El municipio de Rosario estudia pedir al Concejo un aumento del 50 por ciento en la TGI para 2019
El porcentaje surge de la inflación estimada por Nación (34,8) para el año próximo y el desfasaje de la recaudación de 2018 por el alza de los precios.
El porcentaje surge de la inflación estimada por Nación (34,8) para el año próximo y el desfasaje de la recaudación de 2018 por el alza de los precios.
El municipio presentará a fines de noviembre en el Concejo el proyecto de presupuesto 2019. La Intendencia está en plena elaboración de la iniciativa, sacando cuentas y estimando la magnitud de los aumentos a solicitar a los ediles de todos los gravámenes locales. En el caso de la tasa general de inmuebles (TGI), el Ejecutivo estudia proponerle al cuerpo un aumento cercano al 50 por ciento de los valores actuales.
«La inflación estimada por la Nación para el año próximo es del 34,8 por ciento en el proyecto que ya aprobó la Cámara de Diputados. Y este año, la TGI quedó más de 20 puntos desfasada de la inflación anual, que estará cerca del 50 por ciento», fundamentaron desde el Palacio de los Leones.
En diciembre próximo, y después de tres años, los concejales volverán a discutir los montos que pagan los rosarinos en concepto de TGI. Esto sucede porque en 2015 el Concejo aprobó ajustes del 37 por ciento en 2016, 28,5 en 2017 y 20 por ciento en 2018, que luego se le sumó un alza del 7,5 por ciento para financiar el transporte público.
El mensaje de la intendenta Mónica Fein llegará al Palacio Vasallo a fin de mes. Previamente, la semana próxima, se estima que presentará la propuesta provincial en la Legislatura el gobernador Miguel Lifschitz.
«Estamos en un escenario de mucha incertidumbre, con muchas variables que aún no están definidas y eso demora la elaboración del presupuesto municipal», confiaron desde el gabinete local.
De acuerdo a datos oficiales, del total de recursos anuales que maneja la ciudad, el 50 por ciento son de origen municipal, el 30 provienen de coparticipación provincial y el 20 restante desde la Nación.
A nivel nacional todavía restan definirse algunas variables, ya que el Senado podría incorporar cambios al proyecto de gastos y recursos aprobado en Diputados, en especial en Bienes Personales.
Y faltan precisiones clave sobre cómo se compensará la quita de subsidios nacionales al transporte. El Senado de Santa Fe podría inyectarle más recursos al sistema si prospera la media sanción de la cámara Baja provincial respecto a la suba de impuestos a bancos y cerealeras para subsidiar a los colectivos, que ya iniciaron un fuerte lobby para frenarlo.
En paralelo, la gobernación debe remitir a las cámaras legislativas su proyecto de presupuesto para 2019 con las sugerencias de aumentos impositivos, en especial del Inmobiliario Urbano y Rural.
Una vez que todas estas variables estén definidas la Secretaría de Hacienda local podrá cerrar su propuesta al Concejo, donde el interbloque oficialista tiene apenas siete ediles sobre 28 ediles y requerirá consensuar con la oposición para que el proyecto prospere.
Los números preliminares que manejan en Hacienda marcan que este año la recaudación en concepto de TGI quedará al menos 20 puntos por debajo de la inflación.
Con ese desfasaje, empezó a elaborarse la estimación de incremento de gravámenes para 2019, más la estimación de inflación del propio gobierno nacional para el año próximo contemplada en el presupuesto (34,8 por ciento).
La suma de esas dos variables supera el 50 por ciento, que es el número con el que están trabajando en el Ejecutivo. La cifra final la definirán el gabinete económico del municipio y la intendenta Fein, con criterios fiscales y también políticos.
En el Palacio de los Leones descartaron apelar a una fórmula de ajuste automático de la tasa, como ocurre en otras ciudades de la provincia, en base a la inflación, por la inviabilidad política que prospere ante los concejales.
«La realidad es que la recaudación de la tasa general de inmuebles, que hace unos años cubría cerca del 80 por ciento de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, que son las prestaciones básicas que deben financiarse, hoy está cerca del 66 por ciento», apuntaron desde el Ejecutivo.
«Frente a gastos de obras y servicios que abona el municipio que se redeterminan en base a fórmulas muy concretas, la tasa se ha atrasado y ha perdido proporcionalidad, desfinanciando al municipio», agregaron.
