Córdoba:Más concursos preventivos por efecto de la recesión

Tan fuerte es el efecto de la crisis que entre febrero y junio de este año se presentaron en la provincia de Córdoba 93,6 por ciento más concursos preventivos de acreedores que en igual lapso del año pasado.

Tan fuerte es el efecto de la crisis que entre febrero y junio de este año se presentaron en la provincia de Córdoba 93,6 por ciento más concursos preventivos de acreedores que en igual lapso del año pasado.

Las altas tasas de interés, que elevan los costos de financiación a un nivel histórico; un ciclo recesivo que ha sido más extenso en el tiempo que en otras crisis, y un nivel muy bajo de actividad, combinados, son factores que empujan a las compañías a buscar un salvataje en la Justicia, antes de quedar al borde del cierre.

El concurso preventivo de acreedores es un proceso judicial regulado, junto con la quiebra, por la ley 24.522, que permite renegociar las deudas con los acreedores. Así favorece la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo y evita el pedido de liquidación.

De hecho, en la primera mitad del año la cantidad de quiebras ingresadas en los tribunales cordobeses sólo fue 4,8 por ciento superior al mismo período de 2018.

Según datos del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Poder Judicial de Córdoba, entre febrero y junio se presentaron 91 pedidos de concursos preventivos de acreedores, de los cuales 47 se hicieron en la Capital.

De igual manera, ingresaron 110 quiebras, 79 en los fueros capitalinos. Del total provincial, 57 fueron quiebras pedidas, 23 propias y 30 quiebras indirectas, que son consecuencia de concursos preventivos fallidos.

La grave crisis que arrancó con la corrida del dólar el 24 de abril de 2018 impactó en la actividad económica con más fuerza en la segunda mitad del año pasado.

Es por esta razón que los concursos preventivos del primer semestre de 2019 fueron 35,5 por ciento menos que los registrados en la segunda mitad de 2018, mientras que las quiebras, en la misma comparación, se redujeron 8,3 por ciento.

De esta manera, si en el segundo semestre de este año se repiten las cifras de la primera etapa, los procesos concursales llegarán a 182, casi la misma cantidad que los 188 del año pasado, los cuales marcaron el segundo registro más alto después de la crisis de 2002.

Algo similar sucedería con las quiebras: si la cantidad se repite en el segundo semestre, sumarían en el año 220 procesos, un nivel similar a los 225 del año pasado.

Salvataje

El crecimiento de los concursos preventivos no es exclusivo de estos años. Entre 2000 y 2001, superaron los 200 procesos anuales. Con la posterior recuperación de la economía, cayeron a medio centenar por año, pero desde la crisis del campo en 2008 empezaron a subir y no dejaron de hacerlo hasta hoy.

Más allá de las cifras, el cambio que se observa en el primer semestre es que, a diferencia de otros años, ya no sólo se presentan las pequeñas empresas, sino también las compañías medianas.

En Córdoba, se destacaron los concursos preventivos de la industria Porta Hermanos, el de la cadena de materiales de construcción Zárate (que se sumó a una investigación por un presunto caso de estafa), el de la agropecuaria Grupo Pilar y el que presentó la empresa de transporte Ersa.

En Buenos Aires, se registró el mismo fenómeno, con casos como la aerolínea Avianca Argentina, la fábrica de alfajores Balcarce, la cadena de supermercados Día y la fabricante de electrodomésticos Electra. En todos los casos, el volumen de deudas al que llegaron supera su capacidad de pago con el actual nivel de actividad.

“El concurso preventivo es una de las alternativas que evalúan las empresas que, por situaciones ajenas, quedan en una situación comprometida. Esto les permite encontrar una salida en la refinanciación, lo que implica la quita de una parte de la deuda y la espera en los plazos de pago”, explica Jorge Wainstein, titular de Estudio Wainstein & Asociados y síndico en este tipo de procesos judiciales.

En los estudios especializados en concursos y en quiebras, las consultas de las empresas están a la orden del día y se estima que habrán más presentaciones en Tribunales en los meses siguientes.

“La situación se complicó y en los últimos 30 a 45 días se puso más grave que a comienzos de año. A la caída de la demanda, se suma que los costos financieros alcanzaron porcentajes siderales y que las utilidades disminuyeron. Es un combo difícil de superar”, señala Vicente Aznar, abogado especialista en concursos y en quiebras, y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

En este orden, advierte que la presión impositiva no cede, lo que sumado a las complicaciones financieras hace que la deuda crezca “a proyecciones geométricas”. “La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) va a tener que hacer algo; es muy alto el porcentaje de empresas que no pueden pagar los impuestos, las obligaciones laborales aumentan y se quedan sin aire”, agrega.

Frente a la fuerte caída de las ventas, y buscando evitar problemas con los bancos, las empresas se financian dejando de pagar impuestos o servicios que son básicos para su actividad. Cuando la deuda llega a niveles inmanejables, a la firma no le queda otra opción que un concurso preventivo. El problema es que tiene un costo no sólo monetario sino también simbólico.

Al respecto, Flavio Ruzzon, titular del Estudio Jurídico Ruzzon y docente de la UNC, previene: “No concursa el que quiere, sino el que puede. En el proceso concursal, hay que pagar la tasa de Justicia y el dos por ciento del activo. Con esto se logra una reducción de la deuda a través de una negociación con los acreedores; además, la Afip tiene planes especiales para empresas concursadas con una tasa más contenida que la aplicada a otros deudores, pero la empresa difícilmente consigue crédito en esta condición. La única vía será financiarse con sus proveedores”.

Empresas en problemas

91. Fueron los procesos concursales abiertos en la primera mitad del año, casi la mitad en la Capital.
37. Empresas tienen o iniciaron procedimientos preventivos de crisis, que alcanzan a 1.635 trabajadores.

Fuente: La Voz