El plan «Gestapo» o cómo meter presos a los sindicalistas: las claves del informe de la Bicameral de Inteligencia
La comisión que preside Leopoldo Moreau sostuvo que hubo un plan masivo de inteligencia ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Responsabilizó a la AFI, a María Eugenia Vidal y al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
La comisión que preside Leopoldo Moreau sostuvo que hubo un plan masivo de inteligencia ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Responsabilizó a la AFI, a María Eugenia Vidal y al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. De Juntos por el Cambio solo se presentaron tres representantes para votar en contra.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tuvo, durante el gobierno de Cambiemos, a los sindicatos como uno de sus blancos predilectos dentro de lo que fue un plan sistemático de espionaje que se orquestó desde la cima del gobierno de Mauricio Macri. Ésa es la principal conclusión a la que arribó la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI), que en los últimos once meses investigó el espionaje en provincia de Buenos Aires a raíz del hallazgo de una filmación en la que se veía cómo espías, funcionarios provinciales y empresarios concertaban cómo meter preso al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. En ese encuentro, Marcelo Villegas –entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal– se había entusiasmado con la conformación de una “Gestapo” para terminar con los gremios.
La CBI, que preside Leopoldo Moreau, aprobó este martes el informe que elaboró la subcomisión dedicada a investigar a la llamada “Gestapo” antisindical. El trabajo había quedado en manos de los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés junto con el radical Miguel Bazze después de que la entonces interventora en la AFI Cristina Caamaño denunció el hallazgo del video en diciembre pasado. El dictamen se aprobó por ocho votos. Hubo tres integrantes de Juntos por el Cambio que se opusieron y firmaron un dictamen de minoría en el que se busca reeditar la teoría del cuentapropismo.
“Se utilizaron recursos y herramientas estatales para espiar, hostigar y encarcelar indebidamente a quienes no se sometían a los dictados de una política partidista que gobernaba el Estado nacional y provincial”, sostiene el dictamen que intentará llevarse próximamente al recinto. Todo indica que ingresará por el Senado, donde el FdT tiene más posibilidades para conseguir que se apruebe.
El video de la «Gestapo», un punto de quiebre
Entre 2020 y 2021, la Bicameral había estado abocada a investigar los escándalos de espionaje que rodearon al macrismo. Se había centrado especialmente en las andanzas de los espías conocidos como Súper Mario Bros –que en su núcleo originario eran policías de la Ciudad que pasaron a la AFI cuando Macri pasó al gobierno nacional–. También los integrantes de la Comisión habían estado dedicados a investigar cómo funcionó el llamado “Proyecto AMBA”, que consistió en triplicar la presencia de espías y de bases en territorio bonaerense en el período 2016-2017.
Sin embargo, para la Comisión, la aparición del video de la reunión del 15 de junio de 2017 en la que Villegas hablaba de una “Gestapo” para terminar con los gremios frente a tres pesos pesados de la AFI macrista fue un punto de quiebre. “Un hito revelador en el encubrimiento de las maniobras ilegales de la conducción partidaria de la AFI bajo el gobierno de Macri, revelando inequívocamente que su jerarquía político-partidaria ordenó y participó de las mismas”, escribieron.
Según el dictamen, el espionaje tuvo tres características principales:
La AFI tuvo como objetivo informativo y operacional a la actividad sindical de distintos sectores. La UOCRA no era una amenaza a la seguridad interior o a la defensa nacional que pudiera habilitar la intervención de la AFI.
La exSIDE tuvo un rol central en el plan de persecución. Dentro de este organismo se destacó el rol de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ). Su titular, Juan Sebastián de Stefano, no solo estuvo presente en la reunión de la “Gestapo” sino que también fue a apretar a dos jueces, Luis Carzoglio y Gabriel Vitale, para que detuvieran a Hugo y Pablo Moyano. Sin embargo, la AFI no actuó sola. Según la Bicameral, también fueron parte del plan sistemático el Ministerio de Seguridad –de Patricia Bullrich–, el gobierno bonaerense y sectores del Poder Judicial.
Los directivos políticos se involucraban en las operaciones, lo que desmiente que la inteligencia ilegal fuera obra de cuentapropistas –como sostienen desde el macrismo– o que fuera un fenómeno anárquico. La Bicameral le apunta a la “línea política” de la AFI macrista y rescata a la “línea profesional”.
El dictamen de la Bicameral le encomienda, en ese sentido, a la conducción actual de la AFI que investigue el rol de los directivos políticos. “Si hubo un plan sistemático, corresponde colegir que todos los directores partidarios y no pertenecientes a la carrera profesional participaron del mismo”, sostienen diputados y senadores en el dictamen.
Siempre cuentapropistas
La oposición tiene seis representantes en la CBI pero solo fueron tres a la presentación del informe: los diputados Bazze y Cristian Ritondo y el senador Ignacio Torres. La ausencia más notoria fue la de Gerardo Milman –a quien la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señala como alguien que, al menos, tenía conocimiento del intento de homicidio que sufrió antes de que ocurriera–. Milman y su jefa política, Bullrich fueron destinatarios de los reproches de la CBI, que dijo que el Ministerio de Seguridad del macrismo fue parte del plan de persecución.
Bazze redactó un dictamen de minoría al que adhirieron Ritondo y Torres, que sostiene que la CBI no puede discutir lo que dice la justicia –básicamente que la teoría del cuentapropismo consagrada por la Cámara Federal porteña es inconmovible– y que no hay elementos para decir que los tres directivos de la AFI que estuvieron en el Bapro lo hicieron por órdenes de Gustavo Arribas o Macri.
“La subcomisión realizó una tarea seria y consecuente que permitió corroborar que Macri indudablemente estuvo al frente de una política de espionaje ilegal que tenía como objetivo concreto la actividad sindical en provincia de Buenos Aires”, responde Moreau en diálogo con Página/12. “Todo esto se hizo con la complacencia de Vidal, que prestó el concurso de miembros de su gabinete y la conformidad para la instalación de las bases de espionaje en territorio bonaerense”, concluye el presidente de la Bicameral que también le apunta a los sectores de la justicia federal que fueron parte del armado de causas y de la justicia provincial, particularmente al procurador Julio Conte Grand.
