Endurecimiento migratorio en Argentina: la mirada del New York Times sobre el giro del gobierno de Milei
El diario estadounidense analizó el cambio en la política migratoria del país, con operativos en Buenos Aires y un discurso oficial más duro, en línea con tendencias globales, principalmente con las impuestas por el gobierno de Donald Trump.
El diario estadounidense analizó el cambio en la política migratoria del país, con operativos en Buenos Aires y un discurso oficial más duro, en línea con tendencias globales, principalmente con las impuestas por el gobierno de Donald Trump.
El The New York Times puso el foco en el endurecimiento de la política migratoria en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, al señalar que la inmigración pasó de no ser un tema central a convertirse en eje de debate, con medidas más restrictivas y operativos de control en la vía pública.
En una nota firmada por Emma Bubola, el medio describió un operativo reciente en el barrio porteño de Liniers, donde cientos de agentes realizaron controles en comercios, pidieron documentación y detuvieron personas en el marco de nuevas políticas migratorias. El artículo destacó que el procedimiento alteró la dinámica habitual de una zona históricamente vinculada a comunidades inmigrantes.
El informe planteó que Argentina mantuvo durante décadas una política de apertura migratoria, con antecedentes que se remontan a la Constitución de 1853 y a la llegada masiva de europeos, latinoamericanos y otros colectivos. En ese contexto, el país fue señalado como uno de los más receptivos de la región, con marcos normativos que incluso reconocieron la migración como un derecho humano.
Sin embargo, el artículo advirtió un cambio en la orientación del gobierno actual, que impulsó medidas más estrictas para el acceso a la residencia permanente y facilitó procesos de deportación para extranjeros acusados de delitos. Además, se trasladó la órbita de la política migratoria al área de Seguridad, reforzando un enfoque centrado en el control.
Desde el Ejecutivo defendieron el rumbo adoptado. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que el Estado “recuperó el control de sus fronteras” y advirtió que quienes ingresen de manera ilegal o tengan antecedentes penales no podrán permanecer en el país.
El análisis también vinculó el discurso oficial con estrategias comunicacionales similares a las utilizadas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, tanto por el énfasis en la seguridad como por el tono de los mensajes públicos. En esa línea, se mencionó una publicación de Patricia Bullrich en redes sociales, donde promovió consignas asociadas al orden y la seguridad junto a imágenes de operativos.
Desde organizaciones de derechos humanos, cuestionaron el enfoque. Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostuvo que la inmigración no había sido históricamente un conflicto en Argentina y advirtió que se estaba construyendo un problema inexistente.
El artículo también aportó datos oficiales que estiman en más de dos millones la cantidad de extranjeros con residencia legal en el país, equivalente a cerca del 5% de la población. Al mismo tiempo, remarcó la falta de cifras sobre migrantes en situación irregular y señaló que, hasta ahora, el tema no ocupaba un lugar central en la agenda pública.
Según encuestas citadas, el rechazo a la inmigración en Argentina es menor que en otros países de América Latina. Un relevamiento de 2025 indicó que solo el 4% de los consultados consideraba el control migratorio entre sus principales preocupaciones.
Pese a eso, el gobierno sostiene que el sistema actual presenta fallas y que el costo de los servicios públicos destinados a personas sin residencia regular impacta en el gasto estatal. En ese marco, los operativos en barrios como Liniers forman parte de una serie de controles que continúan en distintos puntos del país.
