Derechos laborales, la batalla
Fue lo que proclamó Milei en Davos y que aquí se expresa con el proyecto de eliminar los derechos laborales de un tajo, no de manera gradual, como lo intentó Macri.
Fue lo que proclamó Milei en Davos y que aquí se expresa con el proyecto de eliminar los derechos laborales de un tajo, no de manera gradual, como lo intentó Macri. Porque ven en ese gradualismo el riesgo de que aparezca la capacidad de resistencia y que eso les impida avanzar.
Para dejarlo en claro desde el principio: no son cuestiones formales las que hacen objetable la reforma laboral que intenta imponer el gobierno bajo decreto de necesidad y urgencia (aunque las formas también importan, en tanto señalan los equilibrios entre poderes en un sistema democrático). A lo que se oponen las organizaciones gremiales, sociales y políticas cuando reclaman la anulación del capítulo laboral, Título IV, del DNU 70/23, es a la liquidación de los derechos de los trabajadores y del protagonismo del trabajo, en su oposición a los intereses del capital (el más concentrado) en la disputa de ingresos y en la definición de modelos económicos. Si alguna duda cabe, es un buen ejercicio volver a escuchar y entender el trasfondo del discurso de Javier Milei en Davos, en el que proclamó la consigna de todo el poder al Capital. Y al resto, ni un Estado que arbitre entre débiles y poderosos.
En la semana que termina se fueron definiendo algunos puntos centrales en esta batalla. La Justicia, a través de la Cámara Nacional del Trabajo, definió que será la Corte Suprema quien resuelva sobre los pedidos de nulidad de la Reforma Laboral por DNU. La Corte, de vacaciones, por ahora no suspendió su descanso por la cuestión, lo que indicaría en principio que lo de la «necesidad y urgencia» no la convence demasiado. Las organizaciones sociales y de la cultura estrechan filas en torno a la CGT y las CTA, preanunciando que la marcha del 24 va a tener una participación multitudinaria. Desde la otra vereda, La UIA, la Cámara Argentina de Comercio y el G 6 cordobés se hacen amigos del gobierno en la causa, Amicus Curiae, y piden intervenir en la evaluación judicial para sostener, «desde su experiencia», la conveniencia de permitir que la reforma siga adelante.
Repasemos. El DNU intenta imponer un profundo cambio de reglas en el mundo del trabajo. Entre otras: la extensión del período de prueba de tres a 8 meses para los empleados ingresantes; limitaciones al derecho de huelga y facilidades para despedir a quienes participen de medidas de fuerza; caída de los salarios de convenio y otras obligaciones patronales cuando aquél vence si no es renovado con un nuevo convenio.
¿Es un mecanismo eficiente para generar trabajo formal? La experiencia fáctica no lo demuestra. Al contrario, los ejemplos de recorte de derechos a los trabajadores, en épocas de De la Rúa, Menem o Macri, sólo trajeron desempleo y pérdida de calidad laboral. ¿Por qué? Porque este tipo de políticas (y criterios de gobierno) van de la mano de ajustes recesivos, con los que el empleo no crece, sino que se pierde.
Por el contrario, el mayor alentador del empleo ha sido constantemente en la historia reciente el crecimiento económico. A mayor actividad, más empleo. Es cierto que en las últimas décadas este impulso al crecimiento del empleo arrastró en paralelo al empleo formal y al precario. Lo cual indica que el problema de la informalidad, si fuera eso lo que se quiere corregir, debería tratarse con otras recetas, no con la de abaratar el empleo formal quitándole derechos o facilitando los despidos.
Las centrales sindicales reaccionaron ante el evidente hachazo a sus derechos. Se le sumaron las organizaciones de la cultura, de la economía social y hasta organizaciones pyme, que ven cómo el ajuste en marcha se va devorando al mercado interno del cual viven. «Y tenemos que soportar que el vocero presidencial diga que todavía no entienden por qué adherimos a las medidas de la CGT», comentó indignado un dirigente empresario del sector.
Pero la reforma laboral no es un capricho, sino que expresa intereses de un sector del empresariado al cual el gobierno quiere empoderar. Y así lo interpretó fielmente la Unión Industrial Argentina, que no sólo respalda la reforma de las leyes laborales sino que además la revindica como propia, recordando que muchos de esos puntos ya habían sido planteados como propuestas a los candidatos en campaña. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios se sumó a la UIA con parecidos argumentos.
La UIA acompañará al gobierno en los tribunales en su propuesta de reforma laboral extra parlamentaria «con la intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación laboral, ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias», señaló a mitad de esta semana en un comunicado. Pero las organizaciones pyme no se expresaron en el mismo sentido.
«Las reformas planteadas configuran el camino correcto hacia la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad y sientan las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles», auguró la central fabril, conducida por un abogado laboralista de entidades patronales, Daniel Funes de Rioja.
Para Carlos Girotti, secretario de Enlace Territorial de la CTA de los Trabajadores, uno de los intelectuales más lúcidos del denominado campo nacional y popular, en opinión compartida por muchos, el ataque a la legislación laboral expresa la intención del gobierno de Milei de «cambiar la relación entre capital y trabajo que permaneció vigente por casi 80 años, desde el surgimiento del peronismo; y la quiere liquidar de un plumazo, no de manera gradual, como lo intentó Macri. Porque ven en ese gradualismo el riesgo de que aparezca la capacidad de resistencia y el protagonismo del trabajo, y que eso les impida avanzar».
Desde su óptica, Javier Milei no representa la tradicional política neoliberal de «los gobiernos que buscan consolidar la hegemonía del capital ejerciendo la dirección política de la sociedad, eso no le importa. Esta es una brigada de demolición que lleva adelante una acción para destruir lo más rápido posible esta relación entre capital y trabajo, que ya consideran lesiva a sus intereses».
De algún modo, el discurso de Javier Milei en Davos fue una expresión de ello. No es un modelo de Estado, un modelo de conducción lo que propone, sino la negación del Estado. Fue un llamado a que las empresas más poderosas del mundo asuman la condición de líderes del proceso de crecimiento económico pasándole por arriba al Estado. Un discurso que provocó perplejidad en la platea del Foro, pero excitación a un personaje como Elon Musk.
Esta misma semana, comentó el dirigente de la CTA-T a este diario, hubo un encuentro en Córdoba para la coordinación del respaldo a la movilización del miércoles 24. Participzaron las dos CTA, la CGT local, UTEP y diversas organizaciones sociales, territoriales y políticas. «Era un encuentro organizativo y se convirtió en un movimiento de unidad, donde la coincidencia principal fue la necesidad de formar un frente popular que le cierre el camino al avance brutal de una derecha salvaje. No nos une el espanto, sino la necesidad», manifestó Girotti.
Donde el gobierno ve modernización económica, otros ven riesgo de cierres de empresas, empobrecimiento por el salto inflacionario y una recesión demoledora. No es que unos no la ven, sino que la ven distinto. Y el contraste empieza a corporizarse en un inevitable choque de intereses.
