El ajuste en el INTA afecta a los 516 agricultores familiares de Santa Cruz
Los agricultores familiares de la provincia de Santa Cruz serán los más afectados por la decisión del Gobierno Nacional de aplicar un recorte estructural en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Los agricultores familiares de la provincia de Santa Cruz serán los más afectados por la decisión del Gobierno Nacional de aplicar un recorte estructural en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se suma al ajuste ya aplicado al área de Agricultura Familiar de la cartera de Agroindustria. En la provincia existen 516 agricultores familiares, según un relevamiento realizado por Jorge Birgi, investigador del grupo forestal agrícola y manejo del agua.
Del total de agricultores familiares de la provincia, más del 60 por ciento se dedica a actividades relacionadas con la producción vegetal (forrajes, frutas finas, otras frutas y hortícolas). Según el análisis realizado por Jorge Birgi, las familias de agricultores locales producen anualmente cerca de 220 toneladas, de las cuales casi 70 toneladas corresponden a hortícolas de hojas (acelga, lechuga, perejil, etc.). A su vez, el 54 por ciento de los agricultores también se dedica a la producción animal (avícola y porcina, principalmente). Es decir, si bien no alcanza para el autoabastecimiento provincial, la producción familiar en toda la provincia es relevante, sobre todo para los agricultores involucrados.
El 28 de marzo, el Consejo Nacional del INTA votó la eliminación de varias Agencias de Extensión Rural del organismo, como también varios centros de investigación. Para la Patagonia, las áreas afectadas fueron Río Gallegos, Esquel y Bariloche; a su vez, se bajó el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la Patagonia.
Las entidades que votaron por el ajuste fueron la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad madre de la que depende, por ejemplo, la Sociedad Rural de Río Gallegos. También votaron a favor del recorte los representantes de las universidades de agronomía y veterinaria. Solamente la Federación Agraria (FAA) votó en contra.
Si en este momento los pequeños productores tuviéramos que contratar un profesional por nuestra cuenta, sería inaccesible”
El viernes de la semana pasada, tras protestas en todo el país, el INTA informó que la Agencia de Extensión Rural de Río Gallegos volvería a quedar en la estructura del organismo, pero que se bajaría el área de extensión de Gobernador Gregores. Sin embargo, el objetivo del Gobierno Nacional sigue siendo ejecutar un recorte del 20/25 por ciento en la estructura.
En la Patagonia afectó las zonas de Río Gallegos, Esquel y Bariloche
A esta altura de la discusión, parece una broma que la administración nacional suba y baje agencias -cuyos objetivos son la transferencia de tecnología y capacitaciones gratuitas a los agricultores-, como si tales decisiones no generaran una repercusión negativa concreta en la vida social y económica de los productores afectados.
¿Cuál sería el criterio para dejar o eliminar una agencia en detrimento de otra? Las localidades con mayor superficie en producción dentro del sector de la agricultura familiar son El Calafate, seguida por Los Antiguos, Gobernador Gregores, Julia Dufour, Río Gallegos y Puerto Deseado. Entonces, ¿por qué los técnicos y trabajadores del INTA -nucleados en su mayoría en el gremio APINTA- avalarían, ahora, que desde Nación propongan la supervivencia de la agencia de Río Gallegos en detrimento de Gobernador Gregores?
Esta semana, los trabajadores y trabajadores del organismo defenderán la subsistencia de todas las agencias de Extensión Rural de la provincia, en el marco del Consejo Regional Patagónico que se desarrollará en Trelew.
Mirada antifederal
La Opinión Austral dialogó con el titular del Consejo Agrario Provincial, Javier de Urquiza, productores familiares y referentes del INTA local, para comprender la dimensión del ajuste que propone el Gobierno Nacional dentro de una estructura clave para el desarrollo de los pequeños y medianos productores.
Juan Carlos Navarro es productor agropecuario desde la década del ‘70; actualmente es propietario de la Chacra 38 A y el sábado por la mañana concurrió a una feria convocada por los trabajadores y trabajadoras del INTA en Río Gallegos.
¿Por qué cree que el Gobierno Nacional quiere aplicar un ajuste en el INTA?-, preguntó La Opinión Austral.
– Hay un achique por todos lados y lamentablemente se verá afectada la producción. Mal que mal, uno necesita siempre un asesoramiento técnico y el INTA está para solucionar esos problemas. Si en este momento los pequeños productores tuviéramos que contratar un profesional por nuestra cuenta, sería inaccesible-, sostuvo Navarro.
-¿Cree que existe un intento por privatizar el acceso a la tecnología o al asesoramiento técnico?-, insistió este diario.
– No sé si lo querrán privatizar, pero los números que se manejan acá en la parte de huerta familiar no dan para tener un profesional que te asesore. Necesitamos un apoyo desde el Estado, del INTA o del Consejo Agrario-, concluyó Navarro.
Como en los 90
¿Por qué es legítimo pensar que el Gobierno Nacional pretende que las áreas de extensión queden en manos privadas? No es casual que la única entidad agropecuaria que haya rechazado el ajuste haya sido la Federación Agraria, entidad donde están nucleados -supuestamente- los pequeños productores. El resto de las organizaciones cuenta con sus propias áreas de investigación en genética y asesorías técnicas ¿La Alianza Cambiemos les quiere entregar un negocio en bandeja?
-Todo lo que sea reestructuración y achique, nosotros estamos en contra porque eso genera que haya menos presencia de los técnicos del INTA en donde deben estar, que es en la extensión. En este contexto, llama la atención que las entidades agropecuarias -salvo la Federación Agraria- hayan votado de esa manera, a favor del ajuste. Ya hemos tenido algunas experiencias parecidas, en la década del ‘90, donde la extensión pasó a ser privada-, reflexionó ante la consulta de La Opinión Austral el presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza.
La única entidad que rechazó el ajuste fue la Federación Agraria
Además de los recortes que la administración nacional pretende llevar adelante en el INTA, desde el inicio de su gestión emprendió un fuerte achique en las estructuras del área de Agricultura Familiar de la cartera de Agroindustria. En la Patagonia, ese recorte alcanzó al 80 por ciento de los técnicos y técnicas que revestían en esa área. Una de las claves en esa retirada fue la eliminación del monotributo social agropecuario, un instrumento específico para el sector.
Ya hemos tenido algunas experiencias parecidas, en la década del ‘90, donde la extensión pasó a ser privada”
Ante el achique en el área de Agricultura Familiar, cobró protagonismo una mirada “asistencialista” sobre los productores familiares, algo parecido a lo que sucedía en la década del ’90, donde se consideraba que los productores agropecuarios familiares eran “los pobres del campo” y no sujetos económicos con un fuerte anclaje territorial. Con la llegada del macrismo, volvió a primar la cosmovisión de que “el campo” -el único campo posible- es el representado por la Sociedad Rural o CRA.
-¿Hacia dónde apunta el ajuste del Gobierno Nacional?, consultó La Opinión Austral a Alan Schorr, coordinador de Extensión del INTA para toda Santa Cruz.
-El año pasado había una serie de proyectos de desarrollo territorial que fueron dados de baja por una decisión de Nación, entonces tuvimos que reformular nuestro plan de trabajo. Tuvimos una transición importante sin financiamiento. Eso fue una decisión nacional de reducción de puestos de trabajo y donde hubo una reorientación con otros enfoques. La realidad es esa. Se dieron de baja tanto proyectos nacionales como locales. La provincia de Santa Cruz es extensiva ovina; veníamos trabajando con los proyectos nacionales y locales, pero hoy ya no los tenemos. No somos ajenos a la realidad del país-, explicó Schoor.
-¿Cree que existe una mirada más asistencialista que productiva y de desarrollo regional para los agricultores familiares?
-Hubo un vuelco importante de productores pequeños hacia grandes. Pero el INTA en el territorio asiste a todos los productores-, reconoció el coordinador de Extensión del organismo nacional.
Bajaron el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar
Pero, ¿cómo podría traducirse ese “vuelvo hacia productores grandes”? La clave está en el comienzo de todo. El macrismo hizo campaña en 2015 con un discurso a favor de las economías regionales y los pequeños productores. Pero cuando llegó a la Casa Rosada, no sólo devaluó el peso, sino que eliminó las retenciones a las exportaciones para favorecer una millonaria transferencia de recursos hacia los exportadores sojeros e inició un proceso de desintegración de las estructuras de la agricultura familiar.
Como sostiene Carlos Sánchez, de la Asociación de Productores Frutihortícolas y afines de Río Gallegos, desarrollaron una política antifederal.
“Las decisiones se toman en Capital Federal, con la visión corta de lo que sería CABA y la provincia de Buenos Aires y, si somos más extensos, la Pampa Húmeda. Y acá estamos en el final del mundo, tenemos un clima sumamente riguroso, distancias enormes y costos de energía prohibitivos. Lo que te mata son los costos fijos, el alimento balanceado se fue a las nubes, el costo del transporte también. Entonces no se puede competir. La política desde Buenos Aires tiene una visión corta”, analizó Sánchez.
