Cooperativas eléctricas santafesinas en crisis por los amparos
Los amparos judiciales -que ya no afectan a las empresas del sector más poderosas del país- sí dañan la economía de las cooperativas que no tienen fines de lucro.
Los amparos judiciales -que ya no afectan a las empresas del sector más poderosas del país- sí dañan la economía de las cooperativas que no tienen fines de lucro.
Mientras las grandes empresas distribuidoras de la energía eléctrica en el país dejaron atrás los reclamos judiciales que -durante 2016- les paralizaron los aumentos de las tarifas, el sector cooperativo que provee el servicio eléctrico en 40 pueblos y ciudades de Santa Fe, ve a los estrados tribunalicios con marcada preocupación, desde que comenzó 2018.
Hasta ahora, los problemas están concentrados en las cooperativas de las ciudades de Rufino y Venado Tuerto, donde -desde marzo- ambas no pueden trasladar a las tarifas los aumentos en el precio mayorista de la energía eléctrica.
Esta semana, la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Ltda. (Fescoe) decidió plantear su preocupación ante la cabeza del Poder Judicial de Santa Fe.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, recibió a las autoridades de la federación “en el marco de un pedido de audiencia solicitado por la entidad”, según se aclaró en un comunicado oficial del Poder Judicial.
Las autoridades solicitantes expusieron la preocupación existente a raíz de la situación que vienen atravesando las cooperativas “por la judicialización de los aumentos tarifarios, originados por la suba del precio mayorista de la energía eléctrica”, sostuvieron.
De la reunión, participaron Federico Ferrero (presidente), Gisela Wild (vicepresidente) y Edgard Messi (secretario) integrantes del Consejo de Administración de la entidad.
Los tiempos en Tribunales
“Pudimos plantearle al Dr. Gutiérrez nuestra preocupación porque se judicializa la cuestión tarifaria, con resultados que estamos en desacuerdo y con una demora en la tramitación en Tribunales que complica muy seriamente la situación económica de las cooperativas”, dijo a El Litoral Federico Ferrero, titular de la federación mencionada.
“El problema se plantea porque el Estado nacional -desde enero de 2016- comenzó la quita de subsidios, y el costo de compra para nuestras cooperativas se incrementó en un 4.000 %. En enero 2016 pasó de 31 a 320 -subió más de diez veces- y hoy está en 1.500 el valor del megavatio hora, en sólo dos años y medio”, describió.
Ante una pregunta, dijo que en el sector cooperativo, como en otras empresas distribuidoras “no imaginábamos este nivel de aumentos; era necesario actualizar las tarifas pero no en esos niveles”. Y agregó: “Debió ser con un verdadero gradualismo, debía hacerse como para permitir que se puedan pagar las tarifas”.
“El problema mayor es en el sector productivo, las empresas hoy tienen problemas muy serios para pagar las facturas y en las cooperativas nos generan también graves inconvenientes y pedidos para que no apliquemos penalizaciones por sus demoras en los pagos”, explicó.
En el sur
En Venado Tuerto y Rufino “se judicializó en marzo el aumento de tarifas y ambas cooperativas no pueden trasladar los aumentos nacionales a sus asociados. Y la cuestión de fondo sigue pendiente”.
Se les cuestiona la ausencia de audiencias públicas para tomar esas decisiones, que fueron llevadas adelante mediante el procedimiento habitual: asambleas de cooperativistas donde los usuarios-asociados además del derecho a exponer sus argumentos, tienen voto.
Obviamente, las cooperativas son intermediarios que compran el insumo a las generadoras, siempre a través de la Empresa Provincial de la Energía, y reciben cada suba operada en el precio mayorista de la electricidad.
En definitiva, hoy ambas venden la energía a un precio más bajo que el que la compran. Las cooperativas, como todo el sector, sufre incrementos en los costos fijos que están atados al dólar, en materia de insumos, equipos y materiales eléctricos importados.
“Hoy, la mayoría de las cooperativas ya se ha consumido su capital, y en lugar de obras o mejoras ha usado esos fondos para mantenerse a flote, pero la realidad es que ya se comieron los ahorros. Y cualquier evento, incluso el verano, puede poner en peligro la existencia misma del servicio”, indicó.
“Está en riesgo la cadena de pago, por eso pedimos que se apuren las decisiones judiciales, que no sean eternas…”, imploró el dirigente cooperativista que recordó que la economía social cooperativa, sin fines de lucro, brinda en la provincia el 12% de la energía consumida en toda la bota.
“En agosto fue el último incremento -del 36%-, en el nivel mayorista que significó en promedio al usuario 16%. Pero esas dos cooperativas todavía no pudieron aplicar los aumentos de enero y de marzo… mientras esperan que la Justicia resuelva los amparos”, subrayó.
Destacó que el gobierno nacional podría colaborar con la economía de las empresas cooperativas de quitarles el componente impositivo más pesado: el 21% de IVA que paga cada hogar.
“Hay otra cuestión -también de fondo- que es lo que más nos preocupa a los cooperativistas: la Casa Rosada quiere gravar, en el proyecto de Ley de Presupuesto 2019 con el impuesto a las ganancias a las cooperativas y las mutuales. Éste es un prejuicio ideológico del gobierno nacional para con la economía social. Es contrario a la naturaleza jurídica y la razón de ser de esta entidades”.
Agregó que las cooperativas “acompañamos a las Pymes y las familias con problemas para pagar, pero cuando hay más dificultades en las cooperativas esa ayuda es más difícil. Hoy, a diario damos moratorias y planes de pago. Nos alarma, como a todos, que los costos sigan atados a un dólar que sube constantemente”.
Iguacel explicó el cargo para el gas
El secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel, sostuvo que el aumento extra que deberán afrontar los usuarios en el gas “no es una compensación” para la industria del petróleo y el gas, y atribuyó esa interpretación periodística a “la desinformación” que promueve la ex presidente, Cristina Kirchner.
“Durante el invierno, los productores de gas facturaron a las distribuidoras el precio establecido semestralmente por el Enargas”, indicó y señaló que “la diferencia se debe cobrar en el siguiente período, es decir en el verano”.
El período en cuestión va del 1º de abril al 30 de septiembre, en el que el dólar de alrededor de $20 pasó a $40. El gobierno nacional dolarizó el precio del gas en boca de pozo.
“No es una compensación por la devaluación”, sostuvo sin embargo el funcionario nacional y afirmó que “hay militantes” que buscan “asustar a la gente”.
En diálogo con Radio Mitre, subrayó que “cuando uno mira el consumo anual, aún después del aumento del 34,7 por ciento, el 70 por ciento de los hogares pagará 700 pesos”, opinó. Y comparó: “es la mitad de lo que sale el cable”.
Aseguró que su gestión busca “uniformizar para que todos paguen el mismo precio de gas y la diferencia entre el que quiera ahorrar es que consuma menos o consuma más”. La declaración parece estar directamente vinculada con otra decisión que esta semana tomó el gobierno nacional: eliminar el premio del descuento del 10% en la tarifa, que beneficiaba a los usuarios que lograran ahorrar un 20% respecto de igual período del año anterior.
Iguacel resaltó: “Si ya logramos, a partir de este aumento, estabilizar el precio del gas y la economía empieza a estabilizarse, entonces no va a ser un problema”, el pago de las 24 cuotas -a partir del 1º de enero- que se ajustarán con la tasa del Banco Nación.
Recordó, además, que para acceder a la tarifa social “el grupo familiar no debe tener más de dos ingresos mínimos y algunas otras condiciones que aparecen en la página de la Anses”.
