Código urbanístico: rechazo a cambios que impactarían en la planificación de la ciudad de Buenos Aires y la calidad de vida
El proyecto del Gobierno de la Ciudad incrementa la capacidad constructiva pero sin considerar densidad poblacional ni impacto en los servicios públicos
El proyecto del Gobierno de la Ciudad incrementa la capacidad constructiva pero sin considerar densidad poblacional ni impacto en los servicios públicos; habilita la destrucción de los pulmones de manzana para convertirlos en estacionamientos y deja las Áreas de Protección Históricas (APH) a discrecionalidad del Ejecutivo.
La ley del oficialismo porteño que introduce modificaciones al Código Urbanístico (CU) recibió duras crítica en la audiencia pública. Entre varios temas conflictivos, los expositores criticaron el incremento de la capacidad constructiva en la ciudad sin tener en cuenta la densidad poblacional ni el impacto en los servicios públicos, que se habilite la destrucción de los pulmones de manzana que funcionan como espacios absorbentes para convertirlos en estacionamientos subterráneos, y la posibilidad de que las Áreas de Protección Históricas (APH) queden a discrecionalidad del Ejecutivo porteño.
Del encuentro, que se realizó el lunes y martes, participaron cerca de 150 personas entre los que había funcionarios, legisladores, profesionales de la construcción, desarrolladores inmobiliarios y organizaciones vecinales.
El proyecto de Ley N° 2850-J-2019, que concentra en 72 artículos una gran cantidad de modificaciones al CU, fue aprobado en primera lectura en diciembre de 2019 por la Legislatura de la Ciudad. Ahora requiere una segunda votación, para lo cual debía realizarse previamente la audiencia pública, que no es vinculante. La gran mayoría son modificaciones para aclarar puntos que están mal redactados o son incoherentes dentro del propio Código. Otras, en cambio, van a tener un fuerte impacto tanto en la calidad de vida como en la planificación de la ciudad.
Sin embargo, según señaló Jonatan Baldiviezo, abogado, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad y expositor en la audiencia, hay «temas relevantes que están escondidos entre todas esas modificaciones». «Una es la autorización para cementar los pulmones de manzana y construir estacionamientos subterráneos. Para eso, tanto el Gobierno como la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos contrataron al ingeniero (José Luis) Inglese, ex presidente de Aysa, para que realice un estudio técnico sobre la posibilidad de eliminar suelo absorbente y qué consecuencias tenía. Y el ingeniero terminó argumentando que va a mejorar la cuestión de las inundaciones porque va a descender el nivel de las napas y porque el suelo de la Ciudad no permite tantas filtraciones».
El problema, según remarcó Baldiviezo, es que «el estudio técnico se basó en datos de hace 20 años, y el mismo ingeniero dice que no hay estudios actuales que determinen que el suelo de la ciudad no es tan permeable». «Es decir, consiguieron a alguien que diga que esto es posible. Y esto se vio en la audiencia, la mayoría de los espacios que conglomeran desarrolladores inmobiliarios fueron a bancar esta idea de cementizar los pulmones que es muy grave y que está pensada sólo para estimular el negocio inmobiliario y a contramano de lo que se está haciendo en las ciudades del mundo», agregó.
Otro punto grave que plantea la ley, es que prácticamente se van a destruir las APH. «Se autoriza al Ejecutivo a flexibilizar las normativas en forma discrecional siempre y cuando el Ejecutivo entienda que eso va a servir para mejorar el Área de Protección Histórica. Pero como no establece parámetros sino un criterio abstracto de mejoría y rehabilitación, esa orientación positiva que tendría el Gobierno queda a discrecionalidad del Ejecutivo», advirtió el abogado. «El artículo en cuestión es inconstitucional», añadió.
«La Legislatura le está diciendo al Ejecutivo ‘vas a poder no respetar lo que te decimos siempre y cuando consideres que es bueno’, y esa es una delegación de facultades que está prohibida en la Ciudad porque justamente lo que es bueno o malo se tiene que decidir democráticamente. De esta forma las APH quedan a merced del jefe de gobierno», agregó. Además, explicó que en estas áreas, donde se habían establecido ciertas alturas para homogeneizar la identidad de los barrios, ahora van a tener disrupciones porque se autoriza el Completamiento de Tejido o Edificabilidad en todas las Áreas de Protección Histórica.
También se señaló durante la audiencia que todas las normas que incrementan la capacidad constructiva en la ciudad no tienen correspondencia con ningún estudio o planificación para que este incremento vaya acompañado de los servicios públicos respectivos. Esta ausencia de planificación quedó plasmada en el debate y puesta en primer plano cuando algunos participantes plantearon que no es lógico discutir las modificaciones al CU, ya que es una herramienta normativa del Plano Urbano Ambiental (PUA), ley marco que está en proceso de revisión y actualización tras la convocatoria que hizo en julio pasado el Gobierno porteño.
«No avancemos en aplicar normativas cuyas consecuencias no son conocidas porque no han sido todavía evaluadas», dijo Marta Stolkiner, propietaria de un estudio de arquitectura y habitante del barrio de San Telmo, para quien las modificaciones al CU deberían «anularse hasta tanto no se actualice el PUA».
En el mismo sentido se expresó Myriam Godoy, habitante de Almagro. «El nuevo código incrementa la capacidad constructiva de la Ciudad sin tener en cuenta la densidad poblacional de los barrios», advirtió. Y puso como ejemplo a Almagro, donde «se siguen dando permisos de construcción a pesar de tener 32.500 habitantes por kilómetro cuadrado, faltan plazas y vacantes escolares».
Baldiviezo advirtió que «no sólo aumentan la capacidad constructiva sino que está pensado para legalizar algunos emprendimientos inmobiliarios que tienen permisos que van en contra del CU, como el caso del enrase del edificio de Palermo de NorthBaires,o el de Mindlin en Belgrano, donde autorizaron dos retiros que el Código no permitía».
Por otro lado, a lo largo de los dos días de audiencia, varios vecinos y vecinas coincidieron en solicitar que, en el futuro, las audiencias públicas sean vinculantes, «y no solo enunciativas», para que la opinión de los habitantes «no caiga en saco roto», como expresó Ana García Mac Dougall, habitante del barrio de Palermo.
En tanto Baldiviezo alertó que para la segunda votación es probable que aparezca un nuevo texto de ley bastante distinto al que se debatió. «Algunas intervenciones en la audiencia dejaron claro que lo que estábamos discutiendo no es el texto que el Gobierno está acordando con empresarios. Había representantes de esas corporaciones felicitando al Gobierno por haber aceptado los cambios que propusieron y eran cambios que no figuraban en el proyecto. Y no figuraban porque desde la primera lectura a la audiencia pública no se pueden hacer modificaciones, porque lo que se votó es lo que se pone a consideración de la ciudadanía. Por eso, seguramente va a aparecer un nuevo texto que sabemos va a seguir favoreciendo a la corporación inmobiliaria».
