Dos provincias opositoras demandan a la Nación en la Corte
La Pampa y Santa Fe, gobernadas por Carlos Verna y Miguel Lifschitz, respectivamente, acudirán al máximo tribunal para reclamar abultadas deudas no abonadas por el Estado nacional.
La Pampa y Santa Fe, gobernadas por Carlos Verna y Miguel Lifschitz, respectivamente, acudirán al máximo tribunal para reclamar abultadas deudas no abonadas por el Estado nacional.
Los gobernadores de las provincias de La Pampa y Santa Fe, el justicialista Carlos Verna y el socialista Miguel Lifschitz, recurrirán nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamarle al Estado nacional el pago de miles de millones de pesos en deudas.
En plena campaña electoral, y con panoramas adversos en sus distritos teniendo en cuenta los resultados de las PASO y las encuestas, Verna y Lifschitz redoblaron sus críticas a la presidencia de Mauricio Macri y apuntaron a recurrir al máximo tribunal judicial para solucionar reclamos económicos de larga data y que, según los mandatarios, el Ejecutivo nacional no estaría dispuesto a ceder.
En el caso de La Pampa, las autoridades provinciales ya se presentaron ante la Corte, reclamando una presunta deuda previsional de parte de la Nación y la Anses, por más de 3 mil millones de pesos, por el déficit de la cajas jubilatoria provincial para abonar el equivalente al 82 por ciento que no se cubrió entre los años 2009 y 2014, y una diferencia de 2016. La presentación fue realizada en los últimos días de la semana pasada por el fiscal de Estado Alejandro Vanini y el procurador general de Rentas, Hernán Pérez Arajo.
En un comunicado de prensa, que replicó la agencia Télam, el gobierno pampeano dijo que se solicitó el pago «por parte del Estado nacional de la suma que resulte de la determinación de los déficits previsionales correspondientes a los años 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014 y la diferencia determinada respecto del período 2016».
«Para el caso de negativa u omisión de Nación o de Anses, de conformar los informes finales -auditorías- se solicita que se tengan por determinados los montos resultantes de las auditorías realizadas por el Instituto de Seguridad Social de la provincia, que asciende a 3.371.172.137,53 pesos», indicó el procurador Pérez Araujo.
Sostuvo que las modificaciones previsionales de La Pampa que incrementaron el déficit, como el pago del 82 por ciento móvil, «siempre fueron soportadas» por la Provincia a través de Rentas Generales (en la Caja Policial) y el Fondo Complementario (en los Regímenes Civil y Docente).
«Los convenios firmados y reclamados obligan al Estado nacional a financiar el 100 por ciento del déficit del sistema previsional conforme la legislación vigente a 1999. Por lo cual, no varía el importe que debe abonar si existen formas de liquidación de las prestaciones y sus ajustes en la Provincia que sean diferentes a Nación. O sea, lo que en más se abona a los jubilados pampeanos lo paga la Provincia», agregó el funcionario.
El procurador consideró que «la actual postura de Nación, de solicitar para pagar sumas debidas que el régimen previsional provincial sea absolutamente igual al nacional, resulta jurídicamente inaceptable. No está pidiendo armonización, está exigiendo equiparación absoluta».
Además, manifestó que aceptar el pedido de Nación «implicaría un retroceso en los haberes de los jubilados pampeanos, a quienes habría que bajarles el monto jubilatorio que perciben en la actualidad y limitar el derecho y expectativa jubilatoria de los actuales activos».
Por su parte, Lifschitz anunció que Santa Fe volverá a recurrir a la Corte para intentar cobrar una deuda de la Nación en concepto de dinero indebidamente descontado de la coparticipación federal, estimada en unos 50 mil millones de pesos, que el máximo Tribunal ordenó cancelar hace casi dos años. «Ya hemos tomado la decisión, así que en los próximos días vamos a estar haciendo la presentación. Estamos ultimando los escritos y el fundamento, como para poder hacer la presentación formal», indicó el mandatario en declaraciones efectuadas tras inaugurar la nueva sede del Sindicato de Ladrilleros, en Santa Fe.
Lifschitz dijo que la presentación se llevará a cabo «entre esta semana y la próxima», y advirtió que el nuevo reclamo judicial «no excluye ninguna negociación» y que «se puede seguir conversando». «Si hubiera alguna propuesta, alguna iniciativa del gobierno nacional, podríamos seguir conversando», añadió, al tiempo que explicó que volver a accionar judicialmente implica «empezar a ponerle punto final a los tiempos y a los plazos tan extendidos».
Para el mandatario, «cuando la Corte sacó su fallo, en noviembre de 2015, tenía la expectativa de que esto se arreglara rápidamente», y contó que un miembro de la Corte le confió que «es mejor que estas cosas las arregle la política, pero si la política no las arregla, la Corte va a tomar una posición».
Sobre los plazos procesales dijo que no cree que demore seis años, como el reclamo original, «porque ahora ya hay un fallo; ya no hay dudas sobre los fundamentos de la cuestión de fondo».
«Hay un fallo que es irrevocable, inapelable; es un fallo de la Suprema Corte, por lo tanto simplemente lo que tiene que hacer el tribunal es lograr que las partes involucradas lleguen definitivamente a un acuerdo y resuelvan el problema. Me parece que habrá predisposición y voluntad para buscar una solución rápida», completó.
