El agujero económico y ambiental que pone en jaque a Pinamar, Villa Gesell y General Madariaga
La Municipalidad de General Madariaga lanzó un violento operativo para desalojar a la firma Ecoplata del manejo del predio de disposición final de residuos.
La Municipalidad de General Madariaga lanzó un violento operativo para desalojar a la firma Ecoplata del manejo del predio de disposición final de residuos. Desde la empresa aseguran que fueron ahogados económicamente por Madariaga y Gesell, y reclama el pago de sumas millonarias para hacer frente a las obras que le reclaman.
La historia se remonta a 2012, cuando el empresario Gustavo Pereyra adquirió la firma Ecoplata, que era licenciataria del manejo del relleno sanitario de General Madariaga –un campo de 350 hectáreas, alquilado y con contrato por 20 años- y además acababa de ganar el concurso para quedarse con la recolección de residuos de Villa Gesell. Pereyra, nacido y criado en esa ciudad, comenzó a prestar el servicio inmediatamente, pero se topó con actitudes sospechosas de parte de la administración del intendente Gustavo Barrera, del FPV.
El encono fue tal que muchos sospecharon que había algún trasfondo personal. A eso se sumaron las tensiones entre la comuna y el empresario –que también era dueño de El Nuevo Querandí- por la concesión del servicio de transporte público, que terminó con la violenta intervención de la UTA en 2018. Ahora, el objetivo de Barrera es quitarle la concesión a la cooperativa eléctrica Sevige.
En tres años de operar la recolección, Pereyra elevó 36 pedidos de actualización de la tarifa, mediante los mecanismos establecidos en el pliego de licitación. La comuna no contestó ni uno. Fue el inicio de una guerra sin cuartel: Ecoplata judicializó el reclamo y Gesell respondió anulando la concesión mediante el decreto 993, en mayo de 2016.
Para apoyar la decisión, enumeró una serie de presuntos incumplimientos, como la retención del servicio durante días feriados y la falta de obras en el predio de disposición final, que la empresa atribuyó a la falta de actualización tarifaria, que le impedía hacer frente a las inversiones y a los costos de operación del servicio. Lógica pura.
La empresa respondió entonces impidiendo el ingreso de los camiones que venían de Gesell, que había acordado un nuevo servicio con la empresa Santa Elena. Es que el contrato anulado contemplaba la disposición final en Ecoplata. La réplica llegó, nuevamente, por la vía judicial: mediante una cautelar, Pereyra fue obligado a “abrir la tranquera” y permitir el ingreso de residuos, sin que se le brindara ningún tipo de contraprestación durante cuatro meses, cuando logró que Gesell abonara la misma tarifa que percibía de parte de Pinamar.
En ese lapso, la comuna adquirió una pesada deuda con los titulares de la empresa, que se estima superior a los 50 millones de pesos.
El golpe más fuerte lo dio, sin embargo, la municipalidad de General Madariaga, que en 2018, bajo el mando del radical Santoro, decidió quitarle a Ecoplata la operación del predio, arguyendo incumplimientos contractuales de la empresa, referidos a “cuestiones económicas” y a la falta de trabajos de “remediación ambiental” que una legislación local que data de 2006 exigía, según comunicó oficialmente. La decisión de Madariaga fue avalada por inspecciones del OPDS, la autoridad ambiental de la Provincia.
En diálogo con INFOCIELO, Pereyra admitió que nunca llevó a cabo obras de remediación y lo relacionó con las abultadas deudas que las comunas mantenían con la empresa. Pero denuncia algo por demás inquietante: desde que entregó el predio, en diciembre de 2018, la municipalidad de Madariaga, que se quedó con la operación, tampoco las hizo. Y nadie más reclamó.
De hecho, el predio está en las mismas condiciones en las que fue entregado, el 14 de diciembre de 2018: tiene a medio terminar la obra del galpón donde estaba previsto hacer el trabajo de separación de residuos, como la instalación de postes y luminarias en el acceso, y las mejoras en el camino de ingreso.
El OPDS -Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible- no volvió a auditar el relleno sanitario desde que intervino la justicia. Desde el organismo aseguran que se “monitoreó” la gestión que quedó a cargo de la Comuna, pero que no hubo nuevas inspecciones. “Se hará una en los próximos días” admitieron ante la consulta de este portal.
El basural se hizo famoso este verano por un incendio que anuló la visibilidad de los conductores que transitaban por la Ruta Provincial 11. Ocho vehículos colisionaron y 11 personas resultaron heridas en el siniestro, por el que Pereyra apunta directamente a la Municipalidad.
“Nosotros operábamos el relleno con máquinas y hasta un camión tanque, con bomba, para dar respuesta a este tipo de situaciones. Ellos no tenían nada: tuvieron que intervenir los bomberos de Pinamar y Villa Gesell”, remarcó Pereyra. El fuego todavía no fue extinto y el basural sigue humeando.
Hasta la fecha, la situación del predio es por demás endeble: decretos municipales y medidas cautelares dictadas por el juez en lo Contencioso Administrativo de Dolores, Marcelino Escobar, sostienen la pretensión de General Madariaga de manejar el predio, que le puede generar ingresos a expensa de sus vecinos de Pinamar y Villa Gesell, a los que puede cobrarles entre 3 y 4 millones de pesos por mes para permitirles ingresar camiones. Son más de 70 millones de pesos por año para una comuna que se maneja con un presupuesto de 350 millones de pesos.
Los titulares de Ecoplata, en tanto, esperan que sus pedidos se resuelvan favorablemente de manera de poder prestar de manera eficiente el servicio. Para eso reclaman que se liquiden las deudas de los municipios que acumulan 80 millones de pesos, y se le apruebe un plan de obras que garantice un manejo sustentable de los residuos.
Mientras tanto, se espera una resolución de la Justicia que le de corte definitivo a una situación en la que un municipio explota un predio que no le pertenece sin tributar ningún beneficio a su propietario ni al inquilino. Quienes siguen de cerca el proceso temen que las presiones políticas terminen sentando un precedente peligroso. Se trataría, ni más ni menos, de que el juez haga lugar a un pedido de las municipalidades de quedarse con el predio de manera definitiva, algo que sólo puede hacerse mediante una ley provincial respaldada con un decreto del Ejecutivo.
