El Intendente de Bariloche planteó un escenario financiero «de suma gravedad»
La ordenanza de emergencia impone al intendente la obligación de presentar en forma bimestral un informe sobre la economía municipal.
En su primer informe al Concejo sobre la emergencia económica, el intendente de Bariloche reveló deudas millonarias por fondos retenidos a trabajadores que luego no fueron transferidos.
El municipio acumuló una cuantiosa deuda con el Soyem, el IPPV, la AFIP y la agencia tributaria provincial por retenciones practicadas sobre los salarios de los trabajadores que nunca fueron transferidas a los destinatarios.
El intendente Gustavo Gennuso admitió que el incumplimiento es «de suma gravedad» porque se trata de «fondos de terceros». De hecho, la municipalidad está expuesta a recibir demandas penales por la retención indebida.
El dato consta en el primer informe que la ordenanza de emergencia económica obliga al Ejecutivo a presentar en forma bimestral, y que ingresó al Concejo en la última hora del viernes con la firma de Gennuso y del jefe de gabinete, Pablo Chamatrópulos.
El escrito no precisa cuánto adeuda el municipio a los organismos recaudadores. Sólo señala que el reclamo del Soyem es por 31 millones de pesos. La gravedad del incumplimiento deriva, por ejemplo, en que numerosos empleados municipales figuren como deudores del fisco o del IPPV a pesar de que ya pagaron mediante descuento de sus salarios.
Gennuso indicó en el informe que la decisión es «depositar a partir de febrero la totalidad de las retenciones del mes de enero», para evitar que se acumule una deuda mayor. Nada dice de lo anterior.
La rendición de cuentas señala también que en el marco de la emergencia el gobierno aplicó medidas de ahorro en personal político, viáticos, horas extra y telefonía celular.
Allí sí aparecen cifras. Por sueldos de planta política el gasto se redujo entre noviembre y enero un 24,3%. El ahorro en un bimestre fue de 1.153.000 pesos. Las horas extras del personal insumieron en enero un desembolso de 969.235 pesos, cuando la constante era superar el millón, con picos como el de agosto pasado, cuando llegó a 2.014.000 pesos.
Según el Ejecutivo, en telefonía celular «se logró bajar los costos de 105.287 pesos en noviembre de 2015 a 75.113 pesos en enero pasado». Una reducción del 28,6%.
El intendente y los demás funcionarios que realizaron viajes oficiales no cobraron viáticos y sólo en un caso la municipalidad pagó pasajes a Buenos Aires.
Según el informe, la nueva gestión logró restablecer las «cuentas corrientes» con numerosas empresas proveedoras y negoció precios con algunas de ellas que significaron rebajas de hasta el 40%, sólo con «respetar los plazos de pago».
En materia recaudatoria el municipio reforzó su tarea de fiscalización, lo cual produjo en enero «ingresos aproximados de 650.000 pesos». También se efectuaron controles por tasa de Inspección, Seguridad e Higiene mal liquidada, que «generó un crédito estimado en 1.700.000 pesos entre capital e intereses».
Gennuso señaló que «el esfuerzo realizado significó una sustancial mejora respecto del punto de partida», aunque la situación actual «dista mucho de la deseable» cuando fue promovida la ordenanza de emergencia.
