Comunidades indígenas volvieron a exigir respuestas al municipio de Rosario
No se movieron de la Dirección de Derechos Humanos y pidieron la presencia del secretario general para entregar un petitorio de reclamos
No se movieron de la Dirección de Derechos Humanos y pidieron la presencia del secretario general para entregar un petitorio de reclamos.
Tras reunirse en el Consejo de Coordinación y Participación de la Dirección de Pueblos Originarios, más de 20 representantes de las distintas comunidades qom, coya y mocoví asentadas en la ciudad se atrincheraron en el cuarto piso de la Municipalidad (Buenos Aires 711), en las oficinas de la Dirección de Derechos Humanos, reclamando la presencia del secretario general del municipio, Pablo Javkin, a quien insistieron en entregarle un petitorio donde puntualizaron la necesidad de «acciones concretas» en los 14 barrios de la periferia de Rosario donde están asentadas las comunidades, así como también el cumplimiento de ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal.
«Primero nos dijeron que nos iba a recibir la intendenta (Mónica Fein), luego suspendieron esa audiencia, así que decidimos quedarnos acá en una toma pacífica hasta que podamos entregar el documento que elaboramos», indicó Ricardo López, uno de los dirigentes de las comunidades de Rouillón al 4400, en la zona oeste.
La reglamentación de la ordenanza 9.119 de noviembre de 2013 es uno de los principales pedidos de los representantes, así como «políticas de vivienda y salud» para las comunidades que mayoritariamente viven en asentamientos en condiciones de «abandono y hacinamiento».
El secretario general afirmó estar dispuesto a recibirlos a primera hora de hoy, en tanto, la número dos de la repartición, Lorena Carbajal, hizo hincapié en que desde el Ejecutivo municipal «es prioritaria la atención a estas comunidades en todas las políticas públicas que se llevan adelante por su situación de vulnerabilidad, y donde las cuestiones culturales deben ser contempladas y tenidas en cuenta».
Los pedidos. La reglamentación de la normativa que dio origen al Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas, y la aprobación de un presupuesto para gastos de funcionamiento, es uno de los reclamos más fuertes que vienen haciendo los dirigentes de las comunidades, al mismo tiempo que hacen hincapié en las necesidades elementales que tienen en los barrios.
Además del déficit de viviendas, que puntualizan como una necesidad prioritaria ya que la mayoría de las comunidades viven en asentamientos, también pidieron el cumplimiento de la ordenanza de marzo de 2013 que estipulaba la incorporación de agentes sanitarios interculturales en la red de atención primaria de salud.
Así como también dejaron asentada su «preocupación» por la «tremenda deserción escolar» entre los adolescentes que «cada vez menos terminan la escuela secundaria», afirmó Miguel Medina, de la comunidad qom de Juan José Paso y Travesía.
Son prioridad. Más allá de la reunión que los dirigentes puedan mantener hoy con Javkin, la subsecretaria general del municipio recalcó «es un sector que se trabaja prioritariamente», puntualizó los proyectos y propuestas en los que se viene avanzando.
«En las zonas norte y oeste, desde el Plan Abre se están haciendo inversiones en infraestructura y en pocos meses la nueva planta potabilizadora de agua también mejorará el servicio en esos barrios», recalcó Carbajal, quien señaló además que «en el barrio Los Pumitas también se están haciendo mejoras en infraestructura, apertura de calles y senderos».
Y en el área de Empleo, detalló que «hay cursos y talleres exclusivos para los jóvenes de las comunidades que son propuestos por los mismos representantes, y que hacen el acompañamiento de los adolescentes».
Aunque reconoció el déficit habitacional, la funcionaria puntualizó que «el año pasado se entregaron 130 lotes con servicios de infraestructura en la zona oeste que fueron específicos para estas comunidades», y recordó que si bien el plan de viviendas Juan José Paso y Travesía se inició con fondos de Nación, «se culminó con fondos municipales, con la participación de las cooperativas de trabajo de las propias comunidades y la participación del Servicio Público de la Vivienda (SPV)».
