¿Estamos en condiciones de cerrar 55 fábricas?
Distribuidas en todas las provincias azucareras y sojeras, se encuentran 55 fábricas de biocombustibles las que, de manera directa e indirecta, generan más de 100.000 empleos en todo el país, y una producción limpia, imprescindible, y además, permite ahorrar dólares y recaudar en pesos en condiciones ideales.
Distribuidas en todas las provincias azucareras y sojeras, se encuentran 55 fábricas de biocombustibles las que, de manera directa e indirecta, generan más de 100.000 empleos en todo el país, y una producción limpia, imprescindible, y además, permite ahorrar dólares y recaudar en pesos en condiciones ideales. Por esta sencilla ecuación es que resulta difícil de comprender que el Gobierno nacional, haya resuelto descartar -al menos por ahora- el tratamiento de la continuidad de la vigencia de la Ley 26.093, del Régimen de Promoción de la Fabricación de Biocombustibles. Esa Ley, sancionada en virtud del empuje y la decisión del entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner, permitió en su momento que en más de 10 provincias argentinas se construyeran plantas fabricadoras y se pudieran crear miles de puestos de trabajo especializados. Ley tiene vigencia por quince años, que vencerán en mayo próximo, a menos que se trate su renovación, prevista por otros quince años. Desde Jujuy lo advirtió semanas atrás el presidente del Partido Justicialista y vicepresidente del Poder Legislativo, Rubén Armando Rivarola, quien había abogado por una respuesta del PEN al reclamo del sector. También el gobierno jujeño y sus pares de la región venían pidiendo la actualización de precios congelada hace más de un año, sin obtener respuesta.
Pero, aparentemente por una cuestión de choque de intereses con el sector petrolero, de un tiempo a esta parte, se congelaron los precios de los productos, El problema que tienen las plantas de biocombustibles es que desde hace un año prácticamente no se actualiza la fórmula que se utiliza para calcular el precio de cada litro de biodiesel y etanol, que se utilizan para cortar el gasoil y la nafta, sistema que en países hermanos con Paraguay y Brasil, se utiliza con beneficios notables.En el caso del biodiesel de soja, mientras el país importa gasoil con dólares que escasean, millones de toneladas de soja se encuentran acopiadas sin liquidar que se podrían transformar en biodiesel para sustituir ese gasoil generando miles de millones de dólares que Argentina necesita con urgencia.Además, el gasoil se paga con dólares por adelantado y el biocombustible con pesos a lo largo de toda la cadena industrial y a plazos que van hasta los 60 días.También toneladas de caña de azúcar podrían sumarse a una ecuación virtuosa que ayude al país en su crisis.
Los primeros artículos de la ley cuya vigencia se pretende prorrogar, aprobó el «Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, actividades que se regirán por la presente ley. El régimen mencionado en el párrafo precedente tendrá una vigencia de quince (15) años a partir de su aprobación». Y agrega puntualmente que «el Poder Ejecutivo nacional podrá extender el plazo precedente computando los quince (15) años de vigencia a partir de los términos establecidos en los artículos 7º y 8º de la presente ley», que es lo que se reclama. La misma Ley creó una multitudinaria comisión asesora conformada por un representante de cada uno de los siguientes organismos nacionales: Secretaría de Energía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Política Económica, Secretaría de Comercio, Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y Administración Federal de Ingresos Públicos y todo otro organismo o instituciones públicas o privadas -incluidos los Consejos Federales con competencia en las áreas señaladas- que pueda asegurar el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a la autoridad de aplicación y que se determine en la reglamentación de la presente ley». Hasta ahora llama la atención que salvo el sector privado, contados apoyos políticos, los reclamos de los gremios azucareros y de los Gobiernos provinciales como el jujeño donde los tres ingenios locales (Ledesma, Rio Grande La Mendieta y La Esperanza), producen etanol de caña de azúcar, ningún organismo oficial nacional -quizás por obediencia debida) cumple con su deber de operar en favor de los productores de biocombustibles, a pesar de las permanentes declaraciones que pretenden mostrar el respaldo oficial a la producción y a la generación de empleo. Es de esperar una reacción urgente, antes que el quebranto alcance nada menos que a 55 fábricas, que Argentina y las provincias productoras no pueden perder.
