El intendente de Córdoba admite deudas a corto plazo por más de $2.000 millones

Tras el fracaso de la Comisión de Transición en la Municipalidad de Córdoba, la gestión de Ramón Mestre comenzó ayer a publicar informes de situación de las diferentes áreas de la administración.

Tras el fracaso de la Comisión de Transición en la Municipalidad de Córdoba, la gestión de Ramón Mestre comenzó ayer a publicar informes de situación de las diferentes áreas de la administración. El más sorprendente hasta el momento es el reporte de la Secretaría de Economía, que admite deudas por más de dos mil millones de pesos por pagar en los próximos meses, pero sostiene que las acreencias del municipio llegan a quintuplicar esa cifra.

Las deudas con vencimiento dentro de los próximos 12 meses que el municipio reconoce en su informe están encabezadas por la deuda flotante con proveedores, cuantificada en 854,2 millones de pesos. También se informó la emisión de cheques de pago diferido con vencimiento posterior al cambio de mando municipal por 467,8 millones de pesos, mientras que los vencimientos de Letras del Tesoro suman 705 millones hasta el 26 de febrero próximo.

No obstante, según el informe de la Secretaría de Economía, buena parte de esas emisiones de Letras fueron suscriptas por el propio municipio, a través de dos Fondos Fiduciarios. Por esta razón, el dinero adeudado a acreedores externos del municipio en concepto de letras sería de 390 millones de pesos, aunque se supone que los recursos de los Fondos Fiduciarios –que son para obras– también deben ser repuestos.

Otras deudas que deberá enfrentar en los próximos meses la gestión de Martín Llaryora son con la Afip, por planes de pago que totalizan 68 millones de pesos, y con otros acreedores institucionales, por 11 millones de pesos más.

La cuenta de la gestión Mestre no contempla deudas salariales en ningún rubro, ni especifica cuánto suman los sueldos de diciembre y el medio aguinaldo de los empleados, que representan una erogación crítica para el arranque de la futura gestión peronista.

El capítulo más abultado del informe económico es el que describe las cuantiosas acreencias que la gestión Mestre considera en su haber: un total que llega a los 10.413 millones de pesos si se incluyen los 1.401 millones que el municipio reclama a la Provincia por vía judicial desde el año pasado.

A cobrarles a los vecinos

¿De dónde surge semejante monto de deudas por cobrar por parte de la administración municipal? Lo fundamental de esa cifra proviene de acreencias con los contribuyentes.

Pese a que la gestión Mestre puso en marcha dos planes de pago en los últimos meses, el reporte oficial informa que las contribuciones líquidas y exigibles a los vecinos de la ciudad de Córdoba ascienden a 7.357, 4 millones de pesos.

Hay impuestos adeudados que ya se encuentran en Procuración Judicial por más de 1.700 millones de pesos, deudas correspondientes a la tasa sobre los Inmuebles por más de 1.600 millones y una cifra similar correspondiente a multas emitidas por la Justicia de Faltas. También hay deudas por más de 1.200 millones de pesos correspondientes a la tasa Automotor, mientras que las acreencias por Comercio e Industria llegan a 411 millones de pesos.

El otro capítulo sustancial es el de las supuestas acreencias con la Provincia de Córdoba, un rubro que Mestre menciona desde hace varias semanas, pero que nunca adquirió la forma de un reclamo administrativo concreto. El Gobierno de Córdoba niega la existencia de esas deudas, que según el municipio se componen de la siguiente manera:

$ 749,6 millones. Es lo que Mestre le reclama a la Provincia en concepto de Convenio de Equidad y Ordenamiento Fiscal. Según el detalle informado por el municipio, la Provincia aún debe girar $ 348,5 millones correspondientes a cuotas devengadas en 2019 y 401 millones correspondientes a la actualización de esos montos.

$ 1.401 millones. Es el monto de deuda que la Municipalidad de Córdoba reclama a la Provincia por supuestas diferencias de Coparticipación. Ese reclamo fue llevado en 2018 ante el Superior Tribunal de Justicia.

$ 47,4 millones. Es el monto reclamo por el municipio a la Provincia por la construcción del paseo Portal de Güemes.

$ 260 millones. Es lo que el municipio reclama a la Provincia en concepto del Acuerdo Federal que creó el Fondo de Desarrollo Urbano. Los recursos corresponderían al año 2018.

Informe unilateral

Se suponía que uno de los objetivos de la Comisión de Transición era analizar el estado de situación de las diferentes áreas del municipio y arribar a un informe conjunto entre la gestión saliente y la que asumirá el próximo martes.

Dado que los representantes de Martín Llaryora se retiraron de esa comisión, los informes que publica la gestión Mestre son unilaterales. Desde el equipo entrante relativizaron las cifras que contiene ese reporte oficial, y consideraron que harán falta varios meses para conocer el estado de las cuentas municipales.

Los números que muestra Mestre

Deudas y acreencias que informó ayer el municipio.

2.037 millones es la deuda que la Municipalidad debe cancelar en los próximos meses. Incluye atrasos con proveedores, Letras y cheques.

8.662 millones es la deuda correspondiente al bono de 150 millones de dólares que el municipio debe cancelar en 2022, en 2023 y en 2024.

9.816 millones son las acreencias que informa el municipio. $ 7.357 millones son impuestos adeudados por vecinos. $ 2.456 millones son reclamados a la Provincia de Córdoba.

San Pedro, a la Adec, y La Cava, en el área social

Manuel San Pedro ingeniero, consultor y presidente del Directorio del Servicio de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba, será el representante de la Municipalidad de Córdoba en la Agencia para el Desarrollo Económico (Adec).

Según lo confirmado desde el equipo del intendente electo, Martín Llaryora, San Pedro ocupará la vicepresidencia segunda de esa agencia, un cargo ad honorem. No obstante, también es probable que se desempeñe como consultor en otra área de la futura gestión, vinculada a la articulación entre universidades, sector productivo y organismos internacionales.

Ayer también fue confirmado el nombre de Raúl La Cava –quien el sábado asumió como concejal del oficialismo– al frente de una secretaría que concentrará las áreas sociales del municipio.

El área que encabezará La Cava será el equivalente a Desarrollo Social, pero en la orgánica de la futura gestión tendrá otro nombre y otras funciones a su cargo.

Todavía falta la confirmación de nombres para áreas estratégicas de la gestión Llaryora. Pese a que en algunos sectores ya existen referentes claros –Horacio Ferreyra, por ejemplo, en el área de Educación–, restan decisiones de reestructuración de la orgánica municipal.

En el área de transporte, que se llamará Movilidad, suenan los nombres de Marcelo Mansilla y Carlos Alaye, actuales funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Provincia. En cambio, son más inciertas las designaciones en Salud y Cultura.

La actual orgánica municipal tiene unos 370 cargos, y será reducida en un 25 por ciento por la futura gestión.

Hasta el momento, los nombres confirmados al frente de secretarías del municipio son el mencionado La Cava (áreas sociales), Guillermo Acosta (Economía), Alejandra Torres (Modernización), Miguel Siciliano (Gobierno), Verónica Bruera (Secretaría General), Guillermo Marianacci (coordinación de los CPC), Daniel Rey (Desarrollo Sustentable) y César Cuestas (Comunicación).

No habrá un área de servicios públicos. Existirá una Secretaría de Movilidad Sustentable, que incluirá transporte y tránsito, mientras que higiene urbana tendrá menor rango.

El traspaso entre la gestión de Ramón Mestre y la de su sucesor, Llaryora, se interrumpió la semana pasada, cuando la gestión entrante abandonó la Comisión de Transición.

Ayer los funcionarios de Mestre presentaron informes de situación de la administración municipal. No fueron recibidos por representantes de Llaryora.

Una orgánica que tendrá muchos cambios

La cantidad de cargos pasará de 370 a unos 280.

La orgánica municipal de la gestión de Ramón Mestre tiene 370 cargos de planta política.

Tras asumir la gestión, Martín Llaryora enviará una completa reestructuración del esquema de mando en el municipio, que además de reorganizar la estructura reducirá el número de cargos en un 25 por ciento.

Según lo que trascendió, habrá un fuerte achique en la cantidad de subsecretarías.

Fuente: La Voz