Concejales de Caleta OLivia piden juicio político para Córdoba e intervención del municipio
Cuatro de los cinco ediles aprobaron la moción de solicitar el Superior Tribunal de Justicia la destitución del jefe comunal, con el consecuente juicio político.
La extensa trayectoria política de José Manuel Córdoba se encuentra en su etapa más aciaga. En la sesión extraordinaria de ayer cuatro de los cinco concejales aprobaron solicitar ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia su remoción del cargo de intendente y llevarlo a juicio político. También pidieron que la Legislatura intervenga el Departamento Ejecutivo municipal. Todo como consecuencia de denuncias sobre irregularidades en su gestión de gobierno.
El pedido de remoción de José Córdoba como intendente se disparó a raíz de una presentación que realizó el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO), que acusó al jefe comunal de retener indebidamente aportes de afiliados y omitir el pago de pólizas de seguros de los mismos trabajadores. Esto se sumó a las miles de firmas de ciudadanos que se acumularon hace pocos meses, cuando se produjo la emergencia hídrica.
Pero ayer, cuatro de los cinco ediles no solo incorporaron nuevas acusaciones, sino que además le formularon gravísimos calificativos. El presidente del cuerpo, Juan José Naves (FVS), lo tildó lisa llanamente de “delincuente” y que por su soberbia se parecía a un “macho mexicano”.
Naves sostuvo también que el intendente discutió “hasta con el cura párroco con una bajeza que no está a la altura de alguien que ocupa un cargo tan importante”.
Asimismo, enumeró una serie de obras públicas inconclusas, irregularidades en el manejo de fondos públicos con sospechas de oscuros negociados, por lo cual no le tembló la voz al decir que se estaba ante la presencia de “un delincuente”.
En detalle, al intendente también lo acusan de incumplir con normas de contratación pública, no contestar reiterados pedidos de informes del Concejo, no dar cuenta de los ingresos que llegan desde Nación y por intervenciones “ilegales” de la ex empresa de transportes de pasajeros “Urbano” y Teleservicios.
«Escondido en una cueva»
Manuel Aybar (FVS) dijo que Córdoba “estafó” en su buena fe, no sólo a la presidente Cristina Fernández de Kirchner por el mal uso de los fondos que envía Nación para obras públicas, sino también a los propios vecinos, debido a prometidas e inconclusas obras públicas.
En otro pasaje de su exposición, lo comparó con el terrorista Bin Laden, al señalar que el intendente graba “escondido en una cueva” videos con declaraciones que luego “desparrama” a los medios informativos.
Además, sugirió que sea sometido a una “pericia psicológica”, ya que adopta actitudes irracionales, como el hecho de “pelearse” con gremios, instituciones, vecinos y “hasta con la iglesia”.
Luego, a modo de “mea culpa”, reconoció que en su momento él apoyo al intendente pero con el desandar de la gestión se vio defraudado, al igual que miles de vecinos.
«Remedio Institucional»
El radical Juan Acuña Kunz, no fue en saga en relación a las críticas y haciendo una metáfora con su profesión de médico, dijo que la ciudad se encuentra en “terapia intensiva” por su estado de abandono y era sumamente necesario un “remedio institucional”, en clara alusión a la necesidad del pedido de remoción del jefe comunal.
En tanto, su compañero de bancada, Víctor Chamorro, sostuvo que él no quería ser parte de ningún “linchamiento” y aclaró que no se perseguía ninguna “destitución” y no iba tomar una decisión por el mero pedido de un gremio, sino por el conjunto de los vecinos de la ciudad, haciendo uso de las herramientas constitucionales.
Al mismo tiempo, aprovechó para descargar una batería de críticas hacia el oficialismo diciendo que hace 30 años está en el poder y evaluó que en las próximas elecciones habrá cambios.
Unica defensa
El único que defendió a Córdoba fue Juan Domingo Cabrera (FVS), cuya postura le valió algunos abucheos del público que asistió a la sesión, en gran parte conformado por empleados municipales y referentes del sector “cotillista”.
Cabrera enumeró una serie de logros que tuvo el jefe comunal y consideró que será la justicia la que determine la responsabilidad en los cargos que se le imputan, por lo cual anticipaba que se abstendría a votar las mociones que se propusieran en la sesión.
Pedido de juicio e intervención
La sesión que se había iniciado a las 11 se extendió hasta pasadas las 16 y al final se aprobaron tres despachos de comisión. El primero de ellos, con cuatro votos a favor (Naves, Aybar, Acuña y Chamorro) contempla el pedido al Superior Tribunal de Justicia para que establezca como medida preventiva, la suspensión en el cargo al intendente y que se lo lleve juicio político.
También se aprobó por mayoría solicitar a la Legislatura la “intervención” del Departamento Ejecutivo Municipal para que luego sea el gobernador quien designe temporariamente al reemplazante.
Adicionalmente, aprobó por tres votos (Naves, Aybar y Chamorro), la moción de pedir la recusación de dos de los cinco miembros del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Peretti y Clara Salazar en este tema.El argumento fue que los mismos tienen cierta “amistad” con el intendente, en forma particular Peretti, quien fue funcionario en una gestión anterior de Córdoba y además, su abogado personal.
