Intendente de Córdoba saldrá a colocar recursos ociosos en el sistema financiero
Aduce la necesidad de preservar el dinero. Operará con entidades avaladas por la Comisión de Valores y el Banco Central. Opositores dicen que es “muy riesgoso” y piden trabajar sólo con banca pública y en plazo fijo.
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó ayer reformas al artículo 65 de la ordenanza N° 5.727, de Administración y Contabilidad, que estipula cómo se podrá realizar la colocación transitoria de recursos municipales en el sistema financiero.
Se apunta a aprovechar opciones de inversión para que el dinero no se desvalorice, particularmente en un contexto inflacionario como el actual.
El oficialismo defendió los cambios bajo la “necesidad de transparentar” y dejar plasmado en una norma las modalidades de inversión posible, aunque advirtió que la posibilidad de incursionar en esa vía ya estaba contemplada en el presupuesto aprobado para el corriente año.
El proyecto fue aprobado sólo por el bloque de la UCR, mientras que desde la oposición se alzaron críticas de distinto calibre, pero enfocadas en un mismo eje: que se abre una puerta muy riesgosa para el manejo de fondos públicos.
La redacción anterior de la norma no era para nada restrictiva, mientras que la nueva letra incluida por el Ejecutivo habilita colocaciones en todo el sistema financiero, sin hacer distinciones entre banca pública o privada, ni tampoco fija opción por alguna herramienta específica, como por ejemplo plazos fijos.
Si bien no hay forma de determinar a cuánto asciende en cada momento la masa de dinero que queda inmovilizada en caja y depreciándose, el secretario de Economía, Hugo Romero, señaló que el municipio tiene varios fondos fiduciarios que a veces se van moviendo lentamente.
“Si tengo el dinero previsto para una obra que se demora o cuya curva de inversión es lenta, no tiene sentido tener esa plata parada. Con una colocación financiera quizás compensamos posteriores redeterminaciones de precios”, justificó.
Luego aclaró que el dinero “irá a organismos que se rigen por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) y no a cuevas”.
Desde la vereda opositora, la concejala Olga Riutort (bloque Eva Duarte) alertó sobre “la falta de seguridad y transparencia para los fondos públicos” que representan inversiones en compañías financieras privadas, Obligaciones Negociables, Títulos de Deuda, fideicomisos financieros y otras modalidades similares. Y presentó –sin éxito– un proyecto alternativo junto al bloque del PJ, reclamando que las colocaciones “se realicen sólo en banca estatal y en plazo fijo”.
Otro foco de discusión se generó respecto de las garantías que ofrece la banca privada. La UCR defendió que la exigencia de operar por el Banco Central implica un respaldo concreto.
Riutort volvió a la carga con que esa garantía “alcanza solamente a un pequeño porcentaje del dinero depositado”, mientras que su par Oscar Vera Barros puso sobre el tapete la mala experiencia reciente con el giro de fondos del transporte en la financiera CBI.
Más moderado, el edil Esteban Dómina (Frente Cívico) consideró como “un avance” que la nueva norma habilite las colocaciones de fondos sólo bajo el paraguas de la CNV y las reglas del Banco Central, algo que hasta ahora no existía; pero del mismo modo, ese edil aspiraba a acotar también el menú de operaciones posibles, a lo cual el oficialismo no accedió.
Conceptualmente, Dómina acordó con el criterio del Ejecutivo de “mover” los fondos financieramente, para mantener su valor, aunque aclaró que eso “no debe hacerse a costa de incurrir en moras o diferir pagos” a proveedores.
