Crisis política en Senillosa: ordenan reincorporar a decenas de municipales echados por el intendente
La justicia hizo lugar a las cautelares presentadas por los empleados. La Municipalidad podría pagar más de 110 millones en juicios.
La justicia hizo lugar a las cautelares presentadas por los empleados. La Municipalidad podría pagar más de 110 millones en juicios.
La situación en Senillosa no está nada bien para el intendente Lucas Páez, debido a que por orden judicial tendrá que reincorporar a parte de los 54 empleados municipales que echó a dos meses de su gestión de gobierno.
El tema viene desde finales de febrero, cuando el jefe comunal emitió el decreto 086/24 por el cual se desvinculó a esos 54 trabajadores de planta permanente.
La Justicia ordenó reincorporar y pagar los días caídos de estos meses, en principio, a unos 25 trabajadores y la decisión encendió un conflicto político en la Municipalidad de Senillosa. ¿Tiene el Estado municipal el dinero para afrontar esos juicios?
La decisión la tomó la jueza administrativa María Cecilia Gómez, ante la cascada de juicio de los empleados de planta contra la comuna. La decisión final la podría tener el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Más de $110 millones en días caídos
El Concejo Deliberante refrendó ese decreto, algunos trabajadores acudieron a la Justicia con una medida cautelar y le están ganando la pulseada legal a la Municipalidad. La pelea podría costarle más de 110 millones de pesos (aún no está calculada la cifra) para reincorporar a esos empleados que vienen de la gestión de Patricia Fernández, Hugo Moenne y Raúl Bettiga.
Se supo que el Municipio deberá pagar los sueldos caídos, aportes y bonos retroactivos, sumado a las costas legales que elevan el costo estimado total a aproximadamente 110 millones de pesos.
Esta situación se da en medio del reciente anuncio de la financiación de $193 millones por parte de la provincia para obras. Por lo que además la administración municipal debería afrontar este nuevo pago imprevisto.
La pelea podría costarle más de 110 millones de pesos (aún no está calculada la cifra) para reincorporar a esos empleados que vienen de la gestión de Patricia Fernández, Hugo Moenne y Raúl Bettiga.
Por su parte, algunos de los empleados que aceptaron contratos temporales iniciaron acciones legales similares, para recuperar su estabilidad laboral, lo que podría aumentar aún más la carga financiera sobre el municipio.
“Algunos han arreglado, los han apretado para que desistan de los juicios, pero la justicia encontró que el procedimiento para despedirlos no fue el correcto”, dijo a LMNeuquén Javier Burgos, uno de los trabajadores despedidos y que por orden judicial tiene que reubicarse en la Municipalidad.
De planta y de distintas gestiones
Los despidos surgieron en febrero, en la cresta de la ola del “no hay plata” del presidente Javier Milei y una sociedad que pedía ajuste a la política. Fue así que el intendente Páez, que ganó con el sello del Frente Neuquinzate de Rolando Figueroa, no dudó en tomar la lapicera y echar a los 54 empleados de planta.
“Todo comenzó en febrero, justo cuando estábamos en Carnaval, nos llegó una cédula de notificación de la Municipalidad donde nos avisaban que dejábamos de permanecer en la planta permanente», recordó el empleado.
Algunos han arreglado, los han apretado para que desistan de los juicios, pero la justicia encontró que el procedimiento para despedirlos no fue el correcto. Javier Burgos, empleado en juicio
Y acotó: «Todos sabemos que un decreto que realiza un intendente no puede ir en contra de una ordenanza municipal, en el Deliberante no nos dieron respuesta».
Burgos sostuvo que en estos meses fue el mismo intendente Páez el que intentó “frenar los juicios”, ofreciendo a los empleados despedidos otra modalidad de contrato municipal.
“De las 54 personas que despidieron, el intendente intentó frenar, se junto con los despedidos y, de palabra, iban a continuar con trabajo, pero que desistieran de lo legal. Otros no quisieron firmar los contratos porque no daban estabilidad”, contó.
El problema ahora también apunta a la sobredimensión de la planta de empleados de Senillosa. El intendente se había sacado de encima a 54 trabajadores y, según Burgos, en estos meses hubo altas municipales. Es decir que, ahora, hasta que la sentencia no esté firme, convivirán los ex despedidos con los nuevos ingresos.
Senillosa: el intendente dijo que «están mintiendo»
El intendente de Senillosa, Lucas Páez, cruzó a los empleados despedidos que se «atrincheraron» en el Concejo Deliberante para precipitar una respuesta. Dijo en declaraciones radiales que la denuncia está «fuera de contexto».
Si bien reconoció que las cédulas de notificaciones que despachó la dirección municipal de Recursos Humanos habla de desvinculaciones, a la vez advirtió que los empleados despedidos «están mintiendo». En principio, dijo que se revisan 54 expedientes, y que los desvinculados son entre 25 y 30 agentes que ingresaron para cubrir cargos políticos y luego pasaron a planta permanente.
Aclaró que esa situación es inviable. «Es muy llamativo que reclamen un pase siendo funcionarios», sostuvo. Lo lógico, recordó, es que se vayan con la gestión saliente, como ocurre históricamente con los puestos políticos, con cada cambio de administración. «Cuando entrás a la función pública como funcionario te vas con la gestión, así que me llama mucho la atención», reiteró el jefe comunal.
Entre los desvinculados hay ex funcionarios, pero también personas que no cumplían con ningún requisito para el pase a planta permanente, como el mínimo de tres años como empleado.
