Exprimiendo Vaca Muerta
El DNU habilita a la secretaría de Energía a adjudicar la obra, de 2000 millones de dólares, y el servicio de transporte sin atarse a las obligaciones del marco regulatorio del sector.
El DNU habilita a la secretaría de Energía a adjudicar la obra, de 2000 millones de dólares, y el servicio de transporte sin atarse a las obligaciones del marco regulatorio del sector. «Los argumentos de necesidad y urgencia son poco sólidos», opinan los expertos.
A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el gobierno nacional habilitó el llamado a licitación para la construcción de un gasoducto y prestación del servicio de transporte de gas natural desde el yacimiento Vaca Muerta, Neuquén, hasta el Gran Buenos Aires y el Litoral. El decreto, publicado este miércoles en el boletín oficial, precisó que la licencia será otorgada por un plazo de 35 años (prorrogables por otros diez) y deberá prever un Régimen Especial Temporario por un plazo de 17 años contados a partir de la suscripción de la misma. Puntualiza que, en el marco de ese régimen temporal, «la remuneración del transportista y los ajustes que correspondan serán libremente negociados con los cargadores, sin incurrir en conductas discriminatorias”. En opinión de los especialistas, la argumentación de «la necesidad y urgencia» no es sólida ni se justifica que, para semejante obra, se pretenda eludir el cumplimiento de las normas establecidas en el marco regulatorio de la actividad en materia de concesiones y definición de precios.
Se estima que el proyecto demandará una inversión de 2000 millones de dólares, de los cuales la mitad del primer tramo (400 de 800 millones de dólares) serían suministrados por el fondo de sustentabilidad de Anses. Destaca el DNU en sus considerandos que «entre las alternativas de anteproyectos presentados, la opción más conveniente desde el punto de vista técnico es la que vincula en una primera etapa de 570 kilómetros la planta de tratamiento de Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires) con conexión al sistema de TGS; y una segunda etapa de 440 kilómetros que continúa hasta un punto final de conexión en inmediaciones de la ciudad de San Nicolás (Buenos Aires)”, desde donde se proveerá el suministro a las subzonas del Litoral y del Gran Buenos Aires.
Fuentes oficiales justificaron la “necesidad y urgencia” en el interés de tener operativo y en servicio el gasoducto en el invierno de 2021. Así, se señala, sería posible reemplazar importaciones de GNL que calcularon en unos 240 millones de dólares por año. El gasoducto conectará la planta de tratamiento de gas que tiene en construcción en Tratayén la firma Transportadora Gas del Sur (TGS), bajo control del holding Pampa Energía, con el punto de distribución de San Nicolás.
El decreto señala que “se hace necesario proceder de inmediato a la realización de obras de infraestructura tendientes a asegurar el suministro de gas natural a largo plazo” y que, para ello, “esa infraestructura debe permitir movilizar una producción de gas natural adicional del orden de los 40 millones de metros cúbicos diarios, permitiendo así cumplir con los objetivos propuestos para el desarrollo del país en el área energética”.
En opinión de Agustín Gerez, abogado especialista en regulación energética, “los argumentos para sostener la necesidad y urgencia son poco sólidos”, ya que tras haber puesto en marcha “una política de exportación de hidrocarburos, dejando de lado el mercado local, ahora se pretende licitar entre gallos y medianoche una concesión por 35 años (más 10 de extensión) sin ningún tipo de regulación estatal en el precio del transporte de gas”. Subraya el especialista que “el propio decreto exime de la aplicación de la regulación encuadrada en el Capítulo IX del Título I de la ley 24.076 (marco regulatorio) durante los primeros 17 años de concesión”.
Gerez apuntó, además, que “la falta de planificación estatal no puede ser utilizadas para evitar los mecanismos que se establecen por ley para otorgar concesiones, máxime cuando durante cuatro años el Enargas (ente regulador del sector) no ha intimado a la empresa TGS, del grupo Mindlin, a que realice obras para las ampliaciones de los gasoductos Neuba I y II”.
El DNU por el cual se instruye a la Secretaría de Energía para que proceda a la licitación del gasoducto y la prestación del servicio, ahora deberá pasar por el Congreso Nacional para su aprobación. Allí se definirá la suerte del mismo, una vez que el gobierno ofrezca los elementos que den respuesta a los gruesos interrogantes que se presentan.
