Destacan que gracias a las políticas públicas el trabajo infantil se redujo en un 66% en la última década
13/06/2014 El PaísLa Asignación Universal por Hijo (AUH), el plan Progresar, el Argentina Trabaja, el FINES, los regímenes de empleo rural y doméstico, y las modificaciones legislativas para reforzar su erradicación han contribuido desde 2003 a la fecha a «sacar» a los niños y niñas del mercado laboral. Al conmemorarse hoy el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el director del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (CEDEP), Lucas Utrera, destacó que «desde 2003, en línea con los postulados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina cuenta con una política pública plasmada en los sucesivos planes nacionales para la erradicación del trabajo infantil».
Precisamente, un reciente informe de la OIT señaló que «Argentina ha ratificado su compromiso por impulsar estrategias integrales a través de una combinación de políticas que logren erradicar el uso de los menores como fuerza laboral, entendiendo a esta lucha no como un objetivo de gobierno, sino como una cuestión de Estado».
Utrera afirmó que en la última década «se viene fortaleciendo la gestión en cuestiones legales, institucionales, educativas, sanitarias y sociales». Precisó que «como resultado, se pasó de 6,4 por ciento de empleo infantil en niños menores de 13 años en 2004 a 2,2 en 2012, lo que representa una disminución de 66 por ciento, tanto para trabajo doméstico y autoconsumo, como en actividades productivas».
«Se pasó de 6,4 por ciento de empleo infantil en niños menores de 13 años en 2004 a 2,2 en 2012, lo que representa una disminución de 66 por ciento»
Remarcó que «un logro significativo es la sanción de la Ley 26.390 que colocó al país a la vanguardia en materia de edad mínima de acceso al empleo, al elevarla hasta los 16 años, además de regular el trabajo adolescente, entre los 16 y los 18».
Indicó que «a esto se suma, en abril de 2013, la Ley 26.847 que modifica el Código Penal, y establece que será reprimido con prisión `de uno a cuatro años` al que `aprovechare económicamente` el trabajo de un `niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave».
Por su parte, la investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Mariana Melgarejo indicó a Télam que «cuando se decide como Estado proteger los derechos de los niños es necesario generar las condiciones normativas y legales para que eso pase, pero para garantizarlos con las leyes solas no alcanza».
En ese sentido, sostuvo que «también hay que fortalecer a las familias más pobres para que dependan cada vez menos del ingreso que proporcionan los chicos».
«Por eso se necesitan políticas públicas integradas que mejoren las condiciones apuntando en dos sentidos: mejorar el ingreso y los niveles de escolarización», remarcó Melgarejo.
En tanto, Utrera también destacó «la inédita experiencia de la Red de Empresas contra el Trabajo infantil, formalizando el compromiso del sector empresarial en el combate a este flagelo».
«Todos estos avances se enriquecen con una serie de políticas públicas que permiten el abordaje multidimensional de la problemática y contribuyen con el fortalecimiento de la escolarización y el bienestar de los niños», afirmó el director del CEDEP.
Señaló que «la AUH, el PROGRESAR, el FINES, la nueva normativa sobre el trabajo doméstico y el rural, así como el fortalecimiento de las inspecciones laborales, son sólo algunas de las acciones emprendidas que le han dado mayor visibilidad al trabajo infantil».
Sobre la AUH, la CEPAL y la OIT ponderaron su efectividad en la reducción de la pobreza y del empleo infantil.
En el trabajo recientemente publicado «Los Programas de Transferencias Condicionadas y el mercado laboral», ambos organismos aseguraron que los recursos otorgados mediante estos planes «por lo reducido de los montos, no suelen incidir en una menor inserción laboral de los adultos en edad de trabajar, pero sí, tal como es su intención, de los niños».
Así, puntualizaron que los Programas de Transferencia Condicionadas «han logrado tener el efecto deseable de desincentivar el trabajo infantil».