El gobierno municipal de Bariloche evalúa hacer obras mediante una sociedad con el sector privado
Busca asociarse a capitales privados para realizar obras que puedan ser utilizadas por el municipio y la comunidad en general.
Busca asociarse a capitales privados para realizar obras que puedan ser utilizadas por el municipio y la comunidad en general.
Hay dos figuras que gustan, una de ellas es la Sociedad del Estado. Aunque gana adeptos la Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria. Mientras tanto, analizan experiencias en otras ciudades.
En la apertura de sesiones del Concejo Municipal, los primeros días de marzo, el intendente Gustavo Gennuso anunciaba, en un largo discurso y entre muchísimos temas, que este año conformaría una empresa sociedad del Estado “para favorecer proyectos públicos y privados, para que la Municipalidad pueda hacer obras importantes”.
Durante su alocución había reconocido las dificultades del municipio de Bariloche para realizar obras públicas con fondos propios, por el escaso margen que brinda el presupuesto y el alto porcentaje que los salarios representan en él.
Sin embargo, no hubo más novedades al respecto. Por eso, este diario consultó a diversos funcionarios y en esa línea dialogó con el jefe de Gabinete, Marcos Barberis, quien dijo que se está evaluando todavía de qué forma se pueden realizar obras, en sociedad con el sector privado.
La Sociedad del Estado (S.E.) es un tipo societario existente en Argentina para regular el funcionamiento de empresas públicas y hay muchos casos exitosos y otros tantos que han fracasado.
En el pasado, casi todas las empresas públicas argentinas fueron sociedades del Estado, como YPF o Gas del Estado. Sin embargo, este tipo societario sigue en uso, lo que puede verse en empresas como la Lotería Nacional, la Administración General de Puertos o la Operadora Ferroviaria. Un caso particular es el de la ex operadora del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, Subterráneos de Buenos Aires, que siguió existiendo como dueña de la red y encargada de las obras de expansión a pesar de que la prestación de servicios fue concesionada a la empresa privada Metrovías.
En Río Negro, la más reconocida es INVAP con famosos casos de éxito y comercialización, aunque tuvo sus momentos de zozobra. También existe ALTEC, que debe ser sostenida por cada gestión provincial por sus escasos márgenes de ganancia.
Barberis dijo que otra de las ideas para crear una sociedad público privada, es generar una Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), donde el municipio pondría la tierra, ya que fondos no tiene. Y cualquier empresa interesada en conformar dicho acuerdo, podría aportar el dinero para la infraestructura.
Uno de los modelos que gusta en la administración Gennuso, es la SAPEM creada por la Municipalidad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. La firma se llama Servicios Urbanos Lanús y trabaja desde hace varios años y entre otras cosas ha construido un microestadio, que si bien es privado, el municipio puede usarlo gratuitamente con acuerdo del mismo.
Esa sociedad pública privada es la que se propuso también dentro de la prórroga por la concesión del cerro Catedral, donde la Comuna otorga la tierra y la firma se encarga del desarrollo hotelero. Aunque allí se habló de un fideicomiso, la SAPEM no está descartada de lleno para su aplicación en la montaña más importante de la ciudad.
La constitución de Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria se impone como un medio de prestación de los servicios de interés público tendiente a satisfacer necesidades colectivas de carácter local, caracterizadas por la interacción de agentes públicos y privados con capacidad de innovar, de actuar estratégicamente y cooperar para enfrentar los retos de la competitividad, la escasez de recursos y fuentes de trabajo.
Se constituye como una forma de abrir la participación en las políticas públicas potenciando la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Otras experiencias
Uno de los casos menos felices, fue en el municipio de Berisso, también en Buenos Aires. Allí, no bien ingresó el proyecto de ordenanza al Concejo Municipal, fue cuestionado por el sindicato de empleados públicos, porque no se especificó para qué se utilizaría la SAPEM.
Esa postura se justificó en que los municipios que crean esta herramienta legal, la aplican al transporte público, la construcción de edificios públicos, tendido de cloacas, etc., es decir obras o servicios que el Estado municipal no presta o no está en condiciones de prestar.
En el caso de Berisso, el proyecto original no especificaba en qué situaciones o rubros podría intervenir el organismo, dejando abierta la posibilidad de que esa nueva sociedad, brindara en caso de ser necesario, algún servicio que actualmente prestan los trabajadores municipales.
En la provincia de San Luis, la SAPEM también tiene sus cuestionamientos. Allí, para el oficialismo, la Constructora San Luis SAPEM es la herramienta que explica un fenómeno de construcciones rápidas y baratas, sin los retrasos de la burocracia estatal. Para la oposición, en cambio, es la cubierta que esconde el manejo discrecional de la obra pública.
En esa provincia, esa figura jurídica fue empleada desde el 2003 por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, cuando los precios de los contratos públicos se disparaban por la inflación. Desde ese entonces, y aunque posee un 99% de capital en manos del Estado, compite con otras privadas en las licitaciones de obras públicas. Y no suele perder.
Las quejas de la oposición puntana apuntaban al modo en que opera la constructora estatal. De un lado, porque una vez ganada la licitación, contrata directamente a las mismas empresas privadas, que se encargarán del trabajo real. Del otro, porque solo debe cumplir los requisitos de una sociedad anónima a la hora de justificar gastos.
