El gobierno de España contra Vox
La cruzada del partido de ultraderecha Vox contra la igualdad de género y la diversidad sexual desató un conflicto nacional en España.
La cruzada del partido de ultraderecha Vox contra la igualdad de género y la diversidad sexual desató un conflicto nacional en España. El flamante Gobierno de Pedro Sánchez envió un requerimiento al Ejecutivo de Murcia -integrado por el Partido Popular y Ciudadanos, con apoyo de Vox- para que diera marcha atrás con una medida aprobada en la región que exige a las escuelas informar a los padres de los alumnos la realización de clases complementarias cuyos contenidos aborden la igualdad de género o la homofobia.
“El pin parental (nombre que lleva la medida) vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. Por eso, el ministerio de Educación recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno de la región de Murcia”, escribió el presidente Sánchez en su red social cuando el conflicto ya había escalado a los principales titulares de los medios de comunicación.
La medida aprobada por el Ejecutivo de Murcia era parte de un acuerdo por el cual Vox brindaba su apoyó para que el Partido Popular y Ciudadanos lograran aprobar el presupuesto de la región. Sin embargo, la cruzada contra la igualdad de género y la diversidad sexual -que Vox considera “ideología de género”- es una de las principales políticas de la fuerza de ultraderecha por la que ha batallado desde que irrumpió en el escenario político español un par de años atrás.
Al igual que sucedió en la junta de Andalucía o en la Comunidad de Madrid, donde el apoyo de Vox al Gobierno del Partido Popular es clave, la fuerza de ultraderecha ha impulsado medidas políticas para frenar los avances en la lucha contra la violencia de género o en la concientización de las personas LGTBI. En julio del año pasado, la representante de Vox en la capital española, Rocío Monasterio, le había solicitado a la Asamblea de Madrid la identidad de los maestros que impartían clases sobre los derechos LGTBI en las escuelas de la ciudad.
“El ‘pin parental’ es la garantía para las familias de que vosotros, la izquierda sectaria y liberticida, no adoctrinareis a nuestros hijos con vuestras locuras”, escribió en su red social el portavoz adjunto de Vox en el Congreso de los Diputados, Ignacio Garriga. En la misma línea, el número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, afirmó que iban a rechazar “siempre el adoctrinamiento frente al modelo de confrontación y crispación de la izquierda”. Ciudadanos se desmarcó del enfrentamiento y pidió paralizar la norma hasta corroborar que no está en contra del marco legal.
Con las fuerzas políticas conservadoras en pie de guerra con el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, el escenario para la resolución de esta crisis parece ser el judicial. La ministra de Educación, Isabel Celaá, afirmó que la normativa aprobada por el Ejecutivo de Murcia «vulnera con mucho las competencias del centro educativo, que tiene atribuidas por ley». En principio, el Ejecutivo socialista espera una rectificación del Gobierno murciano, pero si eso no sucede se presentarán en los tribunales.
La norma impulsada por el partido de Santiago Abascal ha puesto a funcionar en pleno el Gobierno nacional en su primera semana. Además de las intervenciones de Pedro Sánchez y de Isabel Celaá, la ministra de Igualdad, Irene Montero se estrenó en una conferencia de prensa con un discurso de corte más político. La dirigente de Unidas Podemos afirmó que “los hijos e hijas de padres homófobos tienen el mismo derecho que el resto a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos y a amar a quién, dónde y cuándo quieran”, a la vez que “los hijos e hijas de padres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en igualdad y en el feminismo”.
La norma del “pin parental” es una confirmación de lo que las fuerzas progresistas denunciaron sobre la radicalización de aquellos Gobiernos regionales en los que el Partido Popular y Ciudadanos recibieron el apoyo de Vox para constituirse. Aunque las dos fuerzas de derecha lo hubieran negado reiteradas veces, ya existen pruebas suficientes de que el partido de Abascal no dio su apoyo sin pedir nada a cambio. Lejos de preocuparse por esta deriva, el presidente del Partido Popular defendió a Vox y dijo que su formación luchará para que “este Gobierno radical y sectario no imponga” a los padres cómo tienen que educar a sus hijos.
