La cláusula que se le gatilló a Vidal
El Tribunal del Trabajo 4 de La Plata le ordenó a la gobernadora actualizar cada seis meses los salarios docentes, según la inflación del Indec.
El Tribunal del Trabajo 4 de La Plata le ordenó a la gobernadora actualizar cada seis meses los salarios docentes, según la inflación del Indec. Para los jueces, la cláusula gatillo “permite un relativo resguardo del poder adquisitivo de los sueldos”.
La Justicia le ordenó a la gobernadora María Eugenia Vidal que, mientras no llegue a un acuerdo paritario con los docentes, deberá reactualizarles sus sueldos aplicando la cláusula gatillo que rigió en 2017, es decir adecuándolos cada seis meses según los índices de precios al consumidor del Indec. La medida fue dispuesta por el Tribunal del Trabajo 4 de La Plata, que hizo lugar a una acción sindical presentada por el Frente de Unidad Docente. Los sindicatos recibieron como una buena señal este amparo, que pone un límite a la arbitrariedad del Estado en la dilación de las negociaciones, aunque aclararon que no quieren un aumento por orden judicial ni por decreto, sino mediante la realización de la paritaria.
“La provincia no nos convoca a retomar el diálogo. Llevamos 50 días esperando desde la última reunión”, señaló a PáginaI12 Roberto Baradel. Así las cosas, el titular del Suteba agregó que el fallo “es positivo, porque nos da la razón en el reclamo por salarios dignos” contra la intención oficial de desgastar las negociaciones volviéndolas un chicle.
Los jueces Rodolfo Francisco Martiarena, Soledad Moreyra y Adela Di Stéfano señalaron en un fallo por unanimidad que la cláusula de adecuación semestral automática de acuerdo al índice de precios al consumidor que se firmó entre la gobernación y los gremios en 2017 “tiene una posible y debida vocación de ultraactividad”. El concepto de ultraactividad dota a un acuerdo o alguna de sus cláusulas de vigencia aún vencido su plazo original y hasta tanto sea firmado un nuevo convenio. En este caso, el tribunal señaló que la cláusula gatillo “no es más que una relativa garantía de que los sueldos docentes no pierdan valor real”.
La cláusula de 2017 dispuso que la readecuación de los sueldos sería semestral. De esta manera, en julio próximo, si los salarios docentes quedaron por debajo de la inflación medida por el IPC del Indec, deberán tener la compensación correspondiente.
El caso se inició con una denuncia del Frente de Unidad Docente contra la gobernadora Vidal. Los gremios acusaron a la provincia de Buenos Aires de práctica desleal, considerando que negocia de mala fe. Prueba de esto, adujeron, es el hecho de haber llamado a seis reuniones que se extendieron en el tiempo, presentando siempre básicamente la misma oferta de un 15 por ciento de aumento:
Inicialmente propuso un incremento del 15 por ciento escalonado en cuotas del 5 por ciento, a pagar de enero a septiembre.
En la segunda oferta mantuvo el 15 por ciento y agregó un adicional por presentismo. Lejos de considerarlo una mejora, el presentismo es rechazado por los gremios, que se oponen a negociar salud por salarios.
El último ofrecimiento reiteró el anterior, más el compromiso de una revisión en octubre de 2018. Esto fue rechazado porque a diferencia de la cláusula gatillo, que es de aplicación automática, la fórmula de la revisión no es de cumplimiento obligatorio.
Por otra parte, el frente sindical denunció que la gobernación les niega los datos oficiales sobre ausentismo, impidiendo de esta manera abrir un tratamiento serio del problema, que utiliza mientras tanto de manera marketinera.
“Lo que nosotros pedimos fue la ultraactividad de todo el acuerdo paritario de 2017, el 21,5 de aumento más la cláusula gatillo, dado que entendemos que la provincia no quiere negociar sino sólo vaciar de sentido a la paritaria”, explicó Graciela Pauloni, abogada del Suteba. “En este contexto, los jueces sólo hicieron lugar al pedido de ultraactividad de la cláusula gatillo”.
El tribunal entendió que, dado que se realizaron reuniones en las que fueron presentadas ofertas, la mala fe negocial de la provincia no está probada. En este marco, también rechazaron la aplicación a los sueldos actuales del 21,5 de aumento acordado para 2017. “La aplicación de ultraactividad no puede forzarse hasta el absurdo”, sostuvo el tribunal. “El porcentaje previsto para un año determinado puede ser razonable y equitativo para un nuevo período, pero según el caso también podría ser absurdamente miserable o absurdamente excesivo”, razonaron los jueces. En cambio, la aplicación de la cláusula gatillo de acuerdo a la inflación medida por el Indec es perfectamente aplicable. “Se trata de una pauta de absoluta razonabilidad, en cuanto permite un relativo resguardo del poder adquisitivo de los sueldos, en función de una referencia fijada por el Estado nacional”
Los jueces dejaron escrito, por otra parte, que la gobernación está en falta con respecto a la entrega de información sobre el ausentismo docente.
¿Qué consecuencias puede tener este fallo para otros trabajadores estatales? Los laboralistas consultados por PáginaI12 no tienen dudas de que el amparo sindical es novedoso para la administración pública. Hasta ahora, sólo se conocían casos de aplicación de la ultraactividad en cláusulas de convenios del sector privado.
En parte, porque las negociaciones colectivas estuvieron limitadas durante muchos años sólo a los trabajadores del ámbito privado. Los estatales –y en especial los docentes– históricamente identificados como funcionarios públicos, en una mirada que negó su condición de trabajadores, obtuvieron tardíamente su derecho a las negociaciones colectivas. A las maestras, el discurso les hablaba de “servicio” y “vocación”, no de trabajo.
Los docentes tuvieron paritarias recién a partir de 2006. Los años del kirchnerismo, aún con conflictos y algunas paritarias docentes cerradas por decreto, fueron años en los que los sueldos le ganaron o empataron a la inflación. En 2016 –tras la asunción de Mauricio Macri– Cambiemos aceptó por primera y última vez hacer la paritaria nacional. Luego encaró un proceso de vaciamiento de las negociaciones colectivas, que tiene a los docentes como blanco y principal oposición.
En la Provincia de Buenos Aires hay otros sectores de la administración pública con paritarias irresueltas, como los trabajadores de la salud y los judiciales. En un fallo que va en la misma dirección del conocido ayer, a fines de mayo un juzgado del Trabajo de La Plata ya había ordenado a la gobernación que convoque a la Asociación Judicial Bonaerense a negociar salarios.
El abogado laboralista Guillermo Gianibelli sostuvo que el antecedente es favorable para los estatales bonaerenses que no han podido acordar salarios. “No se aplica para los gremios que hayan firmado aumentos para 2018. Pero los que no, podrían reclamar que ante la negativa a acordar por parte de los funcionarios” se aplique la cláusula gatillo del año anterior y que “los salarios se sigan aumentando con el índice del costo de la vida”.
El fallo del Tribunal del Trabajo 4 puede ser apelado –el gobierno provincial tiene diez días para hacerlo– y luego pasar a la Suprema Corte bonaerense. Con todo, marca un límite, de mayor valor en la medida en que suma una voz judicial a los argumentos ampliamente difundidos por los sindicatos y la oposición política. El vaciamiento que Cambiemos busca imponer a las paritarias estatales no está hecho de una sola medida: los pedidos de quite de la personerías a gremios, los descuentos de los días de paro, el pago de premios a los que no adhieren a las huelgas y las campañas sucias contra los dirigentes que no firman acuerdos a la baja son presiones bien ostensibles. No sucede lo mismo con el desgaste y la apuesta a dilatar los tiempos, que sin embargo forman parte del mismo movimiento.
