Cristina anunció el envío de un proyecto de ley para el pago soberano de la deuda externa
Alcanza a los bonistas que entraron en 2005 y 2010, y también a los “holdouts” . Cristina pidió aprobación del Congreso. Expectativa por reacción de acreedores.
Cristina Fernández anunció anoche el envío al Congreso de un proyecto de ley para disponer el pago voluntario en domicilio local a los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010 y para habilitar una nueva reestructuración voluntaria de la deuda, en la que los bonos vigentes se trocarían por otros nuevos, emitidos bajo jurisdicción y ley local (Ver documento).
La iniciativa le transfiere la responsabilidad de la decisión al Congreso y declara “de interés público” las reestructuraciones de 2005 y 2010, aunque al mismo tiempo dispone el cambio de una condición básica de esos contratos como el domicilio de pago. Habilita al Ejecutivo a emitir “instrumentos legales que permitan el cobro” de todos los tenedores de los títulos emitidos con esos acuerdos.
Se anticipa un trámite rápido en el Congreso. La propia Presidenta dijo que envía el proyecto ante el inminente vencimiento de otros 200 millones de dólares, el 30 de septiembre, que no podrán llegar a los bonistas.
Según describió, el proyecto autoriza a Economía a remover al Banco de Nueva York Mellon (BoNY) como agente fiduciario de pago a los acreedores de la deuda reestructurada.
Anoche, especialistas ponían un signo de interrogación sobre el grado de adhesión que vaya a tener. De no ser así, podría configurarse “un panorama de default más profundo” si quienes no aceptan el cambio de domicilio de pago terminan sin poder cobrar. Un analista explicó que la propuesta es voluntaria para que el Gobierno no tenga que someterse a conseguir porcentajes mínimos de votos en asambleas de bonistas para cada uno de los tipos de bono en juego. De lo contrario, cada título canjeado por nuevos valores bajo ley nacional debería tener la aceptación de, por lo menos, el 66 por ciento de los tenedores y, en general, del 81 por ciento si se toma a todos los títulos del canje.
Otra duda es que el Banco Nación tiene sucursal en Nueva York y podría ser sancionado al participar de una operación que la justicia de Estados Unidos puede considerar como una elusión de sus fallos.
Por el litigio con los fondos buitre, el juez neoyorquino, Thomas Griesa, mantiene bloqueados fondos que Argentina depositó en el BoNY para el pago a acreedores que sí aceptaron el canje.
En un mensaje donde reconoció estar “nerviosa”, Cristina explicó que en lugar del BONY se designará como pagador a Nación Fideicomiso, que tendrá una cuenta en el Banco Central para depositar los fondos destinados al pago de los compromisos de deuda, los que se mantendrán allí “hasta su efectivo cobro por parte de los acreedores” como una “certeza total a los acreedores de que nadie podrá tocar” ese dinero porque es de su propiedad, dijo.
La iniciativa también habilita cambiar la jurisdicción del pago de la deuda y que los inversores sometidos a la legislación estadounidense accedan a un canje de títulos para quedar bajo la normativa argentina en iguales condiciones que en 2005 y 2010.
Los holdouts que no adhirieron a los anteriores canjes (entre los que están los “buitres” que ganaron el juicio) podrán hacerlo ahora si el proyecto es aprobado por el Congreso, donde el oficialismo cuenta con mayoría. En los hechos, significa derogar la ley cerrojo, que lo impedía, y que en los últimos tiempos el Gobierno adujo como un impedimento para negociar con los “buitres”.
Como señal de “buena fe”, se abrirá otra cuenta especial en el Central donde se depositará lo que deberían cobrar estos acreedores que no entraron a los canjes, expresó.
“Estoy un poco nerviosa. Suelo tener más aplomo. Pero estamos viviendo un momento de enorme injusticia con la Argentina”, dijo Fernández, con voz quebrada, en el tramo final de su mensaje de 40 minutos.
La mandataria reiteró que el “gran negocio de los buitres”, que le reclaman a Argentina bonos impagos desde 2001 por 1.330 millones de dólares, más intereses, “es no negociar”.
Recordó que los querellantes intentaron embargar a Argentina todo tipo de bienes, hasta restos de dinosaurios que se iban a exponer en Alemania.
Dijo que Argentina pagó a través del BoNY 1.150 millones de dólares. De esa suma, precisó, 539 millones quedaron en un “limbo jurídico” porque no fueron embargados por Griesa ni tampoco llegaron a las cuentas de los acreedores.
Aseguró que la iniciativa “es para los futuros gobiernos”, y resaltó: “Si yo firmara lo que muchos quieren que firme, seguramente algunos aplaudirían, pero la bomba explotaría después. A mí me queda poco de mandato, por eso no es para este gobierno sino para el que vendrá”.
