Descalabro mayúsculo
Cuando se analiza la evolución histórica de la estructura y la presión tributaria en la Argentina se observa un evidente cambio de patrón en los últimos años.
Cuando se analiza la evolución histórica de la estructura y la presión tributaria en la Argentina se observa un evidente cambio de patrón en los últimos años. En cuanto a la presión tributaria se puede advertir que en 2015 la recaudación de impuestos como porcentaje del PBI aumentó casi 13 por ciento en relación a los 90. Respecto de la estructura tributaria se observa como a finales de la década de 1990 de cada 100 pesos que se recaudaban 53,8 pesos provenían de los impuestos al consumo, que son por excelencia los más regresivos, al gravar con la misma alícuota a los distintos estratos de la población. En tanto, también en los 90, se recaudaban 4,6 pesos de cada 100 en virtud de gravámenes al comercio exterior y 1,6 pesos a través de impuestos al patrimonio. Esta composición ha mutado significativamente en los últimos años en la medida que en el año 2015 solo 34 pesos de cada 100 recaudados correspondían a impuestos al consumo (casi veinte pesos menos que en los 90) mientras que los gravámenes al comercio exterior aportaron 9,4 pesos de cada 100 (en el promedio de los años 2011-2015) y los impuestos al patrimonio proveyeron en 2015 casi 8 pesos de cada 100 recaudados. Es habitual escuchar sobre el carácter “distorsivos” sobre la actividad económica de los derechos a las exportaciones. No obstante, en países con ventajas competitivas tan marcadas en materia primaria, la aplicación de gravámenes sobre la venta al exterior del producido del agro no implica más que una incipiente compensación frente a la percepción de recursos extraordinarios por parte de un sector de importante grado de concentración.
La reforma tributaria propuesta por el oficialismo se cimienta sobre dos grandes pilares filosóficos. Uno relativo a la necesidad de disminuir la presión tributaria sobre el sector privado, en especial al gran empresariado. Otro vinculado con armonizar el resto de las variables para que el cumplimiento de lo primero no afecte macroeconómicamente la situación fiscal. El sistema tributario argentino no está exento de problemas: alta evasión, bajos incentivos para los que cumplen y proliferación de regímenes transitorios que comienzan como parches y al tiempo se vuelven permanentes. Además, suele enfatizar de manera excesiva la relevancia de una disposición institucional “amigable” para con que el capital transnacional comprometa inversiones productivas en nuestro país. No obstante, la matriz decisoria en materia de inversión es amplia, y los vectores de competitividad pasan en gran medida por factores de demanda, encadenamientos productivos regionales y perspectivas globales. La baja endogeneidad del sistema tributario a la hora de explicar el comportamiento empresario no se replica en materia (re)distributiva. En ese sentido, determinado arreglo impositivo en detrimento de otro, puede influir significativamente sobre la equidad distributiva y el desarrollo con inclusión social.
El objetivo de la reforma es cimentar la estructura tributaria local sobre impuestos al consumo y a las ganancias. En la práctica, lo que ocurrirá es una mayor incidencia del peso del IVA sobre el total de la recaudación. En efecto, cuando se toma la relación entre recaudación de IVA y de impuesto a las ganancias, como indicativo de la progresividad del sistema, se observa un deterioro en los últimos dos años. Mientras en el promedio de 2015 se percibían 119 de IVA por cada 100 pesos que se recaudaban por ganancias, esa relación pasó a ser de 140 pesos de IVA por cada 100 pesos de ganancias en 2016 y 142 de IVA por cada 100 de ganancias en los primeros once meses de 2017. Con la futura reforma, esta tendencia se profundizará, ya que el proyecto oficial incluirá la posibilidad de imputar parte del impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias. Además, pretende disminuir gradualmente la alícuota aplicable sobre ganancias corporativas en 10 puntos porcentuales. Ambos efectos reducirán la recaudación neta de este impuesto, progresivo y virtuoso para todo sistema impositivo.
La situación así planteada deriva en un esquema “perder-perder” en el cual, de convalidarse una aprobación parcial, el sistema tributario funcionará de manera desarticulada e ineficiente. En caso de lograrse una aprobación plena de los proyectos de reformas estructurales presentados, el descalabro puede ser mayúsculo y la regresividad del sistema, incrementarse de forma aguda.
