Corrientes: Sólo en terrenos municipales, hay más de 1.500 familias en condición de okupas

La directora de Acciones Directas y Compensatorias, Celeste Lazzarini señaló que se realizaron relevamientos en 12 asentamientos nuevos y antiguos y resaltó que "la gente está en crisis; dicen que no tienen dónde ir, porque quedaron fuera del sistema para poder acceder a una vivienda".

La directora de Acciones Directas y Compensatorias, Celeste Lazzarini señaló que se realizaron relevamientos en 12 asentamientos nuevos y antiguos y resaltó que «la gente está en crisis; dicen que no tienen dónde ir, porque quedaron fuera del sistema para poder acceder a una vivienda».

Según el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Manuel Cuevas, «en Corrientes hay cerca de 44 asentamientos», de los cuales 12 se ubicaron sobre terrenos municipales y sólo allí hay más de 1.500 familias en situación de okupas.

En comunicación con la directora de Acciones Directas y Compensatorias, de la Municipalidad, Celeste Lazzarini, señaló a EL LIBERTADOR que «se realizaron relevamientos en 12 asentamientos nuevos y antiguos que se encuentran en terrenos de la Comuna» y resaltó que «la gente está en crisis; dicen que no tienen dónde ir, porque quedaron fuera del sistema para poder acceder a una vivienda».

Reconoció que «hay personas que usurpan terrenos para luego venderlos», pero destacó que «la gran mayoría asegura que no les gusta vivir así como están, sin servicios básicos y en casillas precarias», a lo que agregó que «sólo en propiedades del Municipio, son más de 1.500 las familias que se encuentran viviendo en esas condiciones».

Indicó además que «últimamente incrementó la consulta de la gente en la Municipalidad para ver si existe algún programa de vivienda social o si hay posibilidades de adquirir un terreno fiscal; pero desde diciembre de 2015, no se cuenta con nada similar; y es el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) el que ahora debe paliar la situación del déficit habitacional tanto en Capital como en el Interior».

«Quienes se acercan al Municipio, como así también las familias que están en los asentamientos, están pidiendo a gritos que se los ayude, no se niegan a pagar por su vivienda, pero piden mayor flexibilidad en los requisitos que se solicitan», aseveró Lazzarini, a lo que agregó que «hay que reconocer también que tanto el sector privado, como el estatal, filtra muchísima gente al pagar en negro a los empleados, porque quedan excluidos de los programas de vivienda si no pueden certificar sus ingresos anuales».

Recordó que «también los jóvenes crecen y quieren formar su familia e independizarse, y es el Estado el que debe brindar respuesta a estos nuevos hogares con los planes de viviendas y facilidades de pago», a lo que agregó que «es por eso que en los últimos meses el Municipio cedió 420 lotes al Invico para que se construyan viviendas en el barrio Doctor Montaña, que sumado a los 291 que otorgó en el Santa Catalina, ya totalizaron 711 terrenos de 10×30 metros».

Fuente: El Libertador