De ingenios, despidos y detenciones
La empresa Ledesma esgrimió "cuestiones presupuestarias" para justificar los 14 despidos en su ingenio, pero desde el sindicato de los azucareros afirmaron que se trata de un "claro acto de revanchismo"
La empresa Ledesma esgrimió «cuestiones presupuestarias» para justificar los 14 despidos en su ingenio, pero desde el sindicato de los azucareros afirmaron que se trata de un «claro acto de revanchismo» contra un grupo de empleados que había participado activamente de medidas gremiales. Mientras tanto, siguen detenidos dos delegados del ingenio La Esperanza y el periodista Oscar Delgado, quienes fueron arrestados tras la brutal represión de la semana pasada a una protesta.
Como regalo de fin de año el Ingenio Ledesma anunció el despido de 14 trabajadores argumentando «razones presupuestarias», en lo que describieron como «un proceso de reducción de costos y mejora de la competitividad», aunque los delegados del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA) en la empresa de la familia Blaquier aseguran que se trata de un «claro acto de revanchismo» contra un grupo de empleados que había participado activamente de medidas gremiales.
Estos despidos se suman a los 338 que denuncian los trabajadores del Ingenio La Esperanza ante la venta del Estado a la empresa Omega Energy, hecho que la semana pasada provocó una protesta que fue duramente reprimida por el Gobierno de Gerardo Morales. El secretario general y el secretario gremial del SOEA de La Esperanza continúan detenidos en el Penal de Alto Comedero, junto al periodista Oscar Delgado.
«Nos sorprende esta acción de la empresa a la que vinculamos con un claro acto de revanchismo. Es contra aquellos que siempre han hecho paro y que están dentro de los distintos sectores de la empresa acompañando cada una de las luchas», denunció el secretario general del Soeail, Rafael Vargas, y adelantó que si la empresa no modifica su posición en la reunión convocada para mañana «se realizarán las presentaciones».
Los voceros de la empresa de los Blaquier dijeron a la agencia Télam que «los despidos no tienen relación alguna con el paro reciente» sino con «cuestiones presupuestarias» y «balances negativos» que registró la empresa en los últimos dos años. «La empresa se ve obligada a adecuar sus costos en todos los órdenes», sentenciaron.
Vargas rechazó la decisión tomada porque «se da a fin de año, en medio de las fiestas, y cuando en el 2014 logramos que 500 trabajadores dejen dos empresas tercerizadas de Ledesma para pasar a formar parte de la planta». «Acá nadie está al vicio, la gente trabaja sobrecargada», afirmó el secretario general.
Mientras tanto, el Secretario General del Sindicato Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA) del Ingenio La Esperanza, Sergio Juárez, y el Secretario Gremial, Néstor Bautista, y otro trabajador de la empresa estatal que pasará a manos del grupo Omega Energy continúan detenidos a siete días de la represión ordenada por el gobierno de Gerardo Morales para despejar la ruta 34 de la ciudad de San Pedro, donde el sindicato sostuvo un corte en reclamo del atraso de salarios y ante el inminente despido de 338 operarios. Ante las denuncias, el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles, prometió que los operarios que no sean absorbidos por la nueva firma podrán trabajar en fincas estatales.
El miércoles pasado, la Policía de Jujuy avanzó con 300 agentes disparando balas de goma y gases lacrimógenos sobre los trabajadores, provocando heridas de gravedad y deteniendo a 17 personas. Quienes permanecen bajo arresto recibieron pedido de captura por parte del juez y fueron tildados de «delinuentes» por el gobernador jujeño, quien tras la represión ofreció un mensaje de «paz».
La policía jujeña también avanzó contra los trabajadores de prensa que cubrían la movilización, entre ellos, Oscar Delgado, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA y miembro de la Organización de Derechos Humanos CAPOMA, quien permanece detenido junto a los dirigentes gremiales. La APDH y otros organismos de derechos humanos intervinieron y exigieron su excarcelación, pero el juez aún no firmó el pedido hecho por la fiscalía.
«Su detención no es más que un acto de censura, para no permitir que se difundiera por los medios lo que sucedía en la jornada represiva de la que fueran víctimas los trabajadores que resistieron el desalojo del Ingenio La Esperanza», repudió el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren).
