En Mendoza preparan una demanda colectiva para que hipotecados UVA sólo paguen 33% de su deuda
Representaría a miles de damnificados y busca que el monto a pagar se distribuya en partes iguales entre el Estado, los usuarios y la firmas que otorgaron los créditos. Trata de cambiar las condiciones de cobro a casi una decena de bancos de todo el país.
Representaría a miles de damnificados y busca que el monto a pagar se distribuya en partes iguales entre el Estado, los usuarios y la firmas que otorgaron los créditos. Trata de cambiar las condiciones de cobro a casi una decena de bancos de todo el país.
Abogados mendocinos, entre los que está el diputado provincial José Luis Ramón ya trabajan en una demanda colectiva por los hipotecados con deudas en UVA. Junto a una ONG platense, buscan asumir la representación de miles de personas en una cruzada contra más de una decena de bancos -aunque en primera instancia serían 9-. Buscan que la Justicia divida la deuda en partes iguales: banca, usuario y Estado. Desde febrero suman testimonios de damnificados, determinantes en la presentación.
Así como los deudores de planes de ahorro para vehículos –un universo en el que muchas deudas también subieron a ritmos difíciles de afrontar-, los hipotecados UVA van camino a tener una demanda colectiva que ampare todos sus reclamos. Se estima que son cerca de 102.000 en todo el país, y algunos ya quedaron al borde de que les ejecuten su propiedad.
Esa representación ya fue encarada por el titular de Protectora y legislador de Mendoza, acompañado por otros letrados y sumando diversos testimonios. Empezó a redactarla hace tres meses, y apunta a acompañar a todo usuario UVA que tenga su bien hipotecado, su auto prendado, y/o a quienes hayan adquirido un préstamo personal en esas unidades.
La intención es que para los jueces prime la “teoría del esfuerzo compartido” y que la deuda acumulada se parta en tres partes iguales de 33,3%. Usuarios, bancos y Estado afrontarían los montos en porciones idénticas y no se obligaría al deudor a pagar al final del crédito, algo que fue puesto en práctica en los últimos tres años, extendiendo durante mucho tiempo más la relación con los agentes financieros. Un objetivo similar buscan los proyectos que comenzaron a tratarse a nivel nacional.
En qué fase está la demanda por deudores UVA
Para llevarla a cabo, necesitan casos testigos de cada uno de esos tipos de deuda. Es decir, de préstamos personales, de hipotecas inmobiliarias y de créditos prendarios. Durante la última semana, el excandidato a gobernador se entrevistó con algunos de esas personas, que sumarían sus casos al expediente.
“No es fácil, porque hay que chequear que todo lo que nos plantean quienes se acercan figure de la misma forma para la Justicia y para el registro de los bancos”, apuntó Ramón a Diario UNO. “Es algo largo y bastante minucioso, porque vas uno por uno, pero ya estamos cerca de finalizar”, cerró.
El diputado avanza junto a la organización cordobesa Justicia Colectiva, una ONG con la que trabaja casi desde los inicios de Colectora y que participó en sus proyectos más resonados: el código de consumidores, la Ley de Zona Fría (que abarca a usuarios de gas de varias provincias) y otras normas que presentó durante sus cuatro años en el Congreso (2017-2021).
La propuesta es terciar ante casi una decena de entidades que funcionan en todo el país: Banco Nación (según abogados cercanos al tema, concentra el 80% de esos créditos); Ciudad, Provincia, Santander, BBVA Francés, HSBC, Patagonia, Macro y Credicoop. Datos que se desprenden de la documentación reunida hasta el momento, y que apuntan que podría haber 7 firmas más.
Los damnificados empezaron a organizarse y esperan la ley
El fallo de la jueza mendocina Cecilia Landaburu, que benefició a un hipotecado de Luján de Cuyo a mediados de abril, sentó un precedente importante a nivel nacional. Definió que el deudor no tenía que seguir afrontando un monto indexado a UVA, sino que pasaba a regirse por el Coeficiente de Variación Salarial del Indec. Una baja de al menos 3 millones de pesos.
Eso pretenden distintas organizaciones de todo el país y, por ello, el intento de José Luis Ramón no es el único. Algunos estudios jurídicos ya se organizan para llevar sus peticiones a distintos juzgados (en caso de deudas con el Banco Nación, la competencia de las causas es federal). Tal es el caso de algunos ejemplos en Córdoba, Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires, donde ya se reúnen testimonios para demandas colectivas semejantes. Ahora se agregaría Mendoza.
Lo que muchas de esas agrupaciones esperan es el desenlace que tenga en el Congreso el debate por una nueva ley. Esta misma semana, la Cámara Baja trataría la derogación del sistema actual a través de distintos proyectos. Uno es el de Julio Cobos, que sumó apoyo peronista, y también están los del diputado Álvaro De Lamadrid (UCR) y el enviado hace dos años por el propio José Luis Ramón.
De esa forma, se configuró una relación particular: la Justicia espera las soluciones que pueda dar la política; y la política se nutre de que los fallos judiciales, que no sólo sientan jurisprudencia, sino que recuperan el tema para la agenda pública. Pasó con la decisión de la jueza Landaburu hace pocos días, y también lo ocurrido en otro ejemplo de Mendoza: el caso Macalusso, de San Rafael, el primer hipotecado al que primero le ejecutaron la vivienda y más tarde vio frenada esa sentencia, aunque aún espera una solución de fondo a su problema.
