El 60% de hogares peruanos depende de la informalidad
Los más afectados son los niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes viven en áreas rurales. Todos ellos están más expuestos a la inseguridad alimentaria.
Los más afectados son los niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes viven en áreas rurales. Todos ellos están más expuestos a la inseguridad alimentaria.
Entre 2019 y 2023, la incidencia de la pobreza en las áreas urbanas de Perú aumentó más de 10 puntos porcentuales. A estos indicadores se suma la vulnerabilidad de la población en el ámbito laboral: más del 60% vive en hogares que dependen exclusivamente del trabajo informal, según un nuevo estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los más afectados son los niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes viven en áreas rurales. Todos ellos están más expuestos a la inseguridad alimentaria.
Luego de la pandemia y la recesión de 2023, nuevos indicadores exponen la fragilidad detrás del milagro económico peruano. Aunque, entre 2004 y el 2019, el país tuvo un crecimiento económico sostenido que permitió reducir los índices de pobreza del 59% al 20%, esto no se tradujo en una disminución de la vulnerabilidad.
A la fecha, más del 60% de los peruanos vive en un hogar en donde todos sus integrantes dependen de un empleo informal, de acuerdo a un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La cifra es casi 22 puntos porcentuales mayor al promedio de América Latina y el Caribe (42,5%) y hace que el país sea más sensible a shocks como el de la emergencia sanitaria por la covid-19.
Entre los grupos más afectados por esta situación destacan los menores de 5 años y los adultos mayores: más del 60% de esta población vive en hogares conformados por personas que trabajan en el sector informal, una característica que los expone a contextos de inseguridad alimentaria.
Silvana Vargas Winstanley, socióloga y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, explica que esto genera propensión a enfermedades, problemas de aprendizajes y dificultades para relacionarse con otras personas.
“Una persona que experimenta hambre va perdiendo su dignidad. Esa exposición a la inseguridad alimentaria es una condición particularmente grave para los niños, para los adultos mayores y, en muchos casos, para las personas con discapacidad”, alertó la también docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
A diferencia de investigaciones previas, el informe de la OCDE —que abarca a 19 países de la región— analiza la informalidad laboral desde el hogar, teniendo en cuenta los impactos que acarrea esta situación en el bienestar de las personas.
Distribución de la población por grado de informalidad en los hogares
En Perú más del 60% vive en hogares donde sus miembros laboran sin beneficios sociales.
Para eso, los investigadores clasificaron a los hogares en tres categorías: informales (conformados solo por trabajadores de este tipo), formales (integrados únicamente por trabajadores con esta condición) y mixtos (aquellos que tienen miembros con empleo formal y otros con trabajo informal).
Así, detectaron que, en Perú, más del 55% de los trabajadores formales viven en un hogar mixto. Esto equivale a 20 puntos más que el promedio regional. En el caso de los trabajadores informales, mientras tanto, casi el 80% se encuentra en un hogar informal. En este indicador, Perú solo es superado por Colombia, Honduras y Bolivia, cuya tasa oscila entre el 80% al 90%.
Las cifras exponen la vulnerabilidad de esos hogares. Y, también, las limitaciones para los miembros dependientes de dichas familias a la hora de acceder a la cobertura de salud del sistema de seguro social. En paralelo, estas características hacen que los trabajadores informales tengan más limitaciones para obtener créditos.
Los trabajadores independientes y aquellos que contribuyen en las familias sin recibir un salario también pertenecen, en su mayoría, a hogares informales: 70% y 80%, de manera respectiva. De acuerdo a la OCDE, estar en estas situaciones lleva a tener pocas protecciones laborales, como las de un contrato y de estabilidad. Además, se asocia a ingresos bajos y horas excesivas de trabajo.
Para la abogada laboralista Kelly Sarmiento Leuyacc estos datos evidencian que en Perú la lucha contra la informalidad se queda “en el papel”.“Lo que se ve es que las personas trabajan el día a día, de manera informal, simplemente para cubrir [sus] necesidades básicas”, remarca.
Contrastes entre trabajadores urbanos y rurales
La condición de un trabajador —es decir, si trabaja para alguien, si es empleador, independiente o contribuye a su familia— puede reflejar que tan solvente es económicamente. Todo esto influye en los integrantes vulnerables del hogar, según la OCDE.
El estudio señala que no solo el 60% de hogares dependen completamentamente de la informalidad Así se tiene que casi el 50% de empleados en Perú viven en un hogar informal, más del 30% está en hogares mixtos y casi 20% en hogares formales. Estos últimos son los que tienen más oportunidades de contar con algún tipo de protección social. Por el lado de los empleadores, un 40% está en hogares informales, casi 30% en hogares mixtos, y el resto en grupos formales.
Para la abogada Sarmiento Leuyacc, la proporción de empleadores refleja el grupo de trabajadores que busca superar las carencias de la informalidad, a través de emprendimientos, y que, con el tiempo, se convierten en micro y pequeñas empresas.
En el caso de los trabajadores independientes, un poco más del 70% está en hogares informales y menos del 10% en hogares formales. Respecto a las personas que contribuyen en el hogar —por ejemplo, quienes apoyan en un negocio familiar, pero no necesariamente reciben un salario— se tiene que más del 80% está en hogares informales y el resto en mixtos.
En el ámbito rural, explica el exviceministro de Promoción del Empleo Fernando Cuadros Luque, los pequeños productores agropecuarios no contratan mano de obra asalariada. Sus pequeñas chacras son manejadas con la fuerza laboral familiar.
En las áreas urbanas también existen este tipo de trabajadores. El especialista pone como ejemplo negocios familiares, como las bodegas. “Son personas que no reciben propiamente un sueldo, sino que se benefician de los ingresos generales del negocio familiar”, agrega.
El estudio destaca precisamente que la ruralidad y la agricultura están altamente asociadas con la informalidad. De los trabajadores peruanos informales de familias informales, más del 40% se desempeña en la agricultura y cerca del 45% en el sector servicios.
Entre los trabajadores formales de hogares formales, en cambio, menos del 10% tiene una actividad vinculada a la agricultura, y más del 70% está en el sector servicios. La tendencia es similar en otros países de la región.
Si bien la mayoría de empleados del país —más del 50%— se encuentra en zonas urbanas, casi el 80% de trabajadores por cuenta propia y los que contribuyen en el hogar sin recibir un pago están en zonas rurales.
A nivel contractual, solo 10% de trabajadores informales de hogares con la misma calificación tiene contrato. Para los formales en hogares con igual característica, la tasa asciende a más del 60%.
Sobre este punto, Sarmiento Leuyacc explica que hay empresas que suscriben contratos de locación de servicios con sus trabajadores para aparentar cierta formalidad y enmarcar plazos de la actividad que se realiza. «Es algo figurativo porque el trabajador no va a recibir ningún beneficio social, ningún pago por horas extras, y tampoco tendrá una protección contra el despido”, recuerda.
Infantes y adultos mayores en riesgo
La situación laboral de los trabajadores, como se detalló previamente, puede afectar las condiciones de vida de los miembros dependientes de una familia. Esto ocurre, sobre todo, con los niños y los adultos mayores.
El estudio de la OCDE revela que, en Perú, más del 60% de los menores de 5 años y las personas mayores de 60 años viven en hogares donde todos los integrantes que trabajan lo hacen en el sector informal.
Con respecto a los adultos mayores, Sarmiento Leuyacc remarcó que, en Perú, la mayoría trabaja, pues no cuenta con una pensión. “Debido a su edad se ven obligados a aceptar cualquier tipo de trabajo y, eso, los expone a labores en las que no cuentan con el equipo de seguridad mínima, como sucede en el sector de construcción informal, por ejemplo”.
La informalidad laboral afecta las condiciones de vida de los niños, ancianos y personas con discapacidad que viven en el hogar».
Teniendo en cuenta las dificultades para extender la protección social a través de un solo trabajador formal en el hogar, la OCDE recomienda adoptar “políticas que aumenten la cobertura y el alcance de los planes de protección social”.
Aunque Perú tiene programas como Cuna Más y Pensión 65, que están enfocados en personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema de los grupos vulnerables mencionados, Vargas Winstanley considera que son insuficientes.
“No contamos con una política alimentaria integral que garantice, por lo menos, satisfacer la demanda nutricional mínima según cada grupo de edad”. Esta, señala, necesita ser pensada desde una lógica de sistemas agroalimentarios.
En otras palabras, debe considerar quién produce los alimentos, cómo y cuándo lo hace, quién los consume y cuándo. “Solo así vamos a poder tener una respuesta efectiva”, añadió la exministra.
En busca de una estrategia
Teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de la informalidad, la atención de este problema requiere un enfoque horizontal, inclusivo y estratégico, destaca la OCDE. En ese sentido, pone como ejemplo a Costa Rica.
Ese país implementó, en 2018, una estrategia para transitar a la formalidad basada en la recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que brinda un marco referencial para el tránsito entre la economía informal y la formal. ¿Cuál es su particularidad? Tiene un enfoque de diálogo tripartito, en el que participan el gobierno, los trabajadores y los empleadores.
El economista Cuadros Luque recuerda que, hace unos seis años, el Perú implementó una estrategia con diferentes líneas de acción para la formalización del empleo.
A detalle, en 2018, el gobierno aprobó la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 2018-2021. El objetivo de esta era disminuir la informalidad teniendo en cuenta que, al elevar la tasa de empleo formal, se promovería el trabajo decente y productivo y, a la par, esto contribuiría al desarrollo del país.
Ese documento precisa, asimismo, que el único antecedente del sector en la materia era la versión 2014-2016 de la estrategia. El resultado de esa medida es incierto pues “no incorporó, en su estructura, elementos para medición de los resultados y el impacto”. A criterio de Cuadros Luque, la más reciente tampoco “ha tenido mayores resultados”.
Para eso, explica el especialista, es necesario adoptar una estrategia multisectorial e intergubernamental con cuatro ejes: fortalecimiento de la fiscalización laboral a través de Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), desarrollo de políticas para mejorar la productividad (financiamiento y compras estatales), impulso de programa de diversificación productiva (incentivos económicos a sectores clave) y, por último, retomar las tasas de crecimiento económico.
