Fondos de CABA: tras el fallo, sigue la batalla política y judicial
El Presidente dijo que la decisión de la Corte por la cual debe cesar el descuento a la Ciudad de Buenos Aires es de cumplimiento "imposible", aunque no afirmó que lo desobedecerá.
El Presidente dijo que la decisión de la Corte por la cual debe cesar el descuento a la Ciudad de Buenos Aires es de cumplimiento «imposible», aunque no afirmó que lo desobedecerá. Como sea, la gestión Larreta hará una presentación ante el Tribunal. Que se sumará a los recursos de revocatoria y recusación del gobierno, y a los planteos en su contra de la oposición.
La ciudad de Buenos Aires decidió presentar un escrito en la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal intime al Estado Nacional a depositar el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables, como dispuso en el fallo conocido la semana pasada, que el Presidente de la Nación consideró «de imposible cumplimiento».
El Procurador del Tesoro porteño, Gabriel Astarloa, preparó esa presentación para intimar al Banco Nación y al Gobierno nacional. Pretende que se empiecen a depositar los fondos, como debía haberse hecho -advierten en el Gobierno porteño- desde el mismo jueves, el día siguiente a que se conociera la decisión de la Corte.
«Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el fallo sea operativo con la mayor brevedad posible, no solo por la cuestión patrimonial que está en juego, sino por las cuestiones de gravedad institucional en juego que son inusitadas», dijo Astarloa a La Nación.
El escenario
La Ciudad percibe actualmente unos 500 millones de pesos diarios por fondos coparticipables, pero con el fallo de la Corte se elevaría esa suma a 1100 millones. El miércoles pasado, la decisión fue notificada al Estado Nacional, pero aún no comenzaron a efectivizarse los pagos lo que, más allá de que el gobierno nacional decida desobedecer el fallo o no (cuestión que, más allá de las fuertes críticas y de lecturas algo apresuradas, no está categórica e indubitablemente definida), este hecho de por sí ya estaría configurando un incumplimiento.
Por eso, el escrito de la Ciudad pone esa circunstancia en conocimiento de la Corte, y propone que se dicten medidas de ejecución forzada de la sentencia.
«La Corte, por su parte, solamente resolvió sobre una medida cautelar para que preventivamente se deje de hacer el descuento, y debe decidir aún sobre el fondo del juicio (si corresponde o no). Además está en juego el reclamo de la Ciudad sobre el retroactivo de todo lo que se descontó desde septiembre de 2020, a razón de unos 150.000 millones por año. Los pasos y los tiempos obligan a la Corte a iniciar un trámite que puede llevar tiempo y que está atravesado por el inicio de la feria judicial.
Al mismo tiempo, el presidente Alberto Fernández ya anticipó que se iba a presentar con un recurso de revocatoria «in extremis» para que la propia Corte revea su fallo y a la vez iba a recusar a los jueces del máximo tribunal. Dos planteos sobre los que el Tribunal deberá a su turno expedirse.
Simultáneamente los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de Tucumán, Osvaldo Jaldo anticiparon que buscarán constituirse como parte en el expediente porque se dicen damnificados por el fallo. Lo que implica que harán sendas presentaciones que deberá analizar el máximo tribunal y eventualmente darle vista a la Ciudad y a la Nación.
La Corte ya aclaró que la sentencia que ordena entregar fondos a Buenos Aires no afecta a las otras provincias, porque el dinero proviene de la coparticipación que recibe la Nación y no de la parte que se reparte entre los gobiernos provinciales, con lo que es probable que este pedido se rechace, igual que el recurso de revocatoria y la recusación. Todos estos trámites puede que no concluyan la semana próxima y que lleven el caso a febrero cuando se reanude la actividad judicial.
Denuncias cruzadas
Por otra parte, la postura del Presidente y los gobernadores motivó denuncias penales y una fuerte reacción de la oposición. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó a Fernández de intentar «quebrar el orden constitucional» en caso de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó los fondos de coparticipación que el gobierno nacional le había quitado.
Para defender el reclamo de la Ciudad, buscó resaltar que el fallo de la Corte «no perjudica en nada a las provincias, como intenta instalar el kirchnerismo». Y advirtió que los fondos que el Gobierno le quitó a las arcas porteñas fueron destinados al distrito gobernado por Axel Kicillof, es decir, la fortaleza electoral de Cristina Kirchner. «Cuando nos sacaron la coparticipación, el Presidente no les dio ni un solo peso a las provincias. ¿Saben por qué? Porque se lo dio todo a la provincia de Buenos Aires, que es de su mismo color político», dijo Larreta.
De qué se trata
El miércoles, la Corte Suprema falló a favor del gobierno de Larreta en su reclamo contra la Nación por la quita de fondos de coparticipación. En 2022 representarán una pérdida de $154.000 millones para las arcas de la Ciudad.
Luego de eso, a través de un comunicado, Fernández y catorce gobernadores oficialistas argumentaron que el fallo de la Corte es «inédito, incongruente y de imposible cumplimiento». A la vez, el primer mandatario ordenó recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y presentar un pedido de revocatoria in extremis de la decisión judicial.
La jugada del Presidente desató un grave conflicto institucional. Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, acusó a Fernández de alzarse contra la Constitución y de cometer el delito de sedición. Por su parte, la líder de la CC, Elisa Carrió, presentó en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia penal contra el jefe del Estado y los funcionarios que no acaten la sentencia de la Corte.En tanto, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) impulsa un pedido de juicio político contra el Presidente en el Congreso.
Reaparece Cristina
La ex Presidenta volverá a la Ciudad de Buenos Aires este lunes, para participar al día siguiente de un acto en la localidad bonaerense de Avellaneda, invitada por Jorge Ferraresi, el intendente de esa localidad que obró como ministro nacional de Alberto Ángel Fernández pero que ya volvió, resignado y desilusionado, a las playas cristinistas.
El martes, Cristina y Ferraresi encabezarán la inauguración de un polideportivo «Diego Armando Maradona», un complejo con cancha de fútbol de 11, cancha de 5 cerrada y pileta climatizada. Allí, CFK se pondrá a la cabeza de la embestida peronista contra la Corte Suprema de Justicia y volverá a fustigar al Poder Judicial por el reciente fallo en su contra por corrupción en Vialidad
Advertencia de abogados
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado titulado «las decisiones judiciales deben ser acatadas». Allí advierte que «en vez de acatar la decisión y ver de qué modo ejecutarla, el Presidente de la Nación, junto con un grupo de gobernadores provinciales» anunció que «recusará a sus miembros y deducirá un recurso para intentar modificar la sentencia».
«Como regla general, las sentencias de la Corte Suprema son inapelables, inmodificables a menos que excepcionalmente se haya incurrido en algún error material. Aquí no se invoca un error material. En su lugar se afirma que la sentencia detrae fondos de las provincias, lo cual es falso y que es un fallo ‘partidario’, retórica que se desentiende del equilibrado razonamiento empleado en la sentencia. De hecho, estamos ante una decisión que defiende el llamado federalismo de concertación de manera ejemplar. Por último, se sostiene que estaríamos ante un fallo sin precedentes, cuando basta leer la sentencia para identificar casos anteriores que la Corte ha considerado semejantes en aspectos sustanciales», agrega la entidad.
En su tramo central, el comunicado afirma: «Las decisiones judiciales de la Corte y de cualquier otro tribunal pueden ser criticadas con vehemencia, pero deben ser acatadas».
