Córdoba: El amparo de los vecinos
De manera inédita, la Justicia federal tomó la denuncia contra una planta de bioetanol después de que se desentendieran tanto el municipio como el gobierno y la Justicia provinciales.
De manera inédita, la Justicia federal tomó la denuncia contra una planta de bioetanol después de que se desentendieran tanto el municipio como el gobierno y la Justicia provinciales.
En un hecho sin precedentes en la justicia federal de Córdoba, el titular del juzgado 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, convocó a una audiencia pública en el marco de un amparo ambiental de los vecinos del sureño barrio San Antonio contra la empresa Porta Hermanos, por el impacto sanitario que, denuncian, la planta de bioetanol de esta compañía genera desde el año 2012. Quince amparistas expusieron sus afecciones en la salud (abortos espontáneos, malformaciones, pólipos, afecciones respiratorias), ya documentadas por la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), para justificar el reclamo de “cese de actividades” de la empresa. Este pedido hasta ahora no encontró eco en la justicia provincial, como así tampoco en el municipio gobernado por Ramón Mestre ni en la provincia a cargo de hacer cumplir la legislación ambiental. A la audiencia se ausentaron los representantes de la empresa y del Ministerio de Energía de la Nación, convocado por ser órgano de aplicación de la Ley de Biocombustibles (26.093), a la que Porta debiera ajustarse. Ahora, Vaca Narvaja deberá evaluar si realiza una nueva audiencia, con profesionales que aporten elementos técnicos, como así también constatar el incumplimiento o no de la legislación ambiental vigente tal como sostienen los denunciantes.
Además de los amparistas, entre los expositores estuvieron la fiscal federal Graciela López de Filoñuk y el defensor oficial José Belisle, quien enfatizó la necesidad de “no comprometer a las generaciones futuras”, tal como marca la Constitución (artículo 41), dado el creciente escenario de niñas y niños enfermos y fallecidos. El abogado de los afectados, Carlos González Quintana, explicó que “se está pidiendo el cese inmediato de la producción contaminante”, en el marco del artículo 30 de la Ley General del Ambiente. González Quintana enfatizó que Porta no cuenta con Evaluación de Impacto Ambiental para producir etanol a base de maíz, que es lo que exige tanto esa norma como la legislación referida a biocombustibles.
Entre los argumentos contra esta empresa, que comercializa alcoholes y bebidas etílicas, un estudio de la Reduas realizado en 2016 concluyó: “Se verifica alta prevalencia de niños que nacen con anomalías congénitas en frecuencias muy superiores a las que presenta toda la ciudad de Córdoba. Son muy elevadas las prevalencias de asma, conjuntivitis y dermatitis, cefaleas y se observa una preocupante multiplicación de mujeres con masas en vías aéreas superiores”.
Silvia Cruz, referente de esta lucha por la salud colectiva, inició las exposiciones. El relato fue la apertura de una secuencia que se repetiría con el correr de las historias narradas por cada amparista. “Los chicos se enferman, mi hija está operada de pólipos; el año pasada murió Olivia (bebé del barrio), y temo por la vida de mis hijos”, hilvanó y explicó lo que debieron aprender a nombrar en términos científicos: “Respiramos tolueno y formaldehído en pequeñas dosis, porque el fermentador (de la planta) emana todos esos químicos”. “Es dormir y despertarse pensando en Porta… eso no es vida”. Otro amparista, Santiago Palermo, enumeró los malestares físicos que los aquejan desde que comenzó a funcionar el emprendimiento: “Tenemos cefaleas, náuseas, cansancio y este año me diagnosticaron pólipos en el seno paranasal”. El hombre recordó que en la manzana que habita no es el único operado de pólipos en vías aéreas. “Todos los días nos enteramos de un nuevo enfermo.” El hombre recordó que, Vicente, su hijo, “estuvo un mes sin poder ir a clase porque tenía el cuerpo todo irritado por la explosión de sus vasos sanguíneos”. Al igual que a una larga lista de habitantes de esa zona de Córdoba, los médicos que lo atendieron le recomendaron dejar el barrio. “No queremos ver morir a nadie más”, le dijo al juez.
A su turno, Natalia Aguilar contó el calvario que significó regresar a la zona donde había pasado una niñez plena, “con árboles, con aire fresco”. “Mi hija hoy si no toma corticoides no puede respirar, y la van a tener que operar. Mi hermana, Cecilia, tiene cuatro hijos con dermatitis. Picazón en los ojos tenemos todos”, apuntó. Hastiada de “no poder salir a la calle tomar aire”, junto a sus vecinas y vecinos “hubo que salir a la calle a pelear, porque tenemos derechos a una vida sana”.
El caso de María Celeste Novarese, de barrio Inaudi, también expresó un fallido retorno a las calles de la infancia. “El 30 de noviembre pasado perdí un embarazo”, compartió y citó tres casos de conocidas de su barrio que pasaron en el último tiempo la misma situación. A eso sumó que “en menos de un año nacieron tres bebés con malformaciones en la manzana”. A las afecciones a la salud, varios vecinos agregaron el daño psicológico que significa el temor a una posible explosión de la planta. “Duermo con la mochila armada”, soltó Natalia y mirando a Vaca Narvaja, hizo eco del reclamo colectivo: “Ya apelamos a todas las instancias, tenemos derechos a un ambiente sano, estamos en manos suyas, señor juez”.
