Cientos de miles gritaron ¡libertad!
El presidente del gobierno regional catalán, Quim Torra, encabezaba la protesta detrás de una pancarta con el lema “La autodeterminación no es delito”. Torra pidió a la comunidad internacional que escuche el clamor de Cataluña.
El presidente del gobierno regional catalán, Quim Torra, encabezaba la protesta detrás de una pancarta con el lema “La autodeterminación no es delito”. Torra pidió a la comunidad internacional que escuche el clamor de Cataluña.
Cientos de miles de personas se manifestaron ayer en Barcelona para protestar por el juicio contra doce dirigentes independentistas por el intento de secesión en 2017, comenzado la semana pasada en Madrid. Mientras que la policía municipal cifró la asistencia en 200.000 personas, los organizadores estimaron que la cantidad de asistentes fue 500.000.
El presidente del gobierno regional catalán, Quim Torra, encabezaba la manifestación detrás de una pancarta con el lema “La autodeterminación no es delito” junto con otros dirigentes del independentismo, como el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent. En declaraciones a la prensa, Torra pidió a la comunidad internacional que escuche el clamor del pueblo de Cataluña contra el juicio al que calificó como farsa.
Siguiendo a los dirigentes, una multitud de manifestantes abarrotó la céntrica avenida de la Gran Vía, repleta de banderas indepentendistas y carteles que rezaban “Libertad presos políticos”. “Es muy triste lo que está pasando. Es un juicio político, lleno de manipulaciones para condenarles por algo que no es ningún delito”, aseguraba Jesús Rodríguez, presidente de un grupo de ‘castellers’, una tradición de esta región consistente en construir altas torres humanas. “Sólo quieren encerrarlos y, como votar saben que no es delito, se inventan una violencia que no ha existido”, asegura este hombre de 48 años.
Los dirigentes independentistas impulsaron un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre de 2017, marcado por la violencia de la policía desplegada para impedirlo, y después proclamaron una efímera república independiente. Sin embargo, la existencia o no de violencia por parte de los independentistas en el fallido intento de secesión es el eje central del juicio comenzado el martes pasado en el Tribunal Supremo de Madrid contra doce dirigentes del movimiento independentista y que debe alargarse durante tres meses. Nueve de ellos están acusados de rebelión, que implica la existencia de un alzamiento violento para conseguir la separación de esta rica región del noreste español con 7,5 millones de habitantes, partida en dos entre partidarios y opositores de la independencia. La fiscalía reclama para estos nueve, actualmente en prisión preventiva, entre 16 años y 25 años de cárcel, como es el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
En su declaración ante el tribunal, Junqueras defendió que su movimiento siempre había sido cívico y pacífico, y que nunca había promovido la violencia. La fiscalía discrepa, al argumentar que los independentistas usaron a ciudadanos como muros humanos contra la policía, que intentaba impedir el referéndum de autodeterminación, a sabiendas de que se generarían choques.
Dicha afirmación de la Fiscalía fue apropiada por los manifestantes ayer en Barcelona: “Gracias por haber convertido la Gran Vía en un muro humano. Sí, señor fiscal, somos un muro humano, somos un muro de disidentes dignos y orgullosos”, dijo Marcel Mauri, portavoz de la asociación Òmnium, cuyo presidente Jordi Cuixart también está siendo juzgado.
Los independentistas, que ya se habían manifestado el martes, día en que se inició el juicio, en varias ciudades catalanas, tienen previsto también celebrar una huelga general el 21 de febrero y una protesta en Madrid el 16 de marzo. También prometen fuertes movilizaciones si las sentencias del juicio, que no se esperan para antes de julio, resultan condenatorias.
El proceso contra los dirigentes catalanes coincide con un tiempo tumultuoso en la vida política española, con la convocatoria de unas elecciones legislativas anticipadas para el 28 de abril, las terceras desde diciembre de 2015. Los comicios fueron anunciados el viernes por el jefe de gobierno español Pedro Sánchez, dos días después de ver tumbado su proyecto de presupuestos en el Congreso por el rechazo, precisamente, de los partidos independentistas catalanes.
El dirigente socialista, proponiendo una política de distensión con Cataluña, había conseguido en junio el apoyo de los separatistas en su moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy del Partido Popular. Desde entonces, el Ejecutivo español había iniciado negociaciones con el gobierno regional de Torra, pero se interrumpieron hace una semana por las diferencias fundamentales frente a la cuestión del referéndum de autodeterminación, inaceptable para Sánchez.
Los sondeos indican que los comicios podrían llevar a una mayoría de derechas entre el Partido Popular (derecha), Ciudadanos (centroderecha) y el ascendente ultraderechista Vox, hostiles al independentismo catalán y partidarios de intervenir la autonomía de la región como ya ocurrió tras la fallida declaración de independencia.
