Intendente pampeano procesado por trata de personas

53e3fb12af0ea_565_319!El jefe comunal de 25 de Mayo, David Bravo, está envuelto en un escándalo de prostitución que ejercía en esa próspera localidad petrolera.

El fiscal federal Juan Baric solicitó la imputación del intendente David Bravo, de la localidad pampeana de 25 de Mayo, en el marco de una causa de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, la Fiscalía de La Pampa solicitó la imputación de otras 11 personas, entre ellas, dos comisarios, tres empleados municipales y un juez de faltas.

Bravo ya había sido condenado por la justicia de la provincia de La Pampa en otro caso por abuso de autoridad en el mismo delito y el Tribunal de Impugnación provincial le ratificó la sentencia el mes pasado.

En la causa que investiga el fiscal Baric, el intendente pampeano está acusado de haber permitido el funcionamiento de un cabaret denominado «Venus», a pesar de existir una ordenanza -que lleva su propia firma- que prohíbe «la habilitación de cabarets, nights clubs, y whiskerías, dentro del territorio de 25 de Mayo», ubicado en el suroeste de La Pampa, a orillas del río Colorado.

El fiscal resaltó que el local Venus «era dudoso, tenía denuncias, allanamientos, notas en diarios y todos sabían lo que allí ocurría». La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a partir de una denuncia que llegó a la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones, en la que una joven oriunda de la República Dominicana dijo que se había escapado de un cabaret de la localidad de 25 de Mayo.

La mujer relató que había sido maltratada y amenazada por los dueños del prostíbulo, también dijo que allí había otras mujeres y que una de ellas estaba embarazada.

El fiscal aseguró que la policía del lugar estaba al tanto de esa situación y que «cuando iba el jefe de la Municipalidad (de 25 de Mayo) le daban mil pesos y él firmaba».

Tras algunas averiguaciones, la fiscalía llegó al prostíbulo llamado «Venus» en el cual estaba inscripta la mujer que había realizado la denuncia y realizaron un allanamiento en el que se rescataron diez mujeres, nueve de nacionalidad dominicana y una argentina.

Cuando los investigadores le pidieron a la encargada del local nocturno la habilitación municipal, ella le entregó la licencia comercial que llevaba la firma del intendente, David Bravo, bajo el rubro de «cabaret».

El pasado 11 de julio el intendente Bravo, apeló la decisión del Tribunal de Impugnación Penal, que dejó firme su condena por el delito de abuso de poder en la habilitación del prostíbulo.

Fuente: MDZ Online