Córdoba: Llaryora ofrece 23,4% en 2 veces y compensar parte del recorte
La oferta reconoce la inflación enero-octubre. Las subas serían no remunerativas, desde noviembre y enero. En 2021 habrá pagos extra a quienes más perdieron.
La oferta reconoce la inflación enero-octubre. Las subas serían no remunerativas, desde noviembre y enero. En 2021 habrá pagos extra a quienes más perdieron.
El gremio de los empleados de la Municipalidad de Córdoba (Suoem) analiza en sucesivas reuniones de sus cuerpos de delegados la propuesta salarial que la gestión del intendente Martín Llaryora presentó el miércoles: un incremento de 23,4 por ciento no remunerativo, a pagar en dos cuotas con los sueldos de noviembre y de enero próximo.
La propuesta en parte es similar a la que el gremio había rechazado con violentas protestas hace un mes, sólo que incorpora también el reconocimiento de la inflación de octubre. El gran cambio es que el municipio también estaría proponiendo un esquema de compensaciones vinculado al recorte de la séptima hora de trabajo: según lo que los delegados plantearon en las asambleas, se ofrecen pagos no remunerativos con tope para compensar ese recorte, pero la mitad de los municipales seguiría trabajando seis horas al día.
De concretarse, el acuerdo sería por el período enero-octubre –la inflación acumulada en Córdoba fue del 23,4 por ciento–, y quedaría establecido el cronograma de “blanqueo” de los pagos inicialmente no remunerativos entre febrero y abril. El medio aguinaldo de diciembre se calculará sobre los ingresos de octubre, es decir, sin tener en cuenta el incremento.
La próxima discusión salarial sería en mayo próximo, cuando ya se hayan blanqueado los aumentos que se proponen ahora.
Ayer se sucedieron las asambleas de delegados de las áreas Administrativa, de Salud y de Educación. Todavía es impreciso el nivel de aceptación, pero tanto en el Suoem como en el Palacio 6 de Julio hay expectativas de arribar a un acuerdo que ambas partes necesitan.
La gestión Llaryora necesita superar la situación de conflicto permanente y normalizar la atención municipal, y para los empleados es imperioso lograr el primer aumento salarial del año tras un recorte que en promedio afectó en un 32 por ciento los ingresos de los municipales. Cuando se considera la inflación, la caída real de los ingresos de los municipales supera el 50 por ciento.
La primera discusión paritaria de la gestión Llaryora incluye, además, la restitución en carácter remunerativo del pago del título, uno de los ítems que el Ejecutivo paga de modo no remunerativo. No obstante, no atiende el reclamo de los jubilados municipales, perjudicados tanto por el recorte como por los pagos “en negro” del municipio.
Recrudece el reclamo de los judiciales
Una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso una compensación por inflación para funcionarios y trabajadores del Poder Judicial del 10 por ciento –remunerativo y retroactivo al 1º de octubre– pero dejó abierta la posibilidad a nuevas subas en lo que resta del año. Esa novedad recrudeció el reclamo de los empleados judiciales de la provincia de Córdoba.
Las subas salariales que otorga la Corte son acatadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por lo que los judiciales reclaman que ese incremento se replique inmediatamente en Córdoba. En ese marco, el próximo martes, los cuerpos orgánicos realizarán una “vigilia” a la espera de la reunión semanal de los integrantes del Tribunal Superior.
En paralelo, el sindicato de judiciales mantiene abierto un conflicto con el TSJ para reclamar por “deudas salariales” correspondientes a retroactivos de los ajustes otorgados el año pasado. De acuerdo con el gremio, aún resta que los empleados perciban dos de los siete retroactivos acordados.
Con aquella paritaria con saldo pendiente, surge ahora esta recomposición. En ese marco, el gremio emitió un comunicado en el que “exige” al TSJ “el pago en tiempo y forma del aumento salarial otorgado”.
El TSJ guarda silencio respecto del planteo gremial y de la discusión con el Ejecutivo para obtener más fondos y cumplir con la acordada, que impacta en los 8.386 empleados y funcionarios judiciales de Córdoba.
