Chile, ante un plan de Constitución conservador para borrar la huella de la dictadura
La derecha en Chile tienen listo un proyecto de Constitución para reemplazar a la impuesta por la dictadura. El nuevo marco endurece el trato hacia la migración irregular, limita el derecho de huelga y podría poner cortapisas a la restringida ley de aborto.
La derecha en Chile tienen listo un proyecto de Constitución para reemplazar a la impuesta por la dictadura. El nuevo marco endurece el trato hacia la migración irregular, limita el derecho de huelga y podría poner cortapisas a la restringida ley de aborto.
La iniciativa, que será sometida a plebiscito el 17 de diciembre, fue elaborada por un órgano constituyente dominado por los ultraconservadores del Partido Republicano, que ganaron terreno con un discurso de mano dura contra la creciente inseguridad, que asocian a la migración.
Se trata del segundo intento para sustituir la Constitución heredada de Augusto Pinochet (1973-1990), que todavía sigue dividiendo a los chilenos pese a que varias reformas eliminaron sus aspectos más autoritarios.
Una primera propuesta fue apoyada por el gobierno de izquierda de Gabriel Boric y sus aliados, tras un violento estallido en las calles en 2019 que exigió profundas reformas para acortar la brecha social.
Sin embargo, el proyecto se hundió en las urnas en septiembre de 2022, tras lo cual hubo una nueva elección de constituyentes en la que se impusieron el Partido Republicano y otros sectores de derecha.
Según la encuestadora Cadem, en el plebiscito de diciembre el 54% prevé votar en contra del nuevo plan constitucional frente al 31% que está a favor.
De confirmarse esa tendencia, los chilenos – más preocupados hoy con la inflación, la delincuencia y la corrupción – seguirán con la Constitución redactada bajo la dictadura.
«Hay una suerte de fatiga constitucional. (…) Tiene que ver con déficit de confianza y expectativas con el proceso», aseguró el analista Marco Moreno.
La ley de aborto ¿en peligro?
Si bien Hevia cree que dicho principio no va a «afectar» la legislación sobre el aborto en tres causales, la izquierda prendió las alarmas.
En Chile está permitido el aborto en caso de violación, inviabilidad del feto y cuando esté en peligro la vida de la madre.
El nuevo proyecto, según sus críticos, introduce aspectos que allanan el camino para que la ley de aborto sea revisada.
En el texto se incluye, por ejemplo, la «objeción de conciencia institucional», en la que podrían ampararse centros de salud para no realizar abortos.
«Tenemos un texto que protege la vida de quien está por nacer, reconociendo que hay un alguien dentro del vientre materno, que hay un ser humano en gestación», señala a la AFP Beatriz Hevia, republicana de 30 años y presidenta del Consejo Constitucional.
Los republicanos «han declarado su intención de ir a cuestionar después la ley de aborto en tres causales. Hay un peligro cierto sobre un retroceso claro en esas materias», asegura Yerko Ljubetic, constituyente del partido de Boric.
En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay. Recientemente, la Justicia en México despenalizó ese procedimiento.
Migración y huelga
Al abordar el tema de la seguridad, los ultraconservadores impulsaron un artículo que ordena la expulsión «en el menor tiempo posible» de los extranjeros que ingresen a Chile «de forma clandestina o por pasos no habilitados».
En los últimos años han llegado unos 1,7 millones de migrantes, casi la mitad de ellos venezolanos.
El proyecto constitucional prohíbe el derecho de huelga para trabajadores estatales, municipales, de servicios de utilidad pública o sectores estratégicos.
Además, prevé que los condenados con enfermedades terminales cumplan su pena en reclusión domiciliaria, lo que favorecería a algunos de los más de 130 sentenciados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
Derechos sociales
El proyecto eleva a rango constitucional el sistema privado de salud (isapres) y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) creados bajo la dictadura.
Así mismo, garantiza que los chilenos puedan elegir entre prestadores públicos o privados.
Cientos de miles de chilenos han exigido en las calles pensiones más dignas, y servicios de salud y educación de mayor calidad y menos excluyentes.
Hoy un 16% está en el sistema privado de salud, mientras que el 9% de los niños y niñas accede a colegios privados sin subvención estatal.
«La propuesta va un paso más allá que la Constitución de 1980, que dejaba un espacio para que debatiéramos reformas como la que está en discusión (al sistema de jubilación) o salidas alternativas al diseño de las isapres», sostiene Ljubetic.
De su lado, la jefa del consejo constituyente defiende la «libre elección». «El Estado tiene que buscar las soluciones que permitan que todos los chilenos (…) puedan escoger», argumenta Hevia.
