Jujuy: Un estado de derecho en suspenso
La reunión fue convocada por el Foro por la Democracia y la Libertad para reclamar por la libertad de Milagro Sala y de otros 28 presos.
La reunión fue convocada por el Foro por la Democracia y la Libertad para reclamar por la libertad de Milagro Sala y de otros 28 presos.
“Jujuy es un desquicio jurídico, sin reglas ni estado de derecho”, advirtió Alejandro Garfagnini, vocero de la Tupac Amaru, en la conferencia de prensa en la que diputados kirchneristas, referentes de organismos de derechos humanos y de movimientos sociales denunciaron la arbitrariedad de la detención de once militantes de ATE, la Tupac, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita. Los arrestos fueron ordenados el sábado por el fiscal Diego Cusell y el juez Isidoro Cruz, los mismos funcionarios judiciales que la semana pasada dispusieron la detención del ex gobernador Eduardo Fellner. Los militantes detenidos fueron acusados de “atentado contra la autoridad” a raíz de haber participado en una protesta contra el gobernador Gerardo Morales.
La conferencia de prensa en el Anexo del Congreso había sido convocada por el Foro por la Democracia y la Libertad para reclamar la libertad de Milagro Sala y otros 28 presos políticos, al cumplirse dos años y tres meses de encarcelamiento de Sala. Las nuevas detenciones impusieron una ampliación del temario.
A los arrestados les abrieron una causa judicial luego de haber participado en una manifestación frente a la Legislatura jujeña realizada el 4 de abril, durante la sesión de apertura de sesiones. La protesta fue reprimida con gases y balas de goma, y varios de los ahora detenidos resultaron heridos. “A pedido del gobernador Morales, los compañeros fueron filmados, con tareas de inteligencia ilegal”, denunció Garfagnini. El vocero de la Tupac definió a la provincia de Jujuy como “el laboratorio represivo del país” y convocó a movilizarse mañana miércoles, al mediodía, a la Casa de la provincia.
Durante el fin de semana, tras las detenciones, un grupo de abogados presentó en los tribunales jujeños un hábeas corpus correctivo con el que pidieron la liberación de los once detenidos, ya que están imputados delitos excarcelables. El juez Cruz rechazó los hábeas corpus y solamente accedió a que permanecieran en comisarías cercanas a sus domicilios. Más temprano, el magistrado había dado lugar al pedido de excarcelación del ex gobernador Fellner.
En el anexo de Diputados estuvieron diputados del FpV-PJ Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Mónica Macha, Horacio Pietragalla y Hugo Yasky, y las legisladoras porteñas Victoria Montenegro y Lorena Pokoik (UC). También el titular del Cels, Horacio Verbitsky, y Lita Boitano, de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Participaron con ellos del reclamo por la libertad de los presos políticos los recientemente liberados Luis D’Elía y Jorge Alejandro Khalil.
“Con el gobierno de (Mauricio) Macri retrocedimos más de 40 años”, dijo Boitano. Verbitsky habló sobre los pronunciamientos de los organismos internacionales por la liberación de Sala. “El Gobierno de la provincia de Jujuy no cumplió con esa obligación y creó en cambio una cárcel sui generis, ad hoc, especial, para Sala, en una propiedad que no es su domicilio y donde permanece con una guardia de Gendamería y policía de Jujuy, lo que es violatorio de la ley”.
Khalil consideró que “el Estado de derecho en Argentina se ha perdido” y sostuvo que la causa del Memorándum con Irán, por la que estuvo preso, es “una causa inventada, infundada, por el ex fiscal Alberto Nisman”.
D’Elía consideró que con la detención del ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, “se abrió un capítulo nuevo que nos permite hacer de esto una lectura continental”. “En 2012 hubo una reunión en el estado de Atlanta de líderes de la derecha latinoamericana con funcionarios de Estados Unidos, y diseñaron un plan, que yo le pongo arbitrariamente, plan Cóndor 2”, agregó. El dirigente recordó que “las persecuciones a Lula, a Cristina y la detención de Amado Boudou” contaron con “la complicidad de los medios. Primero viene la condena periodística y, después, jueces entrenados por los Estados Unidos le dan causa judicial a la difamación”.
