobierno de Artur Mas: la coalición oficialista no logró la mayoría absoluta de votos. Y para lograr la mayoría de escaños debe recurrir a la minoritaria CUP.
El debate parlamentario y la votación de la resolución secesionista estuvo exenta de la tensión dialéctica que cabía imaginar. El PP y el nuevo partido centrista Ciudadanos acudieron sin éxito al Tribunal Constitucional para reclamar la suspensión de la sesión. A su vez, las fuerzas independentistas forzaron el reglamento de la Cámara para votar la resolución sin demora.
«El gobierno no va a permitir que esto continúe», advirtió en una primera reacción el jefe del Ejecutivo español Mariano Rajoy, quien ofreció una declaración institucional poco después de la aprobación de la resolución. «Estamos decididos a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defenderla», añadió. El primer paso del gobierno español será impugnar la resolución secesionista ante el Tribunal Constitucional y solicitar la suspensión de la iniciativa y de sus posibles efectos: hoy se reúne el Consejo de Ministros (el gabinete, que tiene status institucional en España), de manera extraordinaria, para dar el visto bueno al recurso y mañana éste será interpuesto ante el alto tribunal. Si se admite a trámite, el acuerdo aprobado hoy se suspenderá de forma cautelar.
Choque anunciado. Sin embargo, el texto de la resolución independentista asegura que el Parlamento catalán y el proceso secesionista «no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional», órgano que considera «deslegitimado».
Ante este escenario, Rajoy no descartó recurrir al artículo 155 de la Constitución española, que contempla la suspensión de la autonomía a una región que no cumpla la ley vigente, aunque insistió en que espera no llegar a eso. «Este (el recurso ante el Constitucional) es el primer paso. Me gustaría que fuera el último pero no depende de quienes defendemos la convivencia sino del empeño inútil de quienes la están atacando», puntualizó. Rajoy también anunció que hoys abordará la situación con el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, quien calificó la resolución independentista como el «mayor desafío al orden constitucional de España».
Artur Mas enfrenta su tercera y más difícil investidura, ya que necesita el apoyo de la CUP, que ayer volvió a rechazarlo. Mas advirtió a la CUP que sin su investidura el proceso secesionista quedará «encallado». La sesión de investidura continuará hoy en el Parlamento catalán.
Una sesión fría
El debate estuvo exento de la tensión esperable. No hubo ni una interrupción. En el exterior había una pantalla gigante ante la previsible asistencia de miles de personas, pero apenas acudieron unas decenas. En el hemiciclo reinó la frialdad, con aplausos tibios de algunos integrantes del gobierno catalán tras la aprobación de la resolución.
