Chile: la Convención Constitucional aprobó que el sistema de salud sea «universal, público e integrado»
El derecho fue aprobado con 133 votos a favor, cero en contra y 19 abstenciones. También se dio el visto bueno al derecho a la vivienda digna y a la participación de trabajadores y trabajadoras en las decisiones de la empresa.
El derecho fue aprobado con 133 votos a favor, cero en contra y 19 abstenciones. También se dio el visto bueno al derecho a la vivienda digna y a la participación de trabajadores y trabajadoras en las decisiones de la empresa.
La Convención Constitucional chilena aprobó en el pleno el derecho a la Salud, que establece un sistema nacional que será de carácter universal, público e integrado, además de votar a favor del derecho a la vivienda digna y a la participación de trabajadores y trabajadoras en las decisiones de la empresa, por lo que pasan así todos al borrador de la nueva Carta Magna.
El derecho a la Salud fue aprobado este martes a la noche con 133 votos a favor (necesitaba 103), cero en contra y 19 abstenciones.
De esta manera queda establecido, según indica el artículo, que «toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental».
«Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental»artículo aprobado
En materia de Salud también se aprobó la propuesta de un Sistema Nacional de Salud, la cual fue aprobada por 113 votos a favor, 18 en contra y 18 abstenciones.
“El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación”, indica el artículo.
Esta última propuesta tuvo comentarios positivos por parte de la convencional Aurora Delgado (Frente Amplio), que indicó que “con este nuevo sistema se busca cambiar la noción de salud que tiene el Estado y las formas que ha tenido de asegurarla” y agregó que también es una forma de dejar atrás la Constitución “que permitió ampliar el mercado privado a costa del subsidio y transferencia de recursos a dicho sector”.
Por otra parte, la convencional Katerine Montealegre (Vamos por Chile) criticó fuertemente la medida y expresó que “sólo garantizan más gastos para el bolsillo de los chilenos, menos calidad en las atenciones y listas de espera eternas”.
En tanto, el derecho de la vivienda digna, que recibió el apoyo de los dos tercios, establece que «toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria».
Esta norma «permitirá progresivamente saldar una deuda histórica», sostuvo en su intervención el convencional Benito Baranda (Independientes No Neutrales). «Por años el Estado ha determinado construir guetos, donde lleva a vivir personas que experimentan la cara más dura de la marginación y pobreza», señaló en el pleno.
Por último, la Convención Constitucional aprobó el derecho a la participación de trabajadores y trabajadoras en las decisiones de la empresa, con 108 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, lo necesario para pasar al borrador definitivo.
El texto indica que «los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa» y que «la ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho».
La norma también generó opiniones divididas por parte de los convencionales, quienes se manifestaron por Twitter.
Hugo Gutiérrez, convencional de Partido Comunista, publicó “Feliz 1° de Mayo para las Trabajadoras y los Trabajadores de Chile de parte de la Convención Constitucional”, mientras que la convencional Marcela Cubillos (UDI) posteó: “Sigue la fiebre y el microclima refundacional al interior de la Convención Constitucional”.
Los derechos mencionados ya quedan establecidos en el borrador de la nueva Constitución, que tiene plazo definitivo de entrega el 4 de julio, y que posteriormente tendrá que ser aprobada en un plebiscito de salida obligatorio, que se realizará el 4 de septiembre de este año.
Si el texto constitucional es aprobado pondrá finalmente atrás a la actual Constitución, redactada en 1980, durante la dictadura de Pinochet (1973-1999).
Este inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue posible tras las movilizaciones y masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva carta magna.
Las multitudes que tomaron las calles chilenas entonces señalaban a la actual Constitución como origen de la desigualdad y reivindicaban un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad o una mejora de las pensiones.
El 25 de octubre de 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó por casi el 80% la redacción de la nueva Constitución y unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que están redactando la nueva carta magna.
