La CGT le pidió a Lifschitz que no adhiera a la reforma de ART
Sostiene que la norma vulnera derechos de los trabajadores. Hasta el momento no hubo iniciativa del Poder Ejecutivo en la materia.
Sostiene que la norma vulnera derechos de los trabajadores. Hasta el momento no hubo iniciativa del Poder Ejecutivo en la materia.
“Esta representación de los trabajadores solicita y exige que se aúnen los esfuerzos a los fines de que nuestra provincia, cuna de la Constitución, no adhiera a la ley 27.348 que desde el punto de vista jurídico, vulnera derechos de los trabajadores”. Así concluye la nota entregada por la CGT – Regional Santa Fe al gobernador Miguel Lifschitz con la firma de Claudio Girardi, secretario general, y Eduardo García, secretario adjunto.
En dos carillas, la nota expresa los fundamentos del rechazo a la ley en momentos en que el Poder Ejecutivo aún no tomó postura oficial sobre la materia más allá de pedidos concretos efectuados por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, y por sectores empresariales. A nivel legislativo, hay dos proyectos de adhesión propiciados por diputados macristas (Federico Angelini y Germán Mastrocola) que se encuentran en la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión que ha recibido a entidades gremiales y a profesionales del Derecho que opinaron en forma negativa sobre el proyecto.
También la Festram -la federación que nuclea a los gremios municipales y comunales de la provincia- salió a cuestionar la posible adhesión por entender que es un primer paso para la flexibilización laboral “y que será en perjuicio de las condiciones de salud laboral”.
La CGT, en la nota al gobernador, le aclara que fija la posición institucional ante la posible adhesión de la provincia a la ley 27.348 modificatorio de la ley de Riesgos de Trabajo. “La ley es contraria a los intereses de los trabajadores en general, y en particular, precisamente al de aquellos que padecen una mayor vulnerabilidad al encontrarse incapacitados con motivo de un accidente de trabajo o enfermedad laboral”, señala.
Párrafo siguiente aclara que “la ley 27.348 obstruye a los trabajadores accidentados acceder a la justicia, mediante el establecimiento de una instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente ante las comisiones médicas jurisdiccionales -que carecen de versación jurídica y no garantizan imparcialidad al ser financiadas por las ART – vulnerando las garantías constitucionales de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva”. También considera que el eventual acceso posterior a la justicia no garantiza la revisión judicial plena.
Por otro lado, la central sindical considera que el sistema creado por la ley “es quasi extorsivo, toda vez que al finalizar el extenso y tortuoso trámite administrativo, genera una alternativa excluyente entre la percepción de la reparación que se le ofrece el sistema renunciando a cualquier acción o recurso judicial o no percibir la insuficiente reparación ofrecida pero recién una vez finalizado el extenso proceso administrativo lo que en derecho estima le corresponde”.
Ya en la parte final, la CGT sostiene que la ley bajo la excusa de la existente litigiosidad “solo favorece a las ART y perjudica claramente a los trabajadores, y juntos con éstos, terminará perjudicando también a las pequeñas y medianas empresas que serán quienes finalizarán pagando las reparaciones que reclaman los trabajadores incapacitados mientras las ART seguirán su fiesta”.
Más posiciones
En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados, el socialista Miguel Solís, informó que dicha comisión continuará realizando las rondas de consultas necesarias para profundizar su análisis “en un tema tan importe y sensible para los trabajadores”. La comisión mantuvo reuniones con distintas organizaciones sindicales, empresariales, colegios de abogados con sus respectivos Institutos del Derecho Laboral
La última reunión fue con la junta ejecutiva de CTA Santa Fe que también mostró su oposición a la adhesión a la ley con el argumento de que restringe los derechos de los trabajadores. Para CTA, la reforma no contempla las principales causas de la siniestralidad laboral, y como consecuencia de ello, de la litigiosidad que “son el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los empleadores, el incumplimiento del control por parte del Estado y las ART, y la ausencia de participación de los trabajadores que son los principales interesados en que dichas normas se cumplan, y que los infortunios laborales no sucedan”.
Por su parte, la Festram entiende que la reforma no apunta a prevenir ni los accidentes o enfermedades laborales ni a brindar una mayor seguridad en el trabajo. “Se pretende combatir la litigiosidad sin atender a las causas básicas como son la elevada siniestralidad y rechazo de enfermedades profesionales por parte de las ART.; sino mediante una obstaculización inconstitucional a los trabajadores en el acceso a la justicia” sostiene.
La entidad insta al Estado santafesino a regularizar el sistema de autoseguro, incluyendo en él a sus municipios y comunas.
Dudas sobre el concurso docente para cubrir cargos directivos
La diputada Silvia Simoncini (Frente Para la Victoria-PJ) presentó un pedido de informes relacionado al concurso de ascenso dentro de la carrera docente convocado por el Ministerio de Educación para cubrir cargos directivos en todos los niveles, modalidades y especialidades en la que se presentaron más de 5.000 maestros.
La legisladora solicitó que se informe sobre las condiciones exigidas a los aspirantes para ingresar al concurso según la resolución 2225/14; el alcance de la convocatoria; número de docentes inscriptos; composición del jurado; modalidad y características de la evaluación; resultados del concurso; renuncias de integrantes del jurado evaluador; reclamos y consideraciones realizadas por los concursantes. Además, pidió que se detallen las razones por las cuales el Ministerio de Educación produjo la caducidad del concurso anterior y la situación de los docentes que habiéndolo rendido bien no pudieron acceder a los cargos concursados.
Detalló Simoncini que como resultado de dicho concurso un 70% de los participantes no habría alcanzado el puntaje mínimo exigido para su aprobación, negándosele la posibilidad de revisión o apelación del resultado del examen. “Esto generó reclamos por parte de los concursantes ante la Junta de Calificación y el Ministerio de Educación solicitando la revisión de los exámenes antes de avanzar en el proceso concursal y que no se realice ofrecimiento de los cargos vacantes hasta tanto se aclaren las dudas planteadas por los mismos” informó.
Copias
La CGT envió notas en términos similares a los expresados ante el gobernador Miguel Lifschitz, al vicegobernador y presidente del Senado, Carlos Fascendini; el titular de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, y al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini.
Las notas son idénticas y solo cambia el destinatorio, se informó desde la central sindical.
