En Chubut no se puede acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios
En el país hay doce provincias en las que no se permite bajo ninguna circunstancia, a excepción de mediar una orden judicial, tener acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios. Una de ellas es Chubut, según un informe reciente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En el documento se plantea que conocer los bienes e ingresos de quienes ejercen cargos públicos resulta clave para “garantizar una efectiva rendición de cuentas gubernamental y prevenir y combatir la corrupción”.
El informe tiene un fin concreto: dar a conocer la repercusión que ha tenido en el país la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, a quince años de su sanción, y qué provincias han adaptado sus legislaciones locales para garantizar el libre acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios.
“Se toma como base la Ley 25.188. Esa normativa, a la cual adhirieron las provincias, estableció un estándar con relación a las declaraciones juradas de los funcionarios y el libre acceso de la ciudadanía para conocer esa información”, explica Marcelo Giullitti, abogado e integrante en la ACIJ del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas, en diálogo con El Diario.
“El libre acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios es una de las herramientas más importantes con que cuenta la sociedad civil para conocer los bienes, ingresos y antecedentes laborales de quienes ejercen cargos públicos, información que resulta clave para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades y conflictos de intereses en sus funciones”, se plantea en el informe.
Con semáforo rojo
El informe cuenta con un mapa interactivo en el que se puede observar el estado de situación en materia de acceso a las declaraciones juradas de funcionarios provinciales y las normativas que rigen en los territorios.
La provincia del Chubut aparece pintada de rojo, al igual que otros once territorios del país. Ese color demuestra que no se permite bajo ninguna circunstancia, a excepción de mediar una orden judicial, tener acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios.
Según el informe, el acceso en Chubut es secreto dado que la “Ley I N°231 (antes 4816) de Ética y Transparencia en la Función Pública establece que se podrá acceder a las declaraciones juradas sólo en caso de investigación al funcionario”.
En el mapa, la Patagonia aparece prácticamente en su totalidad pintada de rojo. La única provincia de la región donde la ciudadanía tiene un acceso libre es en Tierra del Fuego.
“Declaraciones juradas claras, completas e integrales permiten alcanzar una mayor transparencia en la función pública, además de garantizar una efectiva rendición de cuentas gubernamental y prevenir y combatir la corrupción”, se advierte en el documento.
“Lo más grave es que en algunas provincias exista un carácter secreto para conocer la declaración jurada de un funcionario público. Es decir, en esos casos se requiere una orden de un juez competente”, detalla Giullitti.
Giullitti comenta: “En las provincias, no suele haber muchas personas que sepan sobre los requisitos que deben reunir para acceder a las declaraciones juradas de sus funcionarios. Por lo tanto, los cambios no se producen porque nadie los pide. Además, es un tema que no suele tener mucha difusión”.
¿Acceso libre o restringido?
Solo 5 de las 23 provincias argentinas han adaptado sus legislaciones provinciales a la Ley 25.188 y permiten el libre acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios públicos. Esos territorios, que aparecen pintados de verde, son: Salta, Corrientes, San Juan, La Pampa y Tierra del Fuego.
En tanto, en seis provincias el acceso es restringido. En esos casos “el solicitante debe demostrar un interés legítimo o una sospecha suficiente sobre un enriquecimiento ilícito en el patrimonio de un funcionario, para poder consultar las declaraciones juradas”.
Para finalizar, Giullitti señala: “Existen restricciones a nivel nacional para conocer las declaraciones juradas de los funcionarios. Lo que se observa es que parte de la cultura de nuestros gobernantes, es no rendir cuentas”.
