Cuando la discapacidad se volvió importante
Los temas de discapacidad en general no han sido relevantes para los medios. Trabajo hace más de 15 años, he convocado a colegas a capacitaciones sin éxito y he visto como las notas de discapacidad son las primeras que se bajan frente a otros temas como espectáculos, deportes o política.
Los temas de discapacidad en general no han sido relevantes para los medios. Trabajo hace más de 15 años, he convocado a colegas a capacitaciones sin éxito y he visto como las notas de discapacidad son las primeras que se bajan frente a otros temas como espectáculos, deportes o política. Cuesta transmitir que las cuestiones inherentes a discapacidad son políticas: si las personas no pueden votar por falta de accesibilidad, si no se destina presupuesto para obras que mejoren la ciudad, si no se contempla la participación de público con discapacidad en actividades culturales, si no se implementan ajustes de procedimiento para que una persona con discapacidad pueda acceder a la justicia, si se aleja a un niño de su madre por presumir que su discapacidad conlleva un riesgo para el niño… todas estas cuestiones, son políticas y configuran barreras que impactan en la vida de las personas y encierran actitudes sociales profundamente crueles. Invisibilizar la discapacidad y a las personas que vivimos con una, es un acto político, así como derribar las barreras. Estas situaciones que enumero son tan sólo ejemplos y ocurrieron, aún suceden y son moneda corriente en las vidas de las personas con discapacidad.
Quienes militamos en discapacidad estamos acostumbrados a convocar para eventos sobre la temática y que seamos siempre los mismos, unos pocos, ¿pero qué pasa ahora que de golpe la discapacidad interesa? ¿Esto impactará en la calidad de vida de quienes tenemos discapacidad y vamos a seguir teniéndola cuando baje la espuma?
Este gobierno se ensañó muy especialmente con las personas con discapacidad, utilizó sistemáticamente la discapacidad como insulto y expresó desde el inicio la voluntad de quitar pensiones no contributivas instalando en la sociedad la afirmación de que todas son truchas, mostrando reiteradamente la radiografía de un perro que el vocero presidencial sabía que pertenecía a una pensión no otorgada, incluso habiendo sido advertido por Spagnuolo, según los audios que se difundieron. Así, convocaron a las personas con discapacidad que cobran pensiones (70% de la jubilación mínima, alrededor de $286.000 en agosto de 2025, incluyendo bonos) a mostrar documentación actualizada (con lo difícil que es conseguir turnos prontamente), a concurrir en algunos casos a 200 o 300 kilómetros, a lugares inexistentes, esperando muchas horas.
Se está convocando de esa forma a personas con movilidad reducida que muchas veces quedan confinadas en sus casas por la inaccesibilidad en el transporte, a personas que viven en neuropsiquiátricos que a pesar de la Ley 26.657 no se reconvierten en hospitales generales con servicios de salud mental y dispositivos de atención comunitaria, a personas con discapacidad intelectual a quienes se les dificulta entender por qué corren riesgo de que les quiten la pensión (¿Cómo explicarles que porque otras son truchas se las pueden quitar?), a personas sordas que deben autogestionarse intérpretes en lengua de señas para interactuar, a personas ciegas a quienes les puede costar llegar y a personas con discapacidad psicosocial o mental que pueden brotarse. Eso no importa, hay que sostener el déficit 0 y lo demás no importa nada y para eso, se les ofrece a los trabajadores y trabajadoras de Andis un plus por trabajar los fines de semana para dar de baja.
¿Cuál es el criterio? No se sabe, no pudieron responderlo a la Asociación «Camino Azul-TEA Formosa», quienes junto con la Defensoría del Pueblo de esa provincia, lograron un fallo que ordena a Andis dejar sin efecto las auditorías en la provincia y restituir los fondos a quienes gozaban de ese derecho. No es un beneficio, es el derecho a la protección social de las personas con discapacidad.
A esta situación, se suma que los prestadores y prestadoras que brindan atención en salud y apoyos a personas con discapacidad cobran muy poco (las y los acompañantes terapéuticos perciben $3000 por hora) y a 60 o 90 días y que el aporte del Estado a los salarios de operarios y operarias de talleres protegidos es solamente de $28000 por mes, hay 6300 trabajadores y trabajadoras distribuidos en 250 talleres, el 70% de Provincia de Buenos Aires. Esto hizo que se unieran para reclamar las personas con discapacidad, sus familias y quienes prestan servicio.
Habitualmente es difícil para las personas con discapacidad movilizar y más aún en este contexto represivo en el que se golpea a jubilados y jubiladas y el colega Pablo Grillo, por hacer su trabajo en una de las marchas de los miércoles, aún pelea por su vida. Pero el colectivo, logró movilizar y con el apoyo de diputados, algunos que ya no tienen ganas de votar contra el pueblo, se está logrando torcer el cruel veto del Presidente Milei. Resta su tratamiento en Senadores, pero parecería ser que la Emergencia en Discapacidad se va a lograr, lamentablemente no ocurrió lo mismo con el mísero aumento para jubilados y jubiladas. Veremos luego si el Poder Ejecutivo deja de llenarse los bolsillos y destina el presupuesto, porque al momento, sólo amenaza con judicializar.
La Emergencia es un parche que insume un pequeño porcentaje del PBI, un 0,488, pero también sería deseable que con el mismo ahínco, se trate la reforma de la Ley de Discapacidad, a través del proyecto 6265/ 2024, impulsado por organizaciones de la sociedad civil: la Mesa en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, APDH, Faica, la Asociación Civil Andar y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sí conllevaría una reforma en el acceso a derechos y armonizar la legislación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional en nuestro país desde 2014.
«No hubo una guerra»
Este argumento lo escuchamos reiteradamente de oficialistas, periodistas que no se informan o son funcionales y diputados/as. Este argumento no es nuevo, ya durante el gobierno de Macri el entonces diputado, ahora senador, Martín Losteau, argumentaba fervorosamente en este sentido para justificar el recorte que luego instrumentaría el Estado a la cabeza de Macri y Michetti, de alrededor de 130.000 pensiones. Prueba de que la discapacidad no nos convierte en luchadores por el colectivo, lo mismo que el género femenino no nos convierte en feministas. Sí hubo una guerra, la de Malvinas, de la que regresaron muchos compatriotas con una discapacidad. Pero además, revisando estadísticas el argumento se cae por sí solo. Según el Indec, hay un 12,9% de personas con discapacidad, es decir más de 5 millones, de ese total, 1,2 millones cobraban pensiones no contributivas. Días atrás, el vocero presidencial anunciaba exultante la suspensión de 110.522 pensiones en agosto de 2025.
No se puede analizar el otorgamiento de pensiones sin contemplar el mercado laboral que resulta expulsivo para las personas con discapacidad, es preciso entonces señalar que no todas las pensiones que se otorgan son porque la persona no pueda trabajar por sus capacidades, sino que no lo puede hacer porque ni en el sector privado, ni en el Estado se nos recibe con los brazos abiertos, no se contemplan medidas de accesibilidad ni ajustes razonables, aunque son cuestiones previstas en la Convención. Según la OIT, entre un 80 y 85% de personas con discapacidad no tiene empleo y si todas las personas con discapacidad pudiéramos ser parte del mercado laboral, los Estados recaudarían un 7% del PBI.
En relación al aumento de pensiones de 77.000 en 2003 a 1.200.000 en 2023, tiene que ver con que hasta 2003 el otorgamiento de pensiones tenía un sistema de alta por baja, por lo que, para otorgar una nueva, había que esperar que una persona se dé de baja por fallecimiento, porque consiguió un trabajo o por haber contraído matrimonio, ya que se presuponía la obligación de mantención. El Gobierno de Néstor Kirchner modificó ese requisito y con el pasar de los años y la ratificación de la Convención en 2008, se fueron flexibilizando los requisitos.
La Convención se rige por el modelo social de la discapacidad que relaciona ésta no sólo con una deficiencia, sino también con las barreras sociales que nos impiden participar plenamente en la sociedad. Así, la discapacidad pasa de ser una cuestión individual a algo colectivo que atañe a toda la sociedad. Además establece la importancia de la autonomía, la dignidad, la capacidad de tomar nuestras decisiones, la igualdad ante la ley, las obligaciones del Estado de promover el empleo, la educación inclusiva, el acceso a la salud incluyendo la salud mental y la salud sexual y reproductiva, la protección social, etc.
¿Deberían conocer la Convención funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y jueces? Sí claro, pero al igual que en el periodismo, parece que no es necesario formarse para hablar de discapacidad. En esta línea, se adecuaron ciertos requisitos como por ejemplo que no se retire la pensión cuando alguien se casa o que los operarios y operarias de talleres protegidos, quienes tenían monotributo social o quienes trabajan en cooperativas, cuyos sueldos son bajos, continúen percibiendo la pensión.
Si hay pensiones truchas, que puede haberlas, habría que investigar esas y a quienes las otorgaron, pero no auditar de este modo a las personas con discapacidad, resulta muy cruel. Además, rompen con las normas básicas de acceso a la justicia e incumple el debido proceso, ya que las auditorías ignoran completamente mecanismos de accesibilidad. Según el informe brindado por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos en el Congreso, citaron 997.654, pero sólo concurrieron 451.579. probablemente el resto no recibió la carta documento porque Andreani, la empresa de correos a la que el gobierno pagó 15 mil millones de pesos, informó que no ingresaría a barrios vulnerables, además, muchas personas cambiaron sus domicilios. Ante la inasistencia, la pensión se da de baja.
Cobertura respetuosa
Últimamente la discapacidad pasó a estar en las primeras planas de los diarios, por lo escandaloso que supone el ajuste brutal en discapacidad, en paralelo con la corrupción por la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad a través de la droguería Suizo-argentina, coimas de por medio en las que de acuerdo con los audios de Spagnuolo, ex titular de Andis, estaría involucrada la Secretaria General Karina Milei y Eduardo (Lule) Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación.
Así, varios colegas se indignan, lógicamente, pero hablan de discapacitados, de dependientes, de los chicos…
Las personas con discapacidad que fuimos parte de la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, acordamos que se nos denomine personas con discapacidad, primero la persona y luego la discapacidad, que es una característica como tantas otras. Además, la discapacidad evoluciona al igual que el género, por lo que el adjetivo da una connotación estática. Nuestras vidas van evolucionando, somos chicos y chicas, luego jóvenes y más tarde llega la adultez. La infantilización que se produce sobre el colectivo hace que no se contemplen los derechos: a trabajar, a votar y a ser candidatos y candidatas, a disfrutar de nuestra sexualidad, a cuidar… Tampoco somos dependientes, incluso si necesitaramos apoyos para la vida, para levantarnos de la cama, para asearnos, para cocinar, para alimentarnos, eso no nos hace dependientes porque tomamos nuestras propias decisiones. Tampoco nuestras vidas son necesariamente tristes ni nuestras familias “cargan” con nosotros. Hay situaciones específicas, claro, pero generalizar con situaciones excepcionales, puede llevarnos a aumentar el estigma que pesa sobre el colectivo.
Nada sin nosotros
La discapacidad parece ser el punto de quiebre que muestra el hartazgo de una sociedad compuesta por jubilados y jubiladas a quienes hasta parte del Congreso les dio la espalda, científicos y docentes universitarios que migran, trabajadores/as del Garrahan a quienes se ha estigmatizado, trabajadores/as del Estado a quienes se ha diezmado y con aumentos muy escasos, periodistas y referentes de la cultura, sobre todo mujeres, censuradas y maltratadas con todo el aparato de las redes. Parece que la libertad de expresión es una realidad para expresarse en relación a Ian Moche, pero no para develar audios de interés público.
Sólo espero que pasada la tormenta, siga siendo un tema de interés y la sociedad pueda dimensionar la necesidad de las personas con discapacidad de ser parte de la sociedad, no como una dádiva, no como un favor, sino reconociendo el aporte que podemos hacer en los distintos ámbitos en los que nos desempeñemos. De lo contrario, la emergencia, el poner el cuerpo en las marchas y en distintas protestas, la lucha de los compañeros y compañeras que se exponen, que explican frente a las cámaras, no habrá valido la pena y no habremos madurado como una sociedad que reciba a todos, todas y todes.
Por Verónica González Bonet *
* Periodista – Integrante de REDI (Red por los derechos de personas con discapacidad)
