Insisten con la megaminería en Río Negro
A 82 kilómetros de Jacobacci, casi en la frontera con Chubut, el oasis canadiense de oro y plata se prepara para las exploraciones.
A 82 kilómetros de Jacobacci, casi en la frontera con Chubut, el oasis canadiense de oro y plata se prepara para las exploraciones. En diciembre el gobierno provincial de Río Negro aprobó mediante el Departamento Provincial de Agua (DPA) la utilización de un pozo de agua de 2,5 millones de litros para que la minera Aquiline Argentina –que pertenece a la internacional Patagonia Gold– empiece las excavaciones para confirmar la presencia de oro y plata que esperan extraer del yacimiento. Conocido como proyecto Calcatreu, el terreno está en las manos de una compañía con sede central en Canadá, que se dedica a la actividad minera en el sur argentino. La operación, concretada en 2017, costó 15 millones de dólares.
Desde hace ocho años, distintas agrupaciones ambientalistas en Río Negro se reúnen y convocan manifestaciones para reclamarle al gobierno provincial que vuelva a poner en práctica la ley Nº 3981, que prohíbe la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de extracción minera y fue derogada a fines del 2011. Con el antecedente de la derogación de la ley anticianuro en Mendoza , y los rumores de una posible modificación a la ley en Chubut , la activación de las exploraciones en Calcatreu “es la punta del iceberg de una fila de empresas que están dando vueltas por la provincia”, señala Claudia Huircan, de la Asamblea por el Agua y Territorio de Jacobacci, la ciudad más cercana al yacimiento. El pozo de agua que el organismo provincial puso a disposición de la minera contiene 2,5 millones de litros, que la empresa destinará para las excavaciones y lubricación de las perforaciones. Además, podrán bombear agua de napas subterráneas para abastecer el campamento de los trabajadores de la mina. “Hace años que la zona está en emergencia hídrica. Los pobladores rurales que viven en los alrededores de Calcatreu dependen del agua subterránea y de los arroyos, no solo para vivir sino para los animales, que son su fuente de trabajo”, explica Claudia. En la zona conocida como Línea Sur, que se extiende entre la cordillera y el mar siguiendo la ruta 23, el clima es árido, el viento fuerte y la lluvia una novedad. “No hay agua porque no llueve. En el año el promedio llega con suerte a los 200 milímetros”, relata Alejandro Yanniello, integrante de la organización ambientalista Piuké y de la Asamblea No a la mina en la ciudad de Bariloche.
El yacimiento de Calcatreu volvió a estar activo desde 2017 después de la negociación entre las empresas mineras, pero su historia en la provincia se remonta al 2005, cuando, con las excavaciones ya avanzadas, la minera tuvo que frenar el proyecto por un amparo presentado por el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Mapuches (CODECI) y aprobado por el tribunal de justicia provincial. Ese mismo año, semanas antes, el gobierno provincial había aprobado la ley “anticianuro”, que derogó en 2011. “La minería fue uno de los proyectos de Pichetto en la provincia”, señala Yanniello. “En Jacobacci inauguró, en la universidad de Río Negro, la tecnicatura en hidrocarburos, que apunta a formar trabajadores para las mineras. Después la empresa instala internet, les da camisetas a los equipos de futbol locales, alguna ambulancia al hospital, preparan el territorio para la instalación de la mina”. A fines de diciembre, las organizaciones agrupadas en la Unión de Asambleas Patagónicas, junto a comunidades mapuches de la zona, entregaron una carta a la gobernadora en reclamo por el avance del proyecto Calcatreu. “Desde hace dos años estamos pidiendo información sobre el impacto ambiental de los proyectos en la provincia, pero ni el gobierno provincial ni el nacional nos dieron respuesta”, relata Huircan, desde Jacobacci. “Durante el gobierno de Macri distintas empresas volvieron a analizar la zona”, agrega. Amarillo Grande, a 25 kilómetros de la localidad de Valcheta, es uno de los proyectos en la mira, en este caso para la explotación de uranio. “El uranio de por sí es radioactivo, si se filtra en el agua va directo a la que usa la población”, señala Yanniello. El yacimiento está a cargo de la empresa Blue Sky Uranium Corp, otra empresa canadiense que se dedica a la minería en Río Negro y Chubut.
“No es lo mismo una piedra como la ves al lado del lago, que una roca pulida con los minerales desintegrados: eso es la harina de roca, que es lo que queda abandonado en las escombreras cuando se extrae la plata y el oro”, explica Yanniello. Desde Mendoza, el investigador Marcelo Giraud, especialista en minería, comenta que no solamente las sustancias para separar el metal de la roca, como el cianuro y el ácido sulfúrico, son las que contaminan el agua, sino que “las sustancias químicas ligadas a la obtención de muestras y a la perforación del suelo son contaminantes”. Además, el uso de combustibles, lubricantes y la maquinaria “afectan el ecosistema de la estepa, lo que implica un impacto sobre la flora, la fauna y el paisaje”. En las comunidades de la zona, las familias trabajan con el ganado, en su mayoría con ovejas o cabras. «Muchos pobladores terminan cediendo las tierras por unos pesos», señala Claudia Huircan. Los vecinos de la mina, en estos últimos dos años, tuvieron conflictos con la minera: «Entran a los campos sin consultar y rompen las tierras con las máquinas pesadas que utilizan», relata.
“En una fase de exploración los riesgos están más en las sustancias que en los volúmenes de agua, pero es la base para la explotación posterior, donde sí se necesitan cantidades que van entre los 100 y 800 metros cúbicos de agua por día”, explica Giraud. En la mina Alumbrera, la más grande del país, se llegaron a utilizar 1000 metros cúbicos, lo que equivale a un millón de litros de agua diarios. “Legalmente tiene que haber una evaluación de impacto ambiental antes de hacer cualquier exploración, y debe quedar a disposición de cualquier persona”, señala el especialista. “El problema es que cada provincia interpreta las leyes como quiere”, aclara. El 31 de enero, en El Maitén, se reunirán las distintas delegaciones de la Asamblea No a la Mina, junto a organizaciones ambientalistas y comunidades mapuches de la zona, en lo que llamaron «Parlamento por el Agua».
