Corcovado se declaró en emergencia y Provincia debió asistir a 14 municipios de Chubut

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La Municipalidad de Corcovado ya había sido noticia la semana pasada, cuando trascendió que el intendente pagó los sueldos municipales de su propio bolsillo. El Boletín Oficial de la Provincia da a conocer ahora la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa de la ciudad. También por esa vía oficial se informó que el erario público debió dar asistencia financiera por 27 millones a 14 municipios, cifra equivalente a la mitad de las comunas de toda la provincia. Rawson y Puerto Madryn concentraron más del 60% de los fondos.

El gobernador Das Neves y el intendente Sastre ayer en Puerto Madryn. La ciudad del Golfo fue la que más ayuda recibió: 10 millones de pesos.

Si bien se trata de una ordenanza -en el caso de Corcovado- y un decreto dados durante la última semana de diciembre, los detalles del caso tomaron estado público el miércoles último con la publicación de los boletines oficiales que contienen ambas normativas.

El Gobierno provincial asistió financieramente a 14 municipios mediante la figura de «aportes no reintegrables». Se trata concretamente de 26.950.000 pesos girados en el marco del Decreto 145 y los aportes más sustanciosos en relación al total fueron para la Municipalidad de Puerto Madryn, conducida por Ricardo Sastre, que recibió una inyección de 10 millones de pesos y, en segundo término, la capital provincial.

El municipio que encabeza Rossana Artero debió recibir asistencia por otros 6,5 millones, con lo que ambas comunas concentraron más del 60% de los fondos públicos.

En medidas significativamente menores, también recibieron los aportes no reintegrables Camarones ($500.000); Cholila ($1.500.000); Corcovado ($1.000.000); El Hoyo ($1.000.000); El Maitén ($600.000); Epuyén ($300.000); Gaiman ($2.200.000); Gobernador Costa ($200.000); Paso de Indios ($1.000.000); Río Pico ($150.000) y Trevelín ($2.000.000).

CESACION DE PAGOS Y REVISION DE CONTRATOS

Corcovado, que aparece en la nómina de comunas asistidas financieramente, había puesto a su intendente Héctor Ariel Molina (PRO) en los titulares periodísticos de la semana pasada, cuando trascendió que había hecho aportes de su propio bolsillo para poder saldar los salarios municipales adeudados en la víspera de las fiestas de fin de año.
Según informó el intendente, su comuna tiene 45 empleados en planta permanente y cerca de 140 trabajadores revistan como contratados.

Mientras que la deuda de salarios ascendía a 850.000 pesos, Molina subrayó que encontró un municipio con una deuda a proveedores por más de 2.000.000 de pesos, pagos atrasados en 3 o 4 meses en concepto de ART y seguros de vehículos, y un déficit mensual de 150.000 pesos en los gastos de personal. «Todo lo que entra de coparticipación no alcanza para pagar los sueldos, así que vamos a ver cómo lo vamos a solucionar», graficó.

Traduciendo la situación a números, agregó que Corcovado tiene una deuda equivalente a 4.000.000 de pesos, cuando su presupuesto anual es de 20 millones, lo que calificó como «un disparate» y agregó que entre las irregularidades encontradas se cuenta el ingreso de 1.000.000 de pesos para invertir en obras que no se ejecutaron, pero tampoco está el dinero.

Es en ese contexto, que el Boletin Oficial transcribe en sus tres últimas publicaciones, la ordenanza municipal que pone en vigencia la declaración de emergencia económica, financiera y administrativa en Corcovado hasta el 30 de junio.

Según se fundamenta, «los importes en disponibilidades en caja y Bancos a la fecha son totalmente insuficientes para hacer frente a los compromisos asumidos y por consiguiente es absolutamente necesario evitar ingresar a un estado de cesación de pagos».

Entre los objetivos que se persiguen con la norma dictada, se cuentan la contención del gasto público, garantizando la prestación de servicios, mejorar el flujo de aportes al municipio, «por parte de los contribuyentes y otros estamentos del Estado municipal», y «disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios por locación de obras o servicios vigentes a la fecha», además de «generar una eficiente política de recaudación, controlando adecuadamente las actividades que generan tasas o derechos que debe percibir la Municipalidad».

Fuente: El Patagónico