EEUU rechazó la demanda del Gobierno ante La Haya
No se someterá a la jurisdicción de ese organismo porque no es el “apropiado para tratar los temas de la deuda argentina”. Piden que se siga negociando con acreedores.
El Gobierno de Barack Obama rechazó ayer la denuncia que presentó la Argentina contra Estados Unidos (ante la Corte Internacional de Justicia) por “violación de soberanía” de los tribunales estadounidenses en la disputa que nuestro país tiene con los fondos buitres y dijo que no se someterá a la jurisdicción de ese organismo, por lo que la fuerte apuesta argentina no tendrá ningún efecto.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo que habían recibido “la noticia en La Haya de que la Argentina buscó abrir una causa contra EEUU en la Corte Internacional de Justicia sobre cuestiones involucradas con la disputa con los tenedores de bonos en las cortes federales de Nueva York”.
La fuente oficial señaló: “Nosotros no vemos a la Corte Internacional de Justicia como la jurisdicción apropiada para tratar los temas de la deuda argentina” y aclaró que EEUU “continúa urgiendo a Argentina a que negocie con sus acreedores para resolver las cuestiones que faltan con los bonistas”.
El Gobierno de Cristina Fernández había buscado el jueves abrir un nuevo frente en la batalla judicial que sostiene con los fondos buitres y con la Corte neoyorquina encabezada por el juez Thomas Griesa, al presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una denuncia contra Estados Unidos porque, según entiende la Argentina, la Justicia estadounidense había adoptado “decisiones que vulneran la determinación soberana” de reestructurar la deuda externa argentina.
Pero la clave de esta presentación era que, para que el juicio pudiera concretarse, el Gobierno estadounidense debía aceptar la jurisdicción de este tribunal, algo que los especialistas en Derecho Internacional consideraban un escenario muy improbable.
Así, la declaración que un portavoz del Departamento de Estado hizo ayer, cerró de plano la posibilidad de que la iniciativa prospere en La Haya.
La Presidenta había hecho el anuncio por cadena nacional y había acusado al juez Griesa de ser “un juez municipal que quiere atropellar y llevarse por delante la soberanía de un país”.
En la Casa Rosada, la Presidenta había explicado que la Corte de La Haya “existe pare evitar que los países que tenemos diferencias nos agarremos a los misilazos o a los bombazos”.
No es la primera vez que el kirchnerismo recurre a este Tribunal. Hace pocos años lo utilizó para solucionar el caso con Uruguay por la instalación de la pastera Botnia.
En su conferencia de prensa, ayer por la mañana, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich había manifestado que esperaba que EEUU asumiera su responsabilidad por “el comportamiento de su Poder Judicial” y que la decisión de haber acudido a la CIJ tenía la intención de “generar mecanismos de solución pacífica de una controversia”.
El abogado y asesor de la Argentina ante esa Corte, Marcelo Kohen, declaró ayer en radio Vorterix que nuestro país “invitó a Estados Unidos a aceptar la competencia de la Corte para dirimir esta controversia, que ya no es con los fondos buitres, sino de Estado a Estado”.
El abogado señaló que hasta ahora la Casa Blanca “se ha escudado en la división de poderes” para no involucrarse en el caso y dijo que si Washington no aceptaba la jurisdicción de la Corte internacional “tiene que formular una propuesta de solución alternativa”.
El portavoz del Departamento de Estado no quiso pronunciarse sobre alguna otra solución y urgió al Gobierno a seguir negociando.
Hasta el momento, el Departamento de Estado apoyó los argumentos legales de la Argentina contra los fondos buitres, pero siempre destacó que era un tema de la Justicia en la cual no debía involucrarse el Gobierno de Obama y llamó a que las partes negocien para llegar a un acuerdo.
Griesa duro con la Argentina: ahora la amenazó por desacato
“El aviso legal que la República Argentina publicó en Wall Street Journal y The New York Times el jueves es falsa y engañosa”. El juez Thomas Griesa lo repitió una docena de veces y al final amenazó con que si el Gobierno no pone fin a este tipo de declaraciones “será necesario considerar que Argentina está en desacato”.
En cuanto tomó la palabra, el abogado de Argentina, Jonathan Blackman, se distanció del aviso diciendo que su estudio no había participado en la redacción. “Yo me enteré leyendo el diario cuando usted llamó a esta audiencia”, explicó palabras más palabras menos.
“Lo que hay entender es que los Estados frecuentemente adoptan posiciones que no son necesariamente legales, sin el consejo de sus abogados”, agregó Blackman visiblemente inquieto y dando de ejemplo las declaraciones que muchas veces hace Barack Obama.
El desacato en Estados Unidos es una figura jurídica muy seria. Si un individuo no cumple un fallo y lo declaran en desacato, va a la cárcel a menos que tenga serios alicientes. Evidentemente una corte no puede enviar a la cárcel a un país soberano en desacato.
Pero lo que sí puede hacer es sancionarlo económicamente y también puede eventualmente quitar las visas de ingreso a Estados Unidos a sus funcionarios.
Griesa objetó el aviso legal publicado no sólo en esos dos diarios estadounidenses sino que también en los diarios argentinos porque sólo habla de la obligación que tiene Argentina de pagar a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y de 2010.
Pero “omitió” referirse a la segunda obligación que, según el fallo de Griesa, es la de pagar a los holdouts al mismo tiempo que se paga a los bonistas.
“No se puede hacer sólo una parte del pago y llamarlo pago. Un pago tiene que incluir el cumplimiento de toda la gama de obligaciones”.
Griesa estaba furioso porque durante la audiencia del viernes pasado le había dicho al abogado de Argentina, Jonathan Blackman, que ese tipo de declaraciones deben terminar y que él era encargado de monitorear de que efectivamente terminen.
Pese a la amenaza de declarar a Argentina en desacato, Griesa siguió insistiendo en que lo más importante es el proceso de discusiones iniciado con el mediador Dan Pollack.
“La Corte comprende que Argentina puede tener razones para no pagar”, dijo Griesa recordando que ése era el tipo de temas que debían ser negociados por la partes con Pollack de mediador. “Las partes tiene que cooperar con él”.
Tras la audiencia, Pollack emitió un comunicado en el que afirma que “es mi intención convocar u conducir más negociaciones hasta que se llegue a un acuerdo, todo el tiempo que sea necesario”.
Desde que fracasaron las negociaciones no hubo ninguna señal de que el Gobierno argentino quiera volver a sentarse en una mesa de negociaciones con Dan Pollack, a quien se considera parcial y vocero de los buitres.
Durante la audiencia, Blackman planteó la manera en que los fondos buitres lo han atacado a través de ATFA, una organización de lobby a favor de los buitres en Washington, acusándolo de haber recomendado el default y mostrándolo en una fotografía en que aparece un buitre con la cabeza de Blackman.
Según, el abogado de Argentina ese ataque gratuito ha perjudicado no sólo a él sino que también a su familia y a su estudio
Griesa dijo que lamentaba mucho los ataques, pero que es necesario concentrarse en que las partes retomen las negociaciones. “Eso es lo más importante”.
