Cataluña: el separatismo prepara el camino para declarar la independencia
La coalición independentista que gobierna en Cataluña se comprometió a declarar "inmediatamente" la independencia de España en caso de que el "sí" gane el referéndum que convoca para el 1º de octubre.
05/07/2017 EL MUNDOLa coalición independentista que gobierna en Cataluña se comprometió a declarar «inmediatamente» la independencia de España en caso de que el «sí» gane el referéndum que convoca para el 1º de octubre.
La coalición independentista que gobierna en Cataluña se comprometió a declarar «inmediatamente» la independencia de España en caso de que el «sí» gane el referéndum que convoca para el 1º de octubre. Ayer, los secesionistas afirmaron que han aprobado una ley que se halla por encima de la Constitución española. El gobierno español respondió que «el Estado no tardará ni 24 horas en anular» esa consulta, que se halla por fuera de la Constitución vigente e intimó por escrito a las autoridades locales para que no colaboren con una consulta que consideran ilegal.
La declaración de independencia sería efectuada por el parlamento regional de Cataluña en los dos días siguientes a la publicación de los resultados que determinen la victoria del sí, según establece la proposición de ley del referéndum presentada conjuntamente por los partidos independentistas. «El día 1º de octubre habrá un voto decisivo, respetaremos el voto de todos los ciudadanos de Cataluña», insistió el presidente catalán, Carles Puigdemont, en un acto para explicar la organización del referéndum y la ley que lo habilita. Según la norma, que previsiblemete se aprobará a finales de agosto, Cataluña es un sujeto político con derecho a decidir. El texto de ley ayer adelantado por los nacionalistas «establece un régimen jurídico excepcional», por el que «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto». La norma «que pueda entrar en conflicto» es la Constitución de España. En otras palabras, los independentistas han adelantado que ignorarán la Constitución, que consagra la unidad nacional de España, y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que han suspendido todos los pasos hacia el referéndum.
«Al Estado le bastan 24 horas para recurrir» la ley del referéndum «y obtener su paralización», destacó la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. Desde la oposición en Cataluña, tildaron la presentación de la ley de «huida hacia adelante», «charla» y «performance». «Es un golpe de Estado con forma y apariencias democráticas», afirmó Xavier García Albiol, líder del Partido Popular.
La ley por votar confirma la fecha y la pregunta previamente anunciadas por Puigdemont, «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?», y establece como censo electoral los residentes en Cataluña mayores de 18 años con derecho a voto y los catalanes en el extranjero. La votación, aseguran, será supervisada por observadores internacionales y una sindicatura electoral que todavía debe ser creada una vez se apruebe la ley.
En 2014, el ex presidente catalán Artur Mas intentó un referéndum no vinculante pero tuvo que conformarse con una consulta simbólica que además le conllevó una condena por desobediencia.Un año después, se convocaron elecciones regionales y los independentistas obtuvieron un 47,8 por ciento de los votos y una mayoría absoluta parlamentaria con la que se sintieron legitimados para avanzar hacia la secesión. Inicialmente el plan contemplaba declarar la independencia en 18 meses, pero finalmente Puigdemont optó por promover el referéndum.
La sociedad catalana se muestra dividida en torno a la secesión: un 48,5 por ciento de los catalanes están en contra y un 44,3 por ciento a favor, según el último sondeo gubernamental. Pero una amplia mayoría de los catalanes, más del 70 por ciento, quiere resolver la cuestión mediante un referéndum. Ayer, el gobierno español advirtió por carta a los ayuntamientos catalanes que no pueden asistir a la realización del referéndum bajo apercibimientos de ley.
Ayer los secesionistas anticiparon una ley