Del virus al bosque nativo
Esta columna no se ocupa del coronavirus, pero sí destaca la prudencia y seriedad de las autoridades nacionales, evidenciada en la conferencia de este domingo.
Esta columna no se ocupa del coronavirus, pero sí destaca la prudencia y seriedad de las autoridades nacionales, evidenciada en la conferencia de este domingo.
Tras cuatro años de saqueo y mentiras, el desastre sanitario y el desabastecimiento de vacunas que produjeron Mauricio Macri y sus mafias, hicieron que después de 19 años sin sarampión, hoy el sarampión volviera a ser epidemia y ha causado ya algunas muertes. Y la eliminación criminal del escudo epidemiológico contra el dengue que hasta 2015 protegía a millones de argentinos en las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil, hoy ya produce muertes por dengue en nuestro país.
Y es que más allá del miedo y el desquicio presentes, son las condiciones ambientales del planeta las que vienen siendo alteradas en todos los órdenes y en todos los continentes, y en consecuencia el peligro para la humanidad va mucho más allá de cepas y contagios. En realidad, las autoridades planetarias de casi todos los países, y especialmente del hipercapitalismo hegemónico, siguen estropeando el medio ambiente de manera irresponsable y atentatoria contra la paz mundial. Lo que es más letal y sigiloso que todos los virus del mundo.
La contradicción está servida y a la vista, porque cuantos más satisfactores tienen los casi 8.000 millones de habitantes del hiperpoblado planeta Tierra, más atentados contra el medio ambiente se producen y más prenuncian exterminios.
La cuestión ambiental –tema recurrente de esta columna– es uno de los más severos problemas desatendidos de la Argentina del siglo 21. El deterioro medioambiental de nuestro país parece indetenible, y se agrava día a día por la irresponsabiidad de los grandes productores agropecuarios y la ya proverbial inacción de autoridades que gobierno tras gobierno claudican en el control del cumplimiento de las leyes.
Los hechos son elocuentes: en menos de 25 años se han vertido más de 500 millones de litros de agrotóxicos y nada detiene este crimen de lesa humanidad; el abuso de monocultivos como la soja han pervertido vastos territorios y hoy las napas de agua, que dieron fama a la pampa húmeda argentina, ya no están a diez metros de profundidad sino a dos metros, y ésa es la causa principal de las inundaciones en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y la Ley 26331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, es en los hechos letra muerta.
Sancionada por el Congreso en 2007 y reglamentada en febrero de 2009, esta ley establece que el ordenamiento territorial y cuidado de los bosques nativos estará a cargo de las provincias, y a la vez categoriza los usos posibles de los bosques naturales. Pero la experiencia concreta de la década de vigencia de esta ley permite calificar los resultados como desastrosos. Producto quizás de falsas concepciones de federalismo, en los hechos cada gobierno provincial ha descuidado tanto sus bosques que hoy provincias milenariamente riquísimas en bosques naturales son pampas sojeras.
Y todo agravado porque las selvas autóctonas del norte argentino fueron siempre, y siguen siendo las que quedan, bosques con gente. Con seres humanos de etnias originarias que pueblan esos bosques donde producen la mejor miel de exportación pero están siendo desplazados. Y acusados de vagos o indolentes porque son «indios» y morenos y pretenden quedarse en sus tierras ancestrales que les fueron robadas en los papeles desde que la «civilización» se apropió de sus territorios con leyes y títulos de propiedad a medida de las oligarquías que forman hoy el consorcio latifundista seguramente más concentrado del mundo.
Sabido es también que la expansión agrícola, en beneficio de unas pocas familias y empresas, ha vaciado de pobladores casi 600 pueblos del interior; producido el cierre de decenas de escuelas rurales y gestado migraciones no planificadas hacia las periferias de las grandes ciudades (con sus secuelas de desempleo, violencia, devastación educativa y crisis habitacionales, de salud y de servicios). Y es que los conurbanos no son sólo el bonaerense, como piensan en Buenos Aires; también son ultraproblemáticos en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Resistencia y otras ciudades.
Provincias enteras como Santiago del Estero o Salta, casi toda Córdoba, la mitad norte de Santa Fe, y dos tercios del Chaco han sido arrasados –y siguen siéndolo mientras se escribe esta nota, hora a hora– por la tala de bosques nativos que la lucha de decenas de ONGs no han conseguido detener. El mapa de bosques argentinos es hoy patético, con varios millones de hectáreas en categorías Roja (está prohibido cualquier uso) y Amarilla (se permiten intervenciones acotadas), y es evidencia palmaria que hoy la soja y sus agresivos modos de cultivo son los reyes del «campo» –otrora bosques– y con los emprendimientos madereros irresponsables (que no reforestan los territorios talados) están condenando a la mitad de la Argentina a ser un desierto dentro 30 a 40 años.
Aunque se acuse a este texto de exagerado, así está la cuestión, e incluso en estos días con tremendas presiones sobre el gobernador de mi provincia, Jorge Capitanich, que fue el intendente de Resistencia que más árboles plantó, y quien al asumir en diciembre pasado anunció su decisión de traspasar el control de aplicación de la Ley de Bosques en el Chaco, del Ministerio de Producción a la Subsecretaría de Ambiente. Medida largamente esperada debido a infinitas presunciones de corrupción por el constante otorgamiento de «permisos» para talar bosques que están prácticamente devastando el otrora tesoro natural conocido como El Impenetrable.
Decidido a traspasar el ordenamiento territorial y la fiscalización del uso del bosque a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente (a cargo de Marta Soneira, una reconocida luchadora ambiental), en los últimos días se evidenciaron duras presiones sobre el gobernador, que es notorio que estaría siendo hostigado por empresas tanineras y cierta prensa local debido a denuncias de desmonte ilegales. Siete predios fueron denunciados por Greenpeace, por uso de topadoras en áreas no permitidas.
Fue esperanzadora, días atrás, la ratificación que hizo Capitanich de su decisión inicial, en una reunión con más de 30 ONGs socioambientales, y en el sentido de actualizar a la brevedad el ordenamiento, poniendo de una vez la fiscalización a cargo de Soneira, así como crear un Consejo Ambiental Provincial que es imperativo si el Chaco quiere seguir siendo una provincia boscosa, pulmonar para la república.
Por Mempo Giardinelli
