“Estamos más cerca de la verdad”
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata se presentará hoy ante el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, para exigirle que reactive el pedido de detención e indagatoria contra los 26 militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata se presentará hoy ante el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, para exigirle que reactive el pedido de detención e indagatoria contra los 26 militares acusados de cometer violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los soldados que participaron en el conflicto de 1982. Además, la entidad denunciará que sus integrantes vienen recibiendo “presiones y amenazas” para no presentarse a declarar. “Nos quieren amedrentar para apartarnos del camino que llevamos recorrido hace once años y que ahora empieza a tener un horizonte más claro”, apuntó el abogado del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola.
En diálogo con PáginaI12, Guerrero Iraola señaló además que el Cecim tiene abierta una petición ante la CIDH. “Estamos cada vez más cerca de llegar a la verdad y a la justicia, y eso inquieta a las personas denunciadas”, resaltó.
La investigación en el marco de la causa impulsada por el Cecim y la Comisión Provincial de la Memoria comenzó en 2007 sobre la base de denuncias contra el militar Jorge Eduardo Taranto en el Juzgado Federal de Río Grande, donde se determinó que se trataba de un caso de lesa humanidad. Pero en 2015 la Corte consideró que lo delitos debían ser declarados prescriptos. Sin embargo, se presentaron otras denuncias contra Taranto y otros militares que fueron remitidas a los tribunales de Tierra del Fuego y, tras varias presentaciones de nulidad formuladas por los representantes de los denunciados, la Cámara de Comodoro Rivadavia decidió dar curso a estas investigaciones como delitos de lesa humanidad.
Calvete ya había denegado los recursos de la defensa de los ex militares y había ordenado en mayo la detención e indagatoria de 26 militares. Tras cinco meses con la causa paralizada, Guerrero Iraola enfatizó que “no hay ningún tipo de fundamento para que esto no avance”.
