En Salta, cables bajo tierra en dos años

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El Concejo aprobó la ordenanza; las empresas dicen que es utópica.

Argumentando la seguridad de los salteños y la estética de la ciudad, los concejales salteños aprobaron ayer una ordenanza que le otorga una prorroga de dos a tres años a las empresas prestadoras de servicios para que realicen el soterramiento de los cables.

En 2009 se aprobó la ordenanza 13.779 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la Ciudad de Salta que en sus artículo 261 y 262 prohiben la instalación, ampliación, mejora o renovación de redes aéreas en el macrocentro y en el articulo 293 exige el cableado subterráneo en toda la capital.

Se les otorgó, en ese momento, un plazo de cinco años para que pudieran adaptarse a la nueva normativa, ese tiempo se cumple en diciembre y las empresas nunca comenzaron las obras.

Con los plazos casi vencidos, los ediles les otorgaron una prórroga pero exigen que las tareas del cableado subterráneo comiencen antes de los doce meses de promulgada la ordenanza y estipula sanciones para quienes no cumplan. Las multas van de 100 a 150 unidades tributarias por día de incumplimiento, esto equivale a unos $2.000 diarios.

También plantea excepciones en los casos donde la característica del terreno haga imposible la tarea, pero deberá pasar por el Concejo Deliberante el proyecto de excepción para ser analizado y discutido en el recinto.

Desde el bloque del Partido Obrero, plantearon que es importante poner plazos escalonados para que las empresas realmente cumplan con la ordenanza sancionada en 2009. «Creemos que se debe comenzar ahora porque ya tuvieron suficiente tiempo para evaluar costos y factibilidad técnica. Esto hay que hacerlo porque no es solo una cuestión estética sino que implica la seguridad de los salteños y lo hemos visto en la tormenta del otro día», aseguró Arturo Borelli, concejal por el PO.

Pos su parte, la concejal por el FS, Socorro Villamayor, autora del proyecto manifestó: «La falla en estos cinco años fue que no se estipularon multas para las empresas reticentes al cumplimiento».

Fuente: El Tribuno, Salta